- El Poder Judicial ha
pasado por varias etapas en las que el abuso del poder político ha echado por tierra todos los esfuerzos jurídicos,
destinados a garantizar la probidad de los funcionarios públicos y el control institucional de sus actuaciones
José Antonio Poveda S.
En toda América Latina y el Caribe, la reforma del sistema judicial se ha convertido en el tema del momento. Pero es más que una moda; es un esfuerzo indispensable para establecer el estado de derecho y consolidar el sistema democrático. Esto, a su vez, es fundamental para el funcionamiento eficiente de los mercados y el crecimiento económico con equidad. Sin estado de derecho no puede existir un estado eficaz; sin un estado eficaz no puede haber un mercado eficiente y sin mercado eficiente no puede lograrse un crecimiento sostenido y equitativo. Por todas esas razones, la reforma judicial se ha convertido en un tema crucial para el desarrollo.
El principio de la legalidad y el respeto al Estado de Derecho son la base fundamental para la consolidación de un Estado democrático. El éxito de este proceso depende en gran medida del fortalecimiento de sus instituciones, entre ellas, el Poder Judicial. Debe permitirse a los jueces que trabajen en forma independiente, sin restricciones o injerencias político-partidistas.
Nos hemos acostumbrado a visualizar esa independencia como una condición establecida a favor del juez, que puede motivar su recusación del conocimiento del caso, cuando no constituya garantía suficiente de trato igual, o no se desarrolla el Debido Proceso, como garantía constitucional.
Es necesario la independencia del juez para que logremos establecer cuáles son las características que un juez debe reunir, exigencia ésta que se le impone, no para favorecerlo personalmente, sino para que pueda constituirse en el garante en el defensor, de los derechos de los habitantes, en el que ejerce su jurisdicción. Si el juez no es la garantía de los derechos de las personas que a él recurren en demanda de justicia, no es nada.
El Poder Judicial de la Nación ha pasado por varias etapas en las que el abuso del poder político ha echado por tierra todos los esfuerzos jurídicos, destinados a garantizar la probidad de los funcionarios públicos y el control institucional de sus actuaciones.
Más allá de ideologías y de exhortaciones a la ética, la corrupción existe, donde existen los espacios que deja abierto la falta de institucionalidad y de desarrollo democrático de un país. No se generan riquezas ni se alcanza el desarrollo, si no funciona la institucionalidad, la democracia y el respeto por la ley, los derechos humanos, estrechamente vinculados a superar el grado de pobreza y miseria en que se debate nuestro país.
Se ha hecho necesario proceder a la transformación de todo el Poder Judicial, desde la parte material que abarca la estructura física hasta la parte moral que constituye la ética de sus funcionarios. Eso abarca la estructura legal que constituye el instrumento fundamental para el funcionamiento del Poder Judicial; y una mejor y más adecuada administración de justicia.
Cada vez más, la administración de justicia interesa a los medios de información colectiva. Ese interés resulta altamente beneficioso, pues coadyuva a dar la transparencia a la función del juez, y en consecuencia a rescatar la credibilidad perdida frente a la comunidad. El hecho de haber limitado a los periodistas, un proceso público constituye una violación a la libertad de expresión e información, que están garantizadas constitucionalmente.
La publicidad de los asuntos sometidos a conocimiento de los tribunales se ha constituido en una forma eficiente, para mantener informada a la ciudadanía del estado de inseguridad ciudadana, corrupción, delitos contra las personas, cumplimiento del debido proceso, prevaricato, es decir de todo el Proceso Institucional del País.
Los jueces resolverán los asuntos de que conozcan con imparcialidad, basándose en los hechos y en consecuencia con el derecho, sin restricción alguna y sin influencias, presiones, amenazas o intromisiones indebidas, sean directas o indirectas, de cualesquiera sectores o por cualquier motivo.
Hay que delimitar con precisión y claridad la significación jurídica de la importancia del problema, en que aún nos encontramos en relación con la independencia de los jueces, para que nuestra democracia pueda tener en la judicatura una garantía real y efectiva de su existencia futura y alejarla completamente de intrigas, intromisiones, que afectan profundamente la estructura judicial del país y la seguridad jurídica.
Tal como lo expresa el Editorial del Diario LA PRENSA, del día lunes 3 de julio: “Diariamente hablan de la justicia nicaragüense las lágrimas de las madres, la sangre vertida por los delincuentes que andan en las calles libres y favorecidos por el régimen, los gemidos de los inocentes que son condenados bochornosamente y las imprecaciones de quienes pierden sus haberes en manos de la injusticia que se toca con los hábitos de los jueces”, señaló el Mártir de las Libertades Públicas Doctor Pedro Joaquín Chamorro.
El autor es Vicedecano de la Facultad de Derecho de la UNAN de León.
