Después de descalificar a 5 partidos al anularles miles de firmas de ciudadanos que presentaron de conformidad con lo que manda la ley, lo menos que podría hacer el Consejo Supremo Electoral (CSE) es demostrar que en realidad las firmas anuladas eran falsas, irregulares y repetidas. Así el Poder Electoral demostraría que está actuando de manera legal, justa y transparente.
Liquidar a un partido acusándolo de que las firmas que presentó eran repetidas y falsas, y no demostrarlo, es como sentenciar a muerte a una persona por homicidio, sin demostrar a quién mató ni cómo lo mató. De modo que si el CSE no demuestra la nulidad de las firmas inevitablemente se seguirá sospechando que los 5 partidos no fueron liquidados por aplicación de la ley, sino en cumplimiento de disposiciones antidemocráticas del pacto libero-sandinista.
Cabe señalar que es muy importante que el CSE incluyera al Partido Conservador como el cuarto partido (aparte de los dos regionales del Atlántico) con derecho a participar en las elecciones municipales del 5 de noviembre. Pero no es suficiente. Tal como ha quedado el escenario electoral los ciudadanos podrán escoger entre dos opciones de derecha —PLC y Partido Conservador—, pero obligados a una sola opción de izquierda —el FSLN—, lo cual es absolutamente injusto, incorrecto, arbitrario y antidemocrático. En este escenario hace falta una opción de centro izquierda, por lo menos, como sería el MRS, sin perjuicio de que los liberales opuestos al arnoldismo y los evangélicos disidentes de Camino Cristiano también tienen derecho de participar en las elecciones.
El Consejo Supremo Electoral tiene todavía la oportunidad de demostrar que está actuando con equidad, justicia y apego a derecho. Y lo podría hacer fácilmente si, primero, demuestra la nulidad de las firmas de los partidos que eliminó, y segundo, si promueve una reforma a la Ley Electoral para que otros partidos puedan entrar a la contienda electoral nacional del próximo año.