Freddy Potoy
La semana pasada hubo en Nicaragua un interesante encuentro regional centroamericano de fiscales, agentes de la Drug Enforcement Agency (DEA) y oficiales de Policía, en el que se discutieron lo que se está haciendo en el área para enfrentar al crimen organizado.
Salieron valoraciones positivas del combate al narcotráfico y otros tipos de delitos, no obstante, la principal inquietud de los asistentes fue que de nada sirve que se capturen y procesen a los narcotraficantes, si luego obtienen su libertad de cualquier forma y no pasa nada.
¿Qué significa esto? Que mientras la justicia en Nicaragua y el resto de Centroamérica sea frágil, los narcos estarán siempre en el paraíso regional porque sus patrimonios no son perjudicados en nada.
A los gobernantes de Centroamérica les importa poco el asunto, puesto que no invierten en la seguridad de la nación para golpear a los criminales que producen, trasladan y distribuyen droga para matar a miles de jóvenes en el mundo.
En Nicaragua, por ejemplo, no hay una legislación que ordene que a los implicados en narcotráfico se les quiten sus bienes, todos, absolutamente todos, que son productos de sus actos criminales en contra de la sociedad.
Pero soñando que un día pueda aprobarse algo parecido o próximo a esta pretensión, me imagino otro conflicto: ¿La justicia será tan firme para aplicar con transparencia esta medida?
Conociendo el sistema judicial de Nicaragua, estoy seguro que a varios jueces les temblaría la mano para condenar a uno o varios narcotraficantes a determinada cantidad de años de cárcel y quitarle todos sus bienes adquiridos y que los mismos pasen a manos del Estado.
En este país los criminales de la droga todavía no han sido afectados en sus patrimonios y la justicia los trata con manos de seda, pues desde la cárcel administran sus negocios. Entonces de qué sirve invertir millones de córdobas o dólares en Casas de Justicia, capacitación y otras cosas que necesita el Poder Judicial, si por otro lado hay un serio problema en la lucha contra el crimen organizado en materia de aplicación de la ley.
En Nicaragua las instituciones del Estado y organizaciones de la sociedad civil deben prestar mucha atención siempre al narcotráfico, al lavado de dinero, al tráfico internacional de vehículos robados, los delitos electrónicos, etc. Los gobernantes tienen que prestar atención a este tema, pues el desarrollo de un país está sustentado en la seguridad jurídica y ciudadana de sus habitantes.
En este sentido no hay que desmayar esfuerzos, pues lo peor sería permitir que estos criminales carcoman como el cáncer a todas las instituciones del Estado y a sus funcionarios.
El Estado nicaragüense debe ser enérgico contra el crimen organizado, apoyar con más presupuesto a la Policía, diseñar y ejecutar estrategias de lucha contra el narcotráfico y lavado de dinero. Los diputados deben instruirse más y dejar de ser mezquinos para aprobar leyes fuertes y proteger a la nación de este mal.
