Marco A. Valle
La cantidad de víctimas del delito está creciendo en América Latina, al igual que la probabilidad que un apreciable porcentaje de ellas pierda o esté cerca de perder la vida, o sufra consecuencias que dañe profundamente su integridad física, psíquica, económica, social o, moral.
Simultáneamente, la sociedad –históricamente– le ha puesto poca atención a la promoción, respeto y protección de los derechos de las víctimas, al extremo que muchas son revictimizadas durante el proceso de justicia penal. Es decir, se les continúa violando sus derechos humanos después de haberlo experimentado a manos del delincuente.
En el caso de Nicaragua, las víctimas crecieron un 5.2% del primer semestre de 1999 al del 2000, o lo que es lo mismo, el total de víctimas registradas aumentó de 35,537 a 37,392. Ahora bien, el número real es mucho mayor, ya que la experiencia internacional dice que, como promedio, de cada tres delitos sólo uno se denuncia.
Con relación a los tipos de transgresiones tenemos, que las víctimas de delitos contra las personas crecieron un 9%, en tanto las de delitos contra la propiedad lo hicieron al 2%. Asimismo, las víctimas de robos con violencia, robo con intimidación y lesiones aumentaron un 18%, 14% y 11%, expresando una tendencia que no se debe descuidar, ya que son delitos cuya peligrosidad respecto a la vida e integridad de las personas es alta. La violencia intrafamiliar que está cobrando muchas víctimas en estos meses, las agresiones de pandillas, lo mismo que los robos a la ciudadanía en que se expone su vida, así como los asaltos a instituciones bancarias, comerciales, y gubernamentales que se están incrementado, son ejemplos de esos tipos de delito.
Por otro lado, el interés social por los derechos y necesidades de las víctimas ha tenido sus altibajos a lo largo de la historia. Hasta antes del siglo XVIII se mantuvo la venganza privada, donde se permitía a la víctima o sus familiares castigar al presunto delincuente; posteriormente el Estado empieza a monopolizar la reacción penal, en un proceso en que el papel de las víctimas se va difuminando hasta prácticamente desaparecer. Y lo hace a tal grado que la opinión pública lo que normalmente exige es la reacción jurídico penal, pero de la víctima casi nadie se acuerda, o tal vez sí, el día del entierro.
La conmoción universal ejercida por la Segunda Guerra Mundial, el auge de los movimientos sociales de los años sesenta y, el asesinato de Kitty Genovese en Estados Unidos, que fue atacada por un delincuente que tardó media hora para asesinarla en la puerta de su casa y nadie la auxilió, fueron campanadas que despertaron el interés por los derechos de las víctimas.
Mas todavía hoy el panorama es gris. Falta mucho trecho que recorrer. Los casos están allí, a la vista de la sociedad. Sólo recordemos algunos de ellos como, los muertos por tomar guaro adulterado en El Salvador; la gente fallecida en Argentina por ingerir medicamentos falsos; los estragos humanos de un dique que se rompió en China por mala construcción; los daños económicos que causan a los cibernautas los mercaderes de virus; la señora que fue asesinada –en presencia de sus hijos– por su marido hace poco, y el guarda de seguridad que murió en un asalto a un banco en Managua. Igualmente, no se quedan atrás las víctimas de accidentes de tránsito, los niños y niñas que son victimizados al interior de su hogar y, las de la corrupción y la narcoactividad.
Frente a ese cuadro general, creemos que es necesario incorporar los derechos de las víctimas en la agenda del desarrollo humano y la lucha contra la pobreza. Sin ellos estaría incompleta. Además, la próxima víctima podría ser usted o un familiar cercano.
*Consultor en Seguridad Ciudadana
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