En una muy breve resolución, el Consejo Supremo Electoral (CSE) negó antes de ayer la personería jurídica al Movimiento de Unidad Nacional (MUN) que lidera el general retirado Joaquín Cuadra Lacayo. La parte conducente de la resolución dice tan sólo lo siguiente: “Téngase por desestimada la solicitud de obtención de personalidad jurídica presentada por el señor Silvio Vargas Guzmán, en su carácter de representante legal de la agrupación política denominada Unidad Nacional”. Nada más. No hay explicación ni justificación de ninguna especie.
Lo que queda claro con dicha resolución es la voluntad excluyente del pacto libero-sandinista. Ni el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), ni el Frente Sandinista quieren contrincantes. Para eso, entre otras cosas, se hizo el pacto, y la “desestimación” del MUN demuestra que el arreglo entre el PLC y el FSLN sigue vivo y funcionando.
La resolución del Consejo Supremo Electoral beneficia al Frente Sandinista, puesto que si el MUN hubiese llegado a ser partido, a quien pudiera haberle quitado votos hubiera sido al FSLN, por la sencilla razón de ser liderado por un ex miembro del Frente Sandinista. Pero bien, se preguntará alguno, ¿y qué ganancia obtuvo el liberalismo de la negativa a la solicitud de personería jurídica al MUN? Ninguna. Pero a cambio de esa medida que favorece al FSLN, este partido ha maniobrado para que la Contraloría General de la República encuentre presunción de responsabilidad penal en contra del señor Pedro Solórzano en el caso Solectra. Con el cargo de presunción penal, Solórzano queda automáticamente inhibido para poder presentarse como candidato a la Presidencia de la República o para aspirar a cualquier otro cargo de elección popular. La inhibición de Solórzano favorece al PLC y compensa el beneficio obtenido por el FSLN con la descalificación del MUN. Es la lógica pactista: yo te doy y vos me das.
Pero, en la realidad, el mayor perdedor de las recientes resoluciones del CSE y de la Contraloría colegiada es el PLC mismo, ya que alejan aún más las posibilidades de una alianza entre liberales y conservadores, algo que, a todas luces, tiende a favorecer al Frente Sandinista en las elecciones de noviembre de este año.
Ayer por la mañana, en el programa Primera Hora que se transmite en el Canal 2, se le pidió al Licenciado Eduardo Montealegre, precandidato a la Presidencia por el PLC, que opinara acerca de la resolución del CSE respecto al MUN. El Licenciado Montealegre fue muy claro al decir que lo peor que le puede suceder a Nicaragua es el cierre de los espacios de participación política. Tiene toda la razón. Y eso es precisamente lo que liberales y sandinistas hicieron en el momento mismo en el que se pusieron de acuerdo para elaborar la Ley Electoral excluyente que rige en la actualidad. Ambos grupos políticos se han puesto de acuerdo para restringir la libertad de participación. Y cuando los espacios se cierran y la libertad se restringe, se crea el caldo de cultivo apropiado para las manifestaciones violentas, algo que, obviamente, la sociedad nicaragüense no quiere y rechaza.
Pero con las actuaciones del CSE y de la Contraloría colegiada, queda en evidencia también —una vez más— la desnaturalización que han sufrido las instituciones del Estado como consecuencia del pacto libero-sandinista. Cuando las instituciones son integradas por personas cuyo compromiso primario es con el partido político que las nombró, pierden su razón de ser y se convierten en un simple instrumento de la voluntad de quienes detentan el poder político; en este caso, de la voluntad de los dos caudillos pactistas, Arnoldo Alemán y Daniel Ortega.
Es penosa la situación política de nuestro país. Los avances democráticos logrados con las reformas constitucionales de 1995 fueron revertidos por el pacto entre sandinistas y liberales que quedó formalizado el año pasado con las contra reformas constitucionales. Las reformas del 95, que estuvieron lejos de ser perfectas, sirvieron, sin embargo, para abrir espacios. Las contrareformas libero-sandinistas, en cambio, han servido para cerrar los espacios y para satisfacer intereses partidarios y personales. La Ley Electoral, que se ha convertido en el principal instrumento de exclusión, debe ser reformada cuanto antes.
