Rodolfo Sánchez
La justicia es una sola, teniendo dos ramas, la una legal y la otra social. De la segunda nos hemos ocupado mucho desde hace años y de la primera lo hacemos hasta ahora, y lo hacemos porque consideramos un deber social, opinar sobre el gran atraso que estamos en Justicia Legal.
En el presente despertar ciudadano por la democratización del país y de sus prácticas públicas, hay una inquietud en torno a la acción de los órganos de la seguridad y la impartición de justicia. La preocupación democratizadora no se restringe a la política y las elecciones. Justicia y legalidad, u orden legal, son indivisibles, pero también son inseparables de la libertad y la democracia. Aquellas no pueden existir sin las segundas y a la inversa. No se concibe un país de libertades y democracia sin que tanto en la teoría como en los hechos no se plasme la obediencia a la ley por la justicia.
No se trata sino de enunciados, lo que hemos dicho, pero todas y cada una de estas áreas de la actividad humana supone una amplia, digamos que inacabable gama de acciones, teorías e instituciones. Asimismo, obstáculos, defectos, errores y desviaciones que corregir o superar y contra las cuales la sociedad lucha.
La impartición de justicia es sin embargo, uno de los más graves atrasos que sufre el país. Todo mundo sin excepción, tiembla ante el sólo hecho de pensar en caer en desafortunado momento en los intrincados mecanismos y solicitaciones de los órganos encargados de hacer justicia, aplicar la ley, todo mundo sabe que, en mayor o menor medida, los órganos y personas del orden llamado legal se prestan a componendas y a la corrupción, con las eternas y nobles excepciones que confirman la regla de las negativas.
Los principales causantes de la destrucción del tejido social, debían de buscarse entre las altas autoridades, en la alta jerarquía. ¿Qué cuerpo social se sostiene sanamente, si los encargados de velar por su seguridad e integridad están dedicados a agredir a los miembros de la comunidad? ¿Cuál confianza pública hacia un gobierno es posible si el delito o la violación de la ley gozan de una amplísima impunidad?.
La lucha por la justicia no es un acto privado de los órganos judiciales ni exclusivo de los juristas o los abogados, sino un deber de toda la sociedad. Sería fácil decir, sin embargo, que la justicia es algo tan importante como para dejarla en manos de los abogados, pero son éstos quienes deben, en primer lugar, luchar por poner las cosas en orden en su terreno profesional. Y, la sociedad toda, desde el Gobierno hasta las personas, ocuparse de este grave asunto, uno de los más profundos atrasos de Nicaragua en víspera de entrar al siglo XXI y Tercer Milenio.
Le corresponde a la Corte Suprema de Justicia, iniciar el nuevo siglo y nuevo milenio, de inmediato y sin más demora pronunciarse en el caso del Dr. José Antonio Alvarado, en el sentido que su tramitación de recuperación de su nacionalidad está en completo orden a como en efecto está y por consiguiente no tiene ningún inconveniente legal para postularse como candidato a la Presidencia de la República.
* El autor es ciudadano de Santa Teresa.
