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Según CEPAL, la conducción de la política fiscal debería seguir cinco principios básicos: transparencia en la fijación de objetivos y en la publicación de las cuentas públicas; estabilidad y responsabilidad en el manejo de las finanzas públicas; ecuanimidad intra e intergeneracional; y eficiencia en la gestión de los recursos públicos. Lamentablemente estos principios rara vez son considerados por la autoridad fiscal.
El populismo económico experimentado en la década de los ochenta y el actual crecimiento desproporcionado del déficit fiscal nos motivan a proponer un Pacto Fiscal, que tenga por objetivos disminuir la discrecionalidad del gobierno en el manejo de la política fiscal y establecer los criterios básicos de la conducción macroeconómica.
El Estado al dar señales claras, que en la dirección de la economía respetará las reglas del mercado y que no será un agente creador de distorsiones, reduce el riesgo país, estimulando la inversión y fomentando el desarrollo económico.
Este Pacto Fiscal debe generar los mecanismos legales que impidan, de la mejor manera posible, el mal accionar del gobierno en materia económica, creando límites para el endeudamiento del Estado y criterios para fijar déficit fiscal. El gobierno no puede seguir apostando a la buena voluntad de la comunidad internacional y pretender que continuamente nos seguirán condonando la deuda. Ya es hora que tomemos conciencia del estado de nuestra economía y rompamos el círculo perverso de la dependencia en la ayuda externa.
Para esto, el Estado en la conducción de la política fiscal debe incorporar criterios de evaluación de la eficiencia y calidad del gasto público. Ello significa, básicamente, que ante la restricción de recursos que enfrenta el gobierno, uno de sus objetivos centrales debe ser lograr una mayor productividad del gasto público; es decir, que una mayor cantidad de bienes y servicios demandados socialmente puedan ser otorgados a la población sin que ello signifique un aumento en los niveles de gasto, al menos no mayores que la tasa de crecimiento de la economía o del aumento de los ingresos ordinarios del gobierno.
El gasto público y el endeudamiento estatal deben regirse por claros criterios de sostenibilidad a largo plazo, evitando cargas tributarias crecientes y niveles excesivos de deuda pública. Adicionalmente, el Estado debe tomar conciencia del papel distributivo de sus políticas y de los efectos que sus decisiones financieras tienen sobre las futuras generaciones; pues no sería justo que las generaciones por venir pagasen los costos de una política que sólo le reporta beneficios a la generación actual.
Para el buen desarrollo del Pacto Fiscal el Estado debe asegurar la transparencia de la información, que posibilite el escrutinio público de los planes económicos y tributarios, y facilite la generación de consensos sociales sobre la conducción de la economía.
* Abogado UNICA, actualmente estudia la Maestría en Gestión y Políticas Públicas de la Universidad de Chile.