Estados Unidos y “la piñata”

La “piñata”, ese flagelo que terminó por podrir la moral pública del sandinismo, sigue heredando graves problemas para el despegue económico de Nicaragua, así como para su imagen internacional, sobre todo ante países con gran dependencia como Estados Unidos, el cual podría incluso suspender la ayuda al país, como se ha especulado, si no se lleva a cabo devoluciones de propiedad a ciudadanos estadounidenses, quienes culpan a la actual administración de Arnoldo Alemán, de no solucionarles definitivamente sus problemas.

Esta ofensiva de Washington, fuertemente embanderillada en Managua por el Embajador Oliver Garza, no despertaría susceptibilidades locales o regionales, si al momento de hacer reclamos al Gobierno por los casos aún no resueltos, se tomaran en cuenta los antecedentes geopolíticos y diplomáticos, que permitieron la instauración de regímenes autoritarios que van desde la estancia dinástica del somocismo, hasta el ascenso belicista del sandinismo, creador de la “piñata”.

Esta aberración jurídica al derecho universal de la propiedad, originada en el decreto 3 de las confiscaciones a las propiedades del somocismo y de las personas que ellos arbitrariamente consideraban como tales, así como en las leyes 85 y 86 de 1990 tras la derrota electoral, ha tratado de ser resuelta por nuevas leyes, como la 290 que fue reglamentada por el Gobierno actual creando además la Intendencia de la Propiedad, a fin de resolver administrativamente las indemnizaciones.

Contemporizando sobre los antecedentes históricos entre Estados Unidos y Nicaragua, surge en el tapete de la dilucidación, el alto grado de injerencia que Estados Unidos ha tenido que ver en los asuntos políticos internos, arrojando graves consecuencias expansivas para el futuro reciente del país.

Ni el Gobierno de la señora Violeta de Chamorro ni el del Presidente Arnoldo Alemán son culpables del descalabre de la “piñata”, pero muchas de las administraciones estadounidenses, con la hegemonía diplomática ejercitada en todo este Siglo, sí son responsables en cierta forma de las consecuencias y deformaciones históricas heredadas del pasado.

Henry Kissinger en su libro “La Diplomacia”, señala que “casi como por efecto de una ley natural”, surgen en cada siglo países con determinados poderes económicos, intelectuales y morales, que vienen a modificar el sistema internacional de acuerdo a sus valores, refiriendo que en el Siglo XX Estados Unidos ha llevado la delantera “en lo inadmisible de la intervención de los asuntos internos de otros Estados”.

Nicaragua —que continúa necesitando de la ayuda norteamericana, la que debería ser incrementada en todos sus niveles ante la hegemonía de facto de la Guerra Fría—, como reconocería Kissinger en la actualidad, ha sido parte de esa inadmisibilidad, pero no por equipararse a las naciones poderosas, sino por haber defendido por una parte su Soberanía, y en otro orden, por haber jugado una posición satelital periférica en el conflicto Este-Oeste durante los 80. Estados Unidos debería incrementar su apoyo económico a Nicaragua a fin de propiciar un marco de estabilidad y progreso en las nuevas coyunturas que se avecinan. A fin de cuentas, los efectos desastrosos de estas herencias, no pueden ser resueltos únicamente por las democracias en transición, como en el caso del régimen actual ante el fenómeno de la “piñata”, hija ilegítima de estos desconciertos.

La ayuda a Nicaragua y a la región centroamericana en general después de los Acuerdos de Paz, ha sido mínima en comparación a la concedida a Europa (Plan Marshall), en la posguerra.

Volviendo al caso concreto de los reclamos de ciudadanos estadounidenses, y de las posibles presiones que el Senado norteamericano pueda desencadenar contra Nicaragua, se estaría entrando a un nuevo período de confrontación innecesaria, lo que evidencia la necesidad de que conflictos como el de los confiscados (quienes tienen todo el derecho de reclamar pero no a costa del perjuicio del país), sean resueltos con una visión de responsabilidad y ética histórica, pero con la participación de todas las partes involucradas.

El autor es escritor y periodista, funcionario público.