Es muy posible que de acuerdo con sus intereses gremiales, sean justas las motivaciones de quienes organizan y participan en las marchas, tranques, bloqueo de bancos y otras “protestas” contra el gobierno, aunque algunas de sus demandas específicas parecen desmesuradas.
En cualquier caso, el gobierno, en negociación con los demandantes y en consulta con quienes tienen que ver de algún modo con la solución de sus reclamos –reestructuración de los adeudos con los bancos, creación de una banca estatal de fomento agrícola-, tiene que resolver el conflicto lo más pronto que sea posible, antes que la frágil situación del país se deteriore todavía más.
Sin embargo, el hecho de que las demandas de los agricultores sean atendibles, no les da derecho a atentar contra las libertades y los intereses de los otros sectores -mayoritarios, además- de la población nicaragüense. Los tranques, el asedio a los bancos, las marchas y manifestaciones de diversa clase, causan graves perjuicios a los demás sectores de la sociedad, entorpecen y dañan la actividad productiva y económica en general de la nación, y socavan las bases del Estado de Derecho que ya está bastante debilitado por las arbitrariedades y la corrupción gubernamental.
La convivencia pacífica se basa en el respeto al derecho de los demás, en el reconocimiento de que los derechos de una persona o gremio terminan precisamente donde comienzan los que corresponden a los demás individuos o grupos sociales. No tienen razón, pues, los manifestantes callejeros, cualquiera que sea su orientación política y aunque no tengan ninguna, para atentar contra las libertades esenciales que están establecidas y garantizadas en la Constitución Política de la República, como el libre ejercicio de las actividades económicas y sociales y la circulación irrestricta de personas y cosas por cualquier parte del territorio nacional.
Estamos claros de que los derechos y libertades de los ciudadanos no deben ser menoscabados por el gobierno. Pero esos derechos y libertades tampoco pueden ser subordinados a los intereses e imposiciones de ninguna persona particular, gremio ni partido político. O sea que los manifestantes tienen derecho de reclamar pero carecen de justificación para impedir la libre actividad económica y social y el libre tránsito por las calles y carreteras del país.
Las libertades públicas y los derechos individuales no pueden ser convertidos en simples expresiones retóricas sólo porque a algunos grupos gremiales o políticos se les ocurre secuestrar la tranquilidad de la nación a fin de exigir al gobierno que les satisfaga sus demandas particulares. De manera que el gobierno tiene la obligación de garantizar el pleno imperio de las disposiciones constitucionales, y por lo tanto debe impedir que alguien, quien quiera que sea, se atribuya la facultad de trancar las carreteras, caminos y calles del país con el pretexto de reivindicar sus intereses gremiales.
Repetimos: No ponemos en duda la justedad de la demanda de los agricultores que han montado la agitación que afecta actualmente a una buena parte del país. Son las autoridades gubernamentales las que tienen que negociar con los manifestantes y determinar si son viables o no sus exigencias, y presentar alternativas de solución o al menos de alivio a las demandas planteadas.
Pero, entretanto, los demandantes no tienen razón ni derecho de perjudicar al resto del país. La solidaridad nace de la conciencia humana y en consecuencia tiene que ser absolutamente voluntaria. A nadie se le puede obligar por la fuerza a apoyar las reivindicaciones de los demás.
Los problemas de una parte del pueblo no se pueden resolver a expensas de los derechos de otras partes del mismo pueblo. En la década sandinista Nicaragua sufrió la terrible experiencia de que sectores de las masas populares fueron envenenados con el odio de clases y lanzados contra las otras partes de la población. Y todavía ahora el país sigue sufriendo -con el atraso, la pobreza extrema, el autoritarismo y la corrupción-, las consecuencias de aquella irracional estrategia de enfrentar al pueblo contra el pueblo.
Y a su vez las autoridades están obligadas a garantizar que esas libertades no sean menoscabadas ni impedidas por nadie.
