La nota “estrictamente privada y confidencial” que supuestamente resume la auditoría hecha por el Banco Mundial en el Banco Nicaragüense (Banic), después que el 51 por ciento de las acciones de este último fueran vendidas en enero de 1999 a la compañía Inversiones Iberoamericanas, S.A., deja muy claro que la dirección de dicho banco, antes de su privatización, era incompetente, abusiva e irresponsable; en una palabra: desastrosa.
La auditoría concluye en que el Banic era “altamente deficiente…”, que las decisiones de los ejecutivos eran invalidadas por ciertos miembros no especificados de la Junta Directiva, que los préstamos eran aprobados sin lógica comercial, y que, aparentemente, se violaban los requerimientos de la Superintendencia de Bancos. Todo ello sugiere, dice el reporte, “que pueden haber ocurrido algunas violaciones de las responsabilidades fiduciarias [de la Junta Directiva] para con los accionistas del Banco (la República de Nicaragua)”.
Por si eso fuera poco, una cuidadosa lectura del resumen de la auditoría arroja más interrogantes que respuestas. Al inicio del mismo se dice que la auditoría se hizo para responder a inquietudes surgidas respecto a dos asuntos: 1) a posibles malos manejos de la administración anterior a la privatización, y, 2) a posibles “deshonestidades en las acciones de funcionarios públicos a cargo de la privatización”. No obstante, en ninguna parte del resumen se analiza esta última posibilidad. Sólo al final se dice que “en opinión del Gobierno de Nicaragua, la evaluación financiera no provee evidencia de ciertas irregularidades que habían sido tema de anteriores rumores, tales como el ilegal involucramiento de altos funcionarios del Gobierno en el proceso de privatización para lucrarse personalmente, el otorgamiento de préstamos a compañías pertenecientes a los directores del banco, o que el banco haya sido privatizado con fondos originados en el mismo banco”.
Si nos fijamos bien en la cita anterior, nos daremos cuenta que la opinión en ella vertida es la opinión del Gobierno de Nicaragua. Cabe entonces la pregunta: ¿y cuál es la opinión del Banco Mundial? A decir verdad, el resumen de la auditoría del Banic que obra en poder de LA PRENSA, y que fue reconocido como auténtico por el Ministro de Hacienda y Crédito Público, Esteban Duque Estrada, no tiene ninguna firma y está escrito en papel membretado de dicho ministerio. Aun así, por la forma en que está redactado pareciera que fue escrito por el Banco Mundial, siendo por ello muy curioso que ese banco no exprese su opinión, y se limite a mencionar la del Gobierno de Nicaragua. ¿Puede el Banco Mundial, por ejemplo, afirmar categóricamente que la anterior Junta Directiva del Banic no otorgó préstamos a compañías en las que tuvieran intereses algunos de los directivos del Banic o altos funcionarios del Gobierno? ¿Está en capacidad el Banco Mundial de asegurar que ningún funcionario del Gobierno se benefició en la privatización?
Por otra parte, en el resumen se lee que “el propósito de nuestra auditoría fue investigar si ciertas transacciones de crédito y de cancelaciones contra reservas de ciertos préstamos, ‘Certificados de Pago’ y ciertos activos reposeídos [por el Banic], habían sido considerados con criterios acordes a Estándares de Contabilidad Internacionales”. Este propósito explícito de la auditoría no se corresponde con el expresado arriba, en el cual se dice que la revisión se hizo, también, para responder a inquietudes sobre posibles “deshonestidades en las acciones de funcionarios públicos a cargo de la privatización”. Es importante estar claros de que una cosa es una evaluación de la gestión administrativa de la Junta Directiva en el manejo de las operaciones normales del banco, y otra –muy distinta– es una evaluación de la sanidad del proceso de privatización. En el resumen de la auditoría, como dijimos anteriormente, no se dice nada de esto último.
La nota finaliza diciendo que el Gobierno envió la auditoría completa a la Superintendencia de Bancos, a la actual Junta Directiva del Banic y a la asesoría legal del Gobierno para obtener sus opiniones y valorar “las diferentes acciones y sanciones judiciales y administrativas que se puedan aplicar”. Hasta el momento, no se sabe cuáles son las recomendaciones de esas entidades. La ciudadanía tiene derecho a conocerlas.
