Róger Cerda
Sin competencia no hay mercado; pero la competencia exige altos niveles de producción y demanda, transparencia e instituciones sólidas.
Promover la mayor competencia posible en los mercados es una de las herramientas principales con que cuenta el Estado para asegurar la provisión de bienes y servicios de mejor calidad y a precios decrecientes al público.
Por sus características tecnológicas de servicio en red, la distribución de energía eléctrica constituye un monopolio natural que, consecuentemente, debe ser regulado para evitar abusos contra los usuarios.
Por eso, se deben tomar medidas que restrinjan la posibilidad de que las empresas utilicen posiciones dominantes para obtener ventajas injustificadas que perjudiquen a los consumidores.
En ese marco debe desaprobarse la decisión del Ente Regulador o del Ejecutivo, de autorizar que un mismo grupo sea dueño de las dos únicas distribuidoras de electricidad para Nicaragua, Disnorte y Dissur.
En otros países eso no se permite. En Argentina, al grupo español Endesa, propietario de las distribuidoras Edenor y Edesur, se le ordenó que optara por retener acciones en una de las dos empresas para no violar el principio de competencia comparativa que debe regir en ese sector.
Aunque los usuarios no puedan cambiarse de una empresa a otra, al existir la competencia comparativa, tanto los usuarios como los dueños de la empresa distribuidora y el Ente Regulador, podrán comparar los costos de operación y la calidad del servicio de una empresa contra la otra, obligando automáticamente a las empresas a ser más competitivas.
La privatización eléctrica se está dando sin debate, como sucedió con la privatización de las pensiones, al pasar de un sistema deficiente hacia un sistema antiliberal, antisocial y antinacional, de ahorro forzado, de contribuciones definidas y crecientes y, prestaciones inciertas y menguantes.
La privatización eléctrica que impulsamos en 1997 nunca se planteó la posibilidad de que con la operación se produjera la consolidación de una posición dominante que pudiera resultar perjudicial para los usuarios; por el contrario, queríamos desmantelar el monopolio de ENEL para crear competencia, no para crear nuevos monopolios privados, tan dañinos como los estatales.
Nuestro criterio se sustentaba en preservar el principio de competencia por comparación. Para introducir algún grado de competencia, propusimos que al privatizarla, se dividiera la concesión en dos e impulsar así una suerte de comparación de las prestaciones de ambas empresas. A pesar de los límites de este mecanismo, sin él se “facilitaría” la concentración del sector eléctrico y, con ella, la necesidad de un mayor control estatal frente a una prestación de carácter monopólico que opera en los tres segmentos del sistema eléctrico: generación, transmisión y distribución.
Nicaragua debe abrir su sector energético para hacerlo competitivo. Nicaragua debe tener un sector energético abierto y competitivo, en el que participen diversos actores, desde el sector público hasta el capital privado nacional y extranjero en una forma más intensa, competitiva y donde se adopten distintas y nuevas tecnologías.
Pero el gran reto de Nicaragua es llegar a establecer los consensos necesarios para constituir mercados competitivos en materia energética, porque si en Nicaragua no se produce una mayor apertura ni se genera una competencia que aumente sustancialmente el suministro competitivo, se creará un cuello de botella para el desarrollo económico. De lo contrario, ¿con qué energía se moverán las grandes inversiones extranjeras?
El Estado, por su parte, debe crear un marco regulatorio equitativo y eficiente que permita aumentar la capacidad competitiva de las empresas, alentar la inversión productiva y propiciar la creación de más y mejores empleos en la industria y servicios.
Pero para garantizar la viabilidad de la apertura se requiere también contar con instituciones privadas y públicas adecuadas, fuertes y competitivas. Una apertura económica sin instituciones adecuadas, apolíticas, apartidistas, transparentes, que la regulen y guíen, terminará de hundir a Nicaragua.
El autor es consultor económico y financiero; fue Ministro-Director del Instituto de Energía, de enero a abril de 1997.
