Magda Lanuza
Nicaragua, al igual que muchos países está detrás de la legislación en materia de la explotación y aprovechamiento de los recursos naturales. Esto no es pura casualidad, ni proviene de una voluntad política de buenos legisladores y gobernantes preocupados. Antes que nada obedecen al nuevo papel que entran a jugar los recursos naturales de nuestros países, en la liberalización del mercado, donde no sólo se sobreexplotan esos recursos, sino también a los seres humanos. En este contexto, el Poder Legislativo está aprobando la ley de Minas, Pesca, Bosques y otras, las que tienen que ver con los derechos de la 3ra y 4ta generación, donde caben el derecho ambiental, los derechos económicos, sociales y culturales de nuestros pueblos.
Las Propuestas de estos marcos legales, deberían estar atadas a una serie de compromisos internacionales en materia de medio ambiente, que Nicaragua ha venido asumiendo desde 1992 después de la Cumbre de Río. El más importante, es el Convenio de Diversidad Biológica, donde los Estados firmantes se comprometen a proteger y conservar los recursos naturales. Sin embargo, el Estado de Nicaragua, con las actuales propuestas de Ley, está faltando a esos compromisos, para asumir las reglas del mercado y la inversión extranjera, y para ello cuenta con aquéllos que confunden desarrollo económico con el crecimiento económico.
En este escenario de lo que se entiende por desarrollo, las ideas se están encontrando y hay quienes tienen como concepto que un swampo de Little Corn Island, es “un charco asqueroso y criadero de zancudos”. Esto es una blasfemia contra la vida misma, cuando Nicaragua ha postulado científica y legalmente a la importancia de los humedales en el Convenio RAMSAR. Mientras los/las diputados/as de la Asamblea Nacional reciben propuestas de ley que no tienen ni tiempo de leer y las aprueban porque se tienen que aprobar, luego aparecen contentos al igual que muchos funcionarios del Gobierno, y hablan de las Consultas. La experiencia habla por sí misma, en primer lugar no te invitan seriamente a dar tu opinión, nos llegamos a meter, trabajamos con las uñas para llevar propuestas creyendo que van a ser tomadas en cuenta, pero en la aprobación, esos papeles quedaron en los escritorios, y en la versión prevalece la visión gubernamental y detrás de ella, las políticas dictadas por el Banco Mundial, el BID y las OMC.
Los procesos de elaboración de las propuestas, consultas y aprobación de las mismas, reflejan la poca importancia que tiene la protección del medio ambiente, cuando la institución que mediante ley es la encargada de hacer las políticas ambientales, el MARENA, desaparece totalmente o aparece sólo cuando no estorbe. Mientras el MIFIC se ha robado todo el derecho con sus asesores de crear esos marcos legales, proponiendo en las Comisiones a sus aliados: gremios y organizaciones ambientalistas afines a su lógica del desarrollo. De esa manera visualizamos el rumbo que lleva el país, donde legalmente se acentúa y se justifica la depredación de los recursos en nombre de un desarrollo que nadie entiende ni se ve en la mejora de la calidad de vida de las poblaciones locales.
* La autora es funcionaria del Centro Humboldt.
