EL SALVADOR
Levis Italmir Orellana, Juez Primero de Instrucción de San Salvador, manifestó que en su país existe una “ley especial”, promulgada a inicios de los años 90, que contiene penas de hasta 15 años de prisión para quienes incurran en las diferentes formas del delito de drogas que van desde el transporte y comercio hasta la fabricación y distribución de drogas, entre otras.
El combate a la narcoactividad en El Salvador lo realizan organismos especializados de la Policía y de la Fiscalía General de la República. Según Orellana los jueces salvadoreños no enfrentan obstáculos que “nos inhiban o no nos permitan realizar el juzgamiento respectivo porque la mayor parte de la investigación la lleva el Ministerio Público y nosotros nos encargamos de evaluar el trabajo de investigación que ya la Fiscalía ha hecho”, expresó.
PERU
Es uno de los mayores productores de droga, ocupando el segundo lugar en el mundo en la producción de cocaína. Sin embargo, de 1997 al año 2000, las autoridades peruanas lograron disminuir esa producción pasando de 230,000 hectáreas sembradas con hoja de coca, a 38,000 hectáreas actualmente.
Según el representante de la Policía Nacional de Perú, coronel Julio Bueno, su país no sólo enfrenta el problema del tráfico de droga, sino también el de producción, fabricación y procesamiento, además del consumo de estupefacientes.
El coronel Bueno explicó que los narcotraficantes peruanos no sólo comercian con cocaína, sino también con marihuana y opio. “También hemos encontrado laboratorios que están produciendo heroína y morfina, así que nosotros tenemos todos los problemas juntos”, dijo.
HONDURAS
El fiscal Alejandro Hidalgo, manifestó que el mayor obstáculo que enfrenta Honduras en la investigación de los delitos de narcotráfico es la falta de cooperación por parte de la población en denunciarlos por temor a represalias.
Otro obstáculo, señaló, es que hay limitantes de carácter legal a pesar de contar con una ley especializada. “Tenemos obstáculo en la forma de investigar porque la ley nos permite algunas cosas y otras técnicas son prohibidas”, añadió.
Hidalgo dijo que cuentan con los recursos y personal para realizar las investigaciones, pero la legislación prohíbe ciertos procedimientos, que no especificó.
La Fiscalía hondureña trabaja en coordinación con la Policía preventiva e investigativa. La ley especial de Honduras establece la penalización del tráfico, consumo, posesión y comercialización de sustancias químicas destinadas a la fabricación de drogas.
MEXICO
México enfrenta debilidades distintas a las de Centroamérica. Augusto Vázquez Chimal, Agente del Ministerio Público Federal, dijo que en su país la limitante es el tiempo que tienen los fiscales para presentar las pruebas recopiladas durante la investigación previa.
En México el Ministerio Público se encarga de llevar a cabo la averiguación previa, que según Vázquez podría ser la preinstrucción aquí en Centroamérica. El fiscal tiene 28 horas para “resolver la situación jurídica de una persona”, dijo.
Agregó que 48 horas es muy poco tiempo para poder “consignar” a un acusado ante el juez de primera instancia que conoce la causa. Es decir que si en ese tiempo no hay pruebas suficientes en contra del acusado, la ley obliga a ponerlo en libertad.
La legislación mexicana penaliza la siembra, cultivo, almacenaje, transportación y el fomento del narcotráfico. Las sanciones van desde cinco hasta 25 años de prisión. Las penas son mayores cuando las personas que participan en el delito son funcionarios públicos “que por su cargo deberían de dedicarse a combatir esas conductas”, dijo Vázquez.
COSTA RICA
Cuenta actualmente con la ley 77-86, que ya es la tercera ley específica sobre el tráfico de drogas, luego de haberse reformado en dos ocasiones anteriores. Esta ley regula el tráfico ilícito de drogas de uso prohibido, el uso de dinero proveniente del narcotráfico (lavado de dinero) y el uso de precursores químicos (insumos para fabricar drogas).
Alvaro Montoya, fiscal auxiliar de la Unidad de Narcotráfico de Costa Rica, explicó que las sanciones van desde cinco a 15 años establecidas en el artículo 61 de la ley referente a la venta de droga. Montoya dijo que las penas se agravan en el artículo 71 con penas de ocho a 20 años.
Son agravantes cuando la venta se realiza a niños, en centro educativos, centros penitenciarios, cuando hay tres o más personas involucradas en la venta y cuando ésta se da en el ámbito internacional.
Montoya dijo que su país no tiene obstáculos de ningún tipo en la lucha contra este flagelo. Quizá en lo referente a la asignación de recursos humanos y económicos para tener más fiscales y policías trabajando en contra del narcotráfico podría haber un problema, explicó.
GUATEMALA
Las leyes en Guatemala penalizan el tráfico, consumo, transporte, almacenamiento, venta, producción y fabricación de drogas.
Angel Alfredo Joaquín, Fiscal del Ministerio Público en materia de Narcotráfico, dijo que en las sanciones estipuladas por la ley van de 12 a 20 años de prisión en lo referente a la producción, almacenamiento y depósito ilícito de drogas.