Juan Cano Sarria
He leído con suma atención el artículo de
don Carlos Ball, titulado “Indice de libertad económica”, aparecido en LA PRENSA del 3 de noviembre, pero, aunque coincido en lo esencial con lo comentado por dicho señor, difiero en otros puntos de sus comentarios, como respetuosamente expongo a continuación.
De entrada, permítaseme la expresión, considero que las economías de mercado están viviendo una especie de “embriaguez liberal”, generada, entre otros factores, por la desaparición de las “economías de los países del Este”; sin embargo, en el caso de Nicaragua, por las especiales circunstancias que concurren en el país, los sectores más deprimidos y desprotegidos ya empiezan a resentirse y a sufrir las consecuencias del paro, la emigración, la delincuencia, etc., ya que su capacidad productiva -contrariamente a lo que ocurre en los países ricos- tiene lugar en régimen de libre pero indisciplinada competencia. Por contra, en los Estados Unidos, al igual que en algunos países asiáticos boyantes y en la Unión Europea, tanto las posiciones de dominio adoptadas en el mercado por determinadas empresas (monopolios, oligopolios, etc.), así como las subvenciones estatales que alteran o distorsionan la libre competencia en sectores económicos, están prohibidas por sus respectivas legislaciones. Luego, no todo es libertad económica.
Por otra parte, las grandes empresas inversoras procedentes de países ricos (llamadas multinacionales o transnacionales, precisamente por operar más allá de sus fronteras y en varios territorios a la vez), ya tienen bien aprendida la lección; y tanto es así que, a la materia prima y la mano de obra es mucho más barata, a fin de obtener los máximos beneficios, al tiempo que escapan no sólo a su propia legislación, sino también a la presión fiscal de sus países de origen, en los que el alto nivel de vida exige una mayor recaudación de impuestos para el mantenimiento de unos servicios públicos de primera calidad.
Desde luego, la experiencia ha demostrado que los países herméticos y autárquicos -que viven de espaldas a la inversión extranjera- tarde o temprano terminan sufriendo las consecuencias de la falta de dinamismo y crecimiento sostenido de sus economías, pero no menos cierto es que tampoco resulta conveniente dar rienda suelta al liberalismo puro y duro (basado en “dejar hacer, dejar pasar, porque el mundo va por sí mismo”), no sólo para evitar que sectores económicos estratégicos caigan totalmente en manos del capital extranjero, sino por la falta de una preparación y capacitación de cuadros de mandos y ejecutivos cualificados dentro de la empresa nicaragüense, que sólo puede lograrse si se promueva su coparticipación -al lado del capital foráneo- en los distintos sectores de la economía nacional.
No cabe duda que, después de tantos años de férreo control sandinista sobre la economía, las fuerzas productivas nicaragüenses vienen aprendiendo a competir y coexistir en régimen de libre mercado, pero la economía sumergida (el llamado “mercado negro o economía informal”) siempre ha agredido implacablemente a los más débiles y ha convertido la mano de obra (fuerza productiva) en una mercancía más, susceptible por ello de ser explotada bajo el lema de que todo vale con tal de procurar el enriquecimiento de los que ostentan los medios de producción. Sin embargo, no hay que alarmarse, porque esto también ocurre en los países más ricos y civilizados, con la salvedad de que allí el crecimiento desequilibrado y el enriquecimiento desigual se corrige mejor a través de impuestos o garantías mínimas frente al despido -libre o regulado- por parte del empresario.
Es justo reconocer, asimismo, que, gracias a la libertad de empresa y de mercado, la iniciativa privada se ha mostrado cada vez más eficaz para generar riqueza y evitar el despilfarro propio del sector público, hasta el punto de que ya no es infrecuente ver que en determinados servicios públicos (en sectores como la sanidad, construcción de viviendas sociales, etc.) los gobiernos -precisamente para dinamizar su actividad productiva- han empezado a operar por medio de sociedades anónimas y de responsabilidad limitada que tienen por objeto social fines de interés general (es el caso, por ejemplo, de las empresas municipales creadas por ayuntamientos españoles con capital público, para atender necesidades propias de los vecinos de un barrio).
* El autor es abogado.