Como es sabido, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no dio lugar a un recurso de amparo interpuesto el año pasado por ex directivos y funcionarios del Banco Nicaragüense (BANIC), que pretendían ampararse contra una resolución de la Contraloría General de la República (CGR), cuando ésta todavía era presidida por el ingeniero Agustín Jarquín Anaya. En agosto de 1999, la CGR estableció responsabilidades administrativas contra Donald Spencer, ex Presidente del BANIC, Orlando Castro Gutiérrez, ex Gerente General, Ruth María Obando Martínez, ex Gerente de Créditos, y Luis Emilio Midence Padilla, ex Secretario General y Asesor Legal, por haber ocultado información al ente fiscalizador. Entre todos ellos tendrán ahora que reintegrar al Estado más de 11 millones de córdobas.
La mencionada resolución de la Corte Suprema viene a reforzar el requerimiento que desde hace varias semanas le ha estado haciendo el Presidente de la CGR, Dr. Guillermo Argüello Poessy, al Ministro de Hacienda y Crédito Público, Ing. Esteban Duque Estrada, para que le entregue el informe completo de la auditoría hecha por el Banco Mundial en el BANIC. Duque Estrada se ha negado a entregarlo alegando sigilo bancario, y dice que sólo lo hará con una orden judicial. Hasta el momento sólo se conoce un resumen de dicho informe, en el que se establece, entre otras cosas, que la administración del BANIC bajo el régimen de Spencer era “altamente deficiente”, y que “pueden haber ocurrido violaciones de las responsabilidades fiduciarias [de la Junta Directiva] con los accionistas del Banco (la República de Nicaragua)”. (Los miembros de la Junta Directiva en ese entonces eran: Donald Spencer, Presidente; Alfonso Llanes, Vicepresidente (actualmente Vice Superintendente de Bancos); Eduardo Mena Cuadra, Jaime Bonilla, Mariano Zelaya R., y Francisco Lezama, Directores; Luis Emilio Midence Padilla, Secretario; y Orlando Castro Gutiérrez, quien actualmente es Secretario Ejecutivo del Programa de Reforma de la Administración Pública.
Se supone que la Contraloría quiere tener en sus manos el informe completo para determinar “las diferentes acciones y sanciones judiciales y administrativas que se pueden aplicar”, como el mismo resumen ejecutivo señala. Es incomprensible e inaceptable que a estas alturas el informe completo no obre en poder del órgano fiscalizador del Estado. La CSJ tiene conocimiento de que el resumen ejecutivo establece que la Junta Directiva —de lo que en ese entonces era una empresa ciento por ciento estatal— pudo haber violado sus responsabilidades fiduciarias. Por eso nos preguntamos: ¿qué es lo que espera la CSJ para exigirle al Ministro de Hacienda y Crédito Público que lo entregue a la Contraloría? Porque es a esta última a quien le corresponde establecer las responsabilidades correspondientes. Si la CSJ no ordena la entrega del informe, estaría ella misma obstruyendo la posibilidad de deslindar responsabilidades y de aplicar justicia —lo cual es un verdadero contrasentido.
Pero es necesario conocer el informe completo también para saber si el alcance de la auditoría fue lo suficientemente amplio como para determinar con precisión, entre otras cosas: 1) si la Junta Directiva del BANIC de ese entonces concedió o no préstamos a favor de compañías en las que tuvieran intereses algunos directivos de esa institución bancaria o altos funcionarios del gobierno, y si se concedieron, conocer cómo fueron pagados; 2) si se beneficiaron o no en la privatización del BANIC algunos directivos del BANIC o altos funcionarios gubernamentales; 3) si los fondos para comprar el 51 por ciento de las acciones del BANIC salieron o no del mismo banco.
Si la Contraloría General de la República no llega a tener acceso al informe completo de la auditoría efectuada por el Banco Mundial en el BANIC, habría que preguntarse: ¿qué propósito tuvo dicha auditoría? Recordemos que parte del objetivo de la misma fue dilucidar si el proceso de privatización se hizo correctamente o no, y hasta el momento no se conoce cuál es la opinión del Banco Mundial al respecto. Insistimos en que la Corte Suprema de Justicia debe ordenar al Ministro Duque Estrada la entrega inmediata del informe completo a la CGR. Si no lo hace, la justicia y el pueblo nicaragüense estarían siendo objeto de una burla más.
