Ricardo Illescas
Siento tener que hablar con tanta franqueza sobre este tema, pero si queremos una Nicaragua mejor debemos ser claros y precisos. Por eso, invito a ustedes amigos lectores a no edificar nuestra democracia sobre arena. A los políticos les digo: “No pretendaís llenar con dinero del erario y en nombre de la democracia los cántaros sin fondo de vuestras desmedidas e insaciables ambiciones”.
Miremos hacia el sur, no engrosemos las hojas de nuestra historia con situaciones claramente predecibles como las del Perú y tratemos de fortalecer la libertad de conciencia y abrir los espacios democráticos que hoy están siendo confiscados por los intereses pactistas de las cúpulas de derecha e izquierda.
No seamos como el médico insensato que da a su paciente hipertenso una medicina que le aumentará su tensión arterial y peor aún, no caigamos en el papel imprudente del paciente que toma el remedio que mata.
Señores, hoy que el Consejo Supremo Electoral está en la mira de todo el mundo por su reciente recomposición (cuatro liberales y tres sandinistas), que las instituciones del Estado están siendo repartidas entre los pactistas –como gofios en el día de la Gritería– es imperativo exigir a los ciudadanos que componen tales poderes se corrijan a sí mismos; ya que nuestras instituciones y leyes parecen ser muy débiles e ineficaces para corregirlos.
El derecho a elegir y ser elegido no debe depender de una raya improvisada que saque del juego electoral a los candidatos, sean éstos o no virtuales ganadores. Debemos propugnar porque a la mayor brevedad posible se realicen cambios en articulados de la Ley Electoral.
No es conveniente, ni contribuye a generar confianza que el Consejo Supremo Electoral interprete de manera excesiva y excluyente la Ley Electoral. Por ejemplo: Es insólito que el CSE haya obligado a los partidos políticos y sus candidatos que deseen ser acreditados por el Consejo Supremo Electoral a presentar alrededor de 250,000 firmas, que equivale al 10% del padrón electoral, para pasar la prueba de verificación en vez del 3 por ciento, de por sí excesivo, que exige la Ley Electoral. Tal medida es una exigencia demasiado grande y complica la participación de los candidatos y partidos; limitando de esta manera las opciones políticas de los votantes.
Clamamos por una Ley Electoral nacida del consenso y la participación de la sociedad civil, que fortalezca el pluralismo político que garantiza nuestra Constitución Política en su Art. 5.
Queremos una ley que limite el exceso legislativo de la actual Ley Electoral que ha eliminado la participación de los candidatos por suscripción popular, en un claro retroceso absoluto de nuestro proceso democrático.
Debemos rechazar categóricamente la diputación automática al presidente saliente que contemplan las reformas constituciones.
Adicionalmente, debemos rechazar la manipulación a nuestra Constitución Política, las leyes y demás actos cuestionables encaminados a establecer inhibiciones de facto a personas específicas para optar a cargos públicos.
Sentemos, pues, que la máxima en el quehacer político debe ser el bien común, el interés de la colectividad; y que no es a través de leyes políticas a la medida, que nos privará del ejercicio democrático.
