Desde 1990, cuando el FSLN perdió las elecciones y entregó el poder a la Presidenta Violeta Barrios de Chamorro, el nombre de Nicaragua desapareció de la lista de países donde se viola la libertad de expresión y de prensa. Inclusive, el ex Presidente sandinista Daniel Ortega antes de entregar el gobierno derogó las disposiciones legales contra la libertad de expresión y de prensa, que eran llamadas por los periodistas “código rojinegro”, para asociarlas con el “código negro” de la época somocista.
A partir de 1990, pues, en Nicaragua se hizo realidad el principio de que “la mejor ley de prensa es la que no existe”, una divisa que forma parte del ideario de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y que el Diario LA PRENSA siempre ha sustentado y sigue sustentando.
Lamentablemente, a partir de que asumió el poder (en enero de 1997) el Presidente Arnoldo Alemán Lacayo impuso una relación agresiva hacia los periodistas de los medios independientes. Desde entonces la prensa libre de Nicaragua ha tenido problemas con el Gobierno y el país volvió a ser mencionado negativamente en los reportes internacionales sobre la situación de la libertad de prensa. Sólo que -justo es señalarlo- hasta ahora han sido problemas aislados, no una política institucionalizada del Gobierno contra la libertad de prensa y el periodismo independiente, como lo fue sin dudas de ninguna clase en tiempos de las dictaduras somocista y sandinista.
La imagen del Gobierno de Nicaragua en relación con la libertad de prensa empeoró a fines del año pasado, cuando la Asamblea Nacional aprobó una ley de colegiación de periodistas, mediante la cual se pretende que para ejercer el periodismo se debe tener un título universitario, ser reconocido por el Gobierno y acreditado por el colegio. Lo cual motivó que la organización internacional Reporteros Sin fronteras (RSF), incluyera en su página web (www.rsf.fr) que se lee en todo el mundo en idiomas francés, inglés y español, una carta que dicha organización envió al Presidente Arnoldo Alemán protestando por la aprobación de la ley de colegiación y pidiéndole que “respete los compromisos internacionales de Nicaragua, vetando esta ley”.
En la página web de Reporteros Sin Fronteras hay una sección titulada “Predadores de la libertad”, en la que se menciona a los gobernantes que violan la libertad de prensa y reprimen al periodismo independiente. En esa siniestra galería de “predadores de la libertad” están los dictadores Mohamad al Omar Ajunzadah, de Afganistán; Eduardo dos Santos, de Angola; Fahd al-Aoud, de Arabia Saudita; Alexander Lukachenko, de Bielorusia; Jiang Zemin, de China comunista; Kim Jong-il, de Corea del Norte; Fidel Castro Ruz, de Cuba; Males Zenawi, de Etiopía; Alí Jamenei, de Irán; Muamar Kadaffi, de Libia; Islan Karinov, de Uzbekistán; Laurent Desiré Kabila, del Congo; Bachar el Asad, de Siria; Zine el Abidere, de Túnez; Saparawat Wijazov, de Turkmenistán; Le Khapieu, de Vietnam; así como los comandantes guerrilleros y paramilitares de Colombia: Carlos Castaño, Manuel Marulanda y Nicolás Rodríguez Bautista.
En esa galería de “predadores de la libertad” no se incluye a gobernantes de Nicaragua desde el cambio democrático de gobierno de 1990. Y ojalá que nunca más tengan que ser incluidos, pues eso sería un terrible retroceso para el país y un motivo de vergüenza nacional.
Tanto la SIP como Periodistas Sin Fronteras han pedido al Presidente Arnoldo Alemán que vete la ley de colegiación de periodistas, porque atenta contra la libertad de expresión y contradice el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 13 de la Convención Americana (Pacto de San José) de Derechos Humanos. Por su parte LA PRENSA también ha hecho, editorialmente, la misma petición al mandatario nicaragüense.
El Dr. Arnoldo Alemán, que es apenas el segundo presidente libremente elegido por el pueblo nicaragüense desde que desaparecieron las dictaduras somocista y sandinista, debe volver por los fueros libertarios del sistema democrático de gobierno y vetar la malhadada ley de colegiación de los periodistas, que además de violatoria de la libertad de prensa tiene también flagrantes roces constitucionales.
