Mario Ruiz Castillo
Todos somos iguales y a todos nos confiere la Constitución Política del país la igualdad ante la ley. Desde que este principio fue aceptado en el Derecho Positivo, mucho se invoca; así cuando cometemos transgresiones apelamos el principio de igualdad, lo mismo ante un empleo e incluso pretendemos llevarlo al plano sentimental y exigimos estima o amor.
Igualdad ante la Ley no significa en modo alguno que todos los ciudadanos de un país ganen lo mismo; que todos podamos estudiar Medicina o Ingeniería, Derecho o Física, la igualdad radica precisamente en proporcionar las mismas condiciones de acceso a esos estudios, pero dependerá del estudio, facultades y dedicación el coronar o no una carrera universitaria. Incluso el mismo acceso a la Universidad debería ser condicionado al estudiante sin distinciones económicas.
Las penas de los delitos están determinadas según la gravedad del mismo, no pudiendo ser iguales aquella que se impone al que hurta una gallina, a la de aquel que asesina a sangre fría, como podemos observar las penas son desiguales, para garantizar la igualdad.
Un médico es igual a un alfarero, en cuanto a derechos y deberes como ser humano; pero ambos tienen distintas funciones y es raro que ambos dominen el oficio o profesión del otro; por ello según la materia a tratar uno sería diferente al otro en distintas actividades y no podrían tener los mismos derechos cuando ejerzan ese oficio o profesión.
Las legislaciones norman y estipulan requisitos para los cargos de elección (ciudadanía, edad, profesión, residencia, idioma, etc.), sin que ello implique en manera alguna que existe una desigualdad, argumentando que todos tenemos derechos a esos cargos, si tomásemos literalmente el término, no habría ni siquiera requisitos en los empleos, ya que si todos somos iguales, todos podemos y tenemos derecho a optar a cualquier cargo sin restricción alguna. En algunos países los privilegios y el ejercicio mismo de los oficios y las profesiones se van concediendo a medida que la persona va adquiriendo experiencia, brindando así mayores derechos a un médico o abogado con veinte años de práctica que a uno recién graduado, y todo eso se hace para garantizar el correcto ejercicio de los oficios y las profesiones, y por supuesto la seguridad ciudadana.
No podemos argumentar que en una ley de gracia, se conceda una amnistía o un indulto a todos los que comentan delitos sin importar su gravedad, so pena de violar el principio de igualdad ante la Ley. Toda Ley tiene sus requisitos y modos de cumplimiento y es perfectamente lícito y moral, que por ejemplo una ley de gracia, no incluya entre los favorecidos a los violadores, asesinos y narcotraficantes. Precisamente con esa exclusión es que se consolida el principio de igualdad, porque al poner a un asesino en el mimo plano que un ratero, se cometería la peor de las desigualdades y allí sí violaríamos el principio de igualdad ante la Ley.
* El autor es abogado.
