Jorge Salaverry
Basándome en los muchos comentarios que leí y escuché la semana pasada, puedo decir que no son pocas las personas que creen que nuestro país está en proceso de venta al mejor postor. Al menos, esa parece ser la conclusión a la que algunos han llegado después que se dio la privatización parcial de Enel y el intento fallido de vender Enitel.
“¡Qué ironía!” –escuché decir a alguien– “¡en el Mes de la Patria se están privatizando los bienes del Estado!”. Esa frase, inspirada en los mismos conceptos y creencias que sustentan la mayoría de los comentarios en contra de la privatización de las empresas estatales, lleva implícita la idea de que se comete un crimen en contra del “patrimonio nacional” cuando se vende a particulares –y encima de eso, ¡a extranjeros!–, los activos de “nuestras” empresas públicas. Para muchos, eso es una vil traición a la Patria. Siendo, por lo tanto, un asunto tan serio, creo que vale la pena que nos detengamos un momento a analizar si las personas que así piensan tienen o no razón.
En primer lugar, debo decir que no me sorprende que piensen de esa manera. En la tradición nicaragüense y latinoamericana está sólidamente arraigada la desvirtuada creencia que cuando una empresa está en manos del Estado nos pertenece a todos, y, en consecuencia, está en buenas manos, ya que el Estado sólo busca el bien común y no utilidades. Esta creencia se apoya y se alimenta en otra no menos popular y generalizada: que el empresario privado es un buitre voraz cuyo único objetivo es enriquecerse a costa de la explotación del pobre ciudadano. Es fácil ver entonces, que quienes con fervor religioso abrazan esas dos creencias, concluyan en que es una perversidad atroz privatizar una empresa estatal, ya que mediante ese acto, la empresa pasa de las manos generosas y desinteresadas del Estado, a las garras de un insaciable e inmisericorde empresario privado.
Pero, ¿es verdad eso? Me temo que no. Las empresas públicas o estatales han sido en todas partes del mundo –casi sin excepción– muy mal manejadas; y Nicaragua y América Latina no son una excepción. Eso es así, porque la administración de las mismas descansa en criterios estrictamente políticos y no económicos. Las consecuencias de ese tipo de “administración” son: la corrupción, el despilfarro, la ineficiencia, y el retraso tecnológico. Todo ello, inevitablemente, se traduce en un mal servicio y en un alto costo para los usuarios, es decir, para todos nosotros. El país pierde.
Quienes se oponen a la privatización parecen ignorar que las empresas estatales funcionan como una caja chica de los gobernantes de turno. A través de ellas se pagan favores políticos, se conceden “préstamos blandos” a los allegados a las altas esferas gubernamentales, se otorgan becas a los hijos de los amigotes, se asignan sueldos exorbitantes que no se corresponden con la realidad económica del país, se celebran contratos de asesoría con personas que no asesoran, se financian campañas partidarias, en fin…. se derrocha la plata de nosotros “los dueños”, y, ¡oh tristeza!, sin que podamos hacer nada al respecto. Es por eso que –calladamente– son los más altos funcionarios del Estado los que con mayor vehemencia se oponen a la privatización de activos estatales, y no por razones patrióticas, obviamente. Si a pesar de ello esas empresas se están privatizando, es como consecuencia de una exigencia de los organismos financieros internacionales únicamente. ¡Qué pronto parecen haber olvidado las jugosas liquidaciones de los ex Presidentes Ejecutivos de Enel y de la Cementera aquéllos que se oponen a la venta de las empresas públicas!
Las probabilidades de que los ciudadanos tengamos un mejor servicio y a un mejor precio cuando las empresas de teléfonos, de electricidad, etcétera, están en manos de empresas privadas, son demasiado altas como para seguir aferrados al trasnochado y costoso mito de que es un deber patriótico hacer que las empresas que dispensan esos servicios sean estatales. Las experiencias positivas abundan a lo largo y ancho de América Latina. Privatizarlas es lo mejor para el país y para todos nosotros. El Gobierno sólo tiene la obligación de privatizar transparentemente, sin coimas, y sin conceder derechos monopólicos. Aprendamos de los hechos, y abandonemos ya las teorías erróneas que nos han mantenido pobres y subdesarrollados durante toda nuestra historia.
*El autor es miembro del Consejo Editorial de LA PRENSA y catedrático de la Universidad Thomas More.
