Israel Benavides Cerros
En economía se dice, que las empresas y las familias toman sus decisiones de inversión en función de los costos de oportunidad. El costo de oportunidad es la cantidad de recursos que liberamos cuando dejamos de producir un bien para producir otro bien alternativo o bien, el tiempo que se libera dejando cierta actividad para usarlo en otra cuya satisfacción o utilidad es de orden superior, así cualquier individuo racional elegirá aquellas alternativas cuyo costo de oportunidad sea de orden inferior, un costo de oportunidad alto es producto de una decisión equivocada.
Aquí quisiéramos llamar la atención en algo sumamente importante, la corrupción de los funcionarios gubernamentales, la podríamos valorar en función de su costo de oportunidad, si asumimos que el costo de oportunidad de un acto corrupto es el castigo aplicado por la ley, entonces la cantidad de actos corruptivos variarán en relación inversamente proporcional a la magnitud del castigo, es decir al costo de oportunidad, así por ejemplo, en los países como Estados Unidos donde el costo de oportunidad de un acto corrupto es alto la propensión a cometer dicho acto será más baja, y al contrario en países como Nicaragua donde el costo de oportunidad de un acto corrupto es bajo, la propensión a cometer actos delictivos por los funcionarios públicos será superior.
Si aceptamos como una realidad que cualquier ser humano por muy ético que se considere, siempre será proclive a cometer actos de corrupción, en tanto se le presente la oportunidad, entonces, el único mecanismo apropiado para reducir los índices de corrupción, es la aplicación de sanciones severas es decir, elevar el costo de oportunidad del delito, por ejemplo, si un funcionario público está claro que el costo de oportunidad de medio millón de córdobas será veinticinco años de cárcel, el funcionario actuará racionalmente y luchará hasta las últimas consecuencias por no cometer dicho acto corrupto.
Sin embargo, su conducta no será la misma si es un convencido que las leyes son fáciles de vulnerar o que las instituciones de justicia no funcionan adecuadamente aquí, actuará en sentido contrario, tratará de aprovechar al máximo las oportunidades que se le presenten pues está claro que el costo de oportunidad del delito es bajo, aquí su conducta puede ser calificada de racional, aunque en una dimensión eminentemente ética no lo sea.
No podemos ignorar que los valores éticos y morales arraigados en una sociedad altamente civilizada son también un importante paliativo de la corrupción, no obstante, también es cierto que aún en las sociedades más educadas la tendencia a cometer actos corruptos siempre que haya excesos de discrecionalidad y las leyes lo permitan será una realidad.
En conclusión, la corrupción está íntimamente ligada a dos aspectos intrínsecos de la cultura política nicaragüense, el primero, es la falta de respeto por la ley y el segundo, el desprecio por las instituciones democráticas, partiendo de estas dos realidades y tomando en consideración que instituciones como la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Supremo Electoral, la Contraloría y la Asamblea Nacional, se han convertido en presas de dos partidos con una cultura política cavernaria las posibilidades de encontrar mecanismos que reduzcan los índices de corrupción son aún más remotas pues la corrupción ya está institucionalizada.
En otro orden, es claro que el costo de oportunidad de un acto de corrupción varía inversamente proporcional al tamaño del delito, por ejemplo si el corrupto es un funcionario de alto nivel y el acto de corrupción implica varios millones de córdobas, el costo de oportunidad puede representar una simple sanción administrativa, caso concreto el de Byron Jerez y por el contrario si el acto de corrupción es pequeño las posibilidades de un castigo severo son mucho más probables, aquí debemos recalcar que si el corrupto es un liberal o un sandinista de alto nivel el costo de oportunidad del acto corrupto es igual a cero.
*El autor es Director de la Escuela de Comercio Internacional de la UCC.
