El veto presidencial a la ley que pretende dar a la Contraloría medios legales más efectivos para luchar contra la corrupción gubernamental, aunque no sorprendió a nadie es lamentable, por decir lo menos.
Tal como informó LA PRENSA el sábado pasado, el Presidente Alemán vetó parcialmente la Ley de Reformas y Adiciones a la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, que fue recientemente aprobada por la Asamblea Nacional, por consenso no sólo entre las bancadas parlamentarias sino también con la Contraloría y con la misma Presidencia de la República.
El veto del Presidente Alemán es parcial, pero es igual que si fuera total porque pretende anular la esencia de la reforma que –repetimos- consiste en otorgar a la Contraloría mecanismos legales para combatir más efectivamente la corrupción gubernamental, para que ese organismo deje de ser un ente decorativo, o conflictivo, como cuando algunos contralores (Guillermo Potoy y Agustín Jarquín) se atrevieron a pesar de las limitaciones legales a disponer acciones concretas contra poderosos funcionarios corruptos.
Algunos aspectos puntuales del veto presidencial en referencia son correctos, desde el punto de vista jurídico-formal, por ejemplo el que objeta que se otorgue a la Contraloría la atribución de “evaluar el cumplimiento y aplicación de las leyes que por razón de la materia estén en el ámbito de su competencia”. En realidad la Contraloría debería tener esa atribución, precisamente por lo que objetan los abogados del Presidente Alemán: para limitar las excesivas y discrecionales facultades del Poder Ejecutivo que con frecuencia conducen a aplicaciones arbitrarias y abusivas de las leyes, o a que no se apliquen. Pero si la Constitución no confiere a la Contraloría esa atribución, la ley ordinaria o secundaria no se la puede otorgar, aunque sea justo y necesario hacerlo.
No es eso, pues, lo malo del veto presidencial, sino la supresión de los dientes legales que necesita la Contraloría para hacer efectiva su lucha contra la corrupción gubernamental y los funcionarios corruptos, como por ejemplo la facultad de poder solicitar informes financieros relacionados con el ejercicio de sus atribuciones y competencias dejando a salvo el carácter confidencial de dicha información, y con la prohibición expresa de usarla “con fines fiscales ni para fundamentar querellas entre terceros”.
En realidad, es obvio que este veto presidencial tiene que ver con el caso de corrupción de los checazos de la Dirección General de Ingresos (DGI), que quedó impune precisamente porque la Contraloría no pudo obtener la información bancaria correspondiente, o al menos ese fue el pretexto; y tiene que ver también con el caso del Banic, en el que tampoco la Contraloría ha podido obtener la copia del informe de auditoría hecha -por recomendación del Banco Mundial- al proceso de venta de las acciones del antiguo banco estatal y a otras operaciones financieras de gran envergadura, que siguen en el misterio y en la impunidad.
En fin, el veto presidencial a la ley que pretende dar efectividad a las acciones de la Contraloría contra la corrupción, pone de manifiesto la contradicción fundamental que hay en el actual sistema de gobierno, la cual va a persistir mientras no lleguen al poder personas verdaderamente íntegras y transparentes. O sea la contradicción de que las leyes para prevenir y combatir la corrupción tienen que ser aprobadas y deben ser ratificadas o rechazadas por los mismos funcionarios corruptos, quienes, lógicamente, no van a dejar pasar disposiciones que afecten sus intereses de seguir haciendo del Estado un botín.
La Asamblea Nacional, o mejor dicho las personas -los diputados- que la integran, tienen la oportunidad de demostrar si son capaces de sostener una ley que ellos mismos aprobaron con plena conciencia de lo que estaban aprobando, o si se someterán al veto presidencial, ya sea por interés propio o por complicidad con los corruptos de grueso calibre.
La verdad es que los diputados podrían, si quisieran hacerlo, aceptar del veto presidencial la parte que es correcta desde el punto de vista jurídico, y rechazar los aspectos que sólo pretenden que siga el festín de la corrupción y que los corruptos permanezcan impunes.
