La Ley de Pensiones

Como ex secretario General del Seguro Social en tiempos de la ex presidenta Violeta de Chamorro y como estudioso de la seguridad social, me siento obligado a manifestar mi firme pensamiento alrededor de la Ley de Pensiones y el reciente aumento de las cotizaciones del INSS. En la primera Ley de Seguridad Social del año 1955, las cotizaciones eran del 2% de su salario para el Trabajador, 6% como aporte del empleador y 2% como aporte estatal.

Hasta después de transcurridos tres años de la fundación del INSS, se comenzaron a pagar pensiones de invalidez y hasta después de quince años las primeras pensiones de vejez.

Esos fueron tiempos de gloria y bonanza para el Seguro Social, cuando los ingresos eran abundantes y los egresos eran mínimos. Se hicieron grandes inversiones en unidades hospitalarias que colmaron ampliamente las expectativas de los Asegurados. El reglamento financiero del Seguro Social adoptó el Sistema de Primas escalonadas. Este sistema implica que precisamente por ser evidentemente superiores los ingresos a los egresos en los inicios, había que establecer primas bajas y en la medida que tanto las obligaciones como el número de pensionados fuera creciendo, las primas debían ir aumentando. Es así como diez años después, en el año de 1965 se establece el primer aumento en las cotizaciones, de manera que la cuota del trabajador subió al 3%, la del empleador al 8% y el aporte del Estado al 3%.

En ese entonces no hubo reacción adversa por cuanto el INSS constaba con suficientes reservas e inversiones y respondía ampliamente a los trabajadores con un sistema médico envidiable y las pensiones de vejez aún no se otorgaban. En 1978, trece años después, se incrementa nuevamente la prima de los trabajadores hasta el 4%, el once por ciento para el empleador y se reduce el aporte estatal a un medio por ciento. Desde esa fecha hasta mayo del año dos mil, durante veintidós años nunca se revisaron las cotizaciones, a pesar que obligatoriamente debían revisarse para mantener las reservas actuariales. Por el contrario durante la década sandinista se otorgaron pensiones que no estaban contempladas en la ley y el único incremento que se dio fue el aporte obligatorio del 1.5% con cargo al empleador para las Víctimas de Guerra.

Durante el Gobierno de doña Violeta de Chamorro, todos los esfuerzos fueron hacia la búsqueda de alternativas de solución, sin efectuar ninguna, pues el costo político que el gobierno debía afrontar era demasiado grande. Sabíamos de la necesidad del cambio, pero había que tener la valentía de enfrentar lo que hoy está enfrentando el Seguro Social. Todos los estudios de expertos nacionales e internacionales, nos señalaban la quiebra técnica del INSS y la necesidad de realizar acciones necesarias e inmediatas, donde se requería además del aumento de las cotizaciones, el aumento de la edad de retiro, el aumento en el tiempo mínimo para optar a una pensión y otras medidas drásticas, pero repito el costo político, el temor a la reacción del pueblo trabajador, de los empleadores y de los sectores involucrados era muy elevado. Es más conveniente para un gobierno, aunque no más justo, dejar a las generaciones futuras la carga de esa responsabilidad histórica. Han pasado veintidós años sin aplicar el reglamento financiero y la decisión se vuelve más severa. Bajo esta tesis, hay que reconocer la valentía de este gobierno y la alta dirección del INSS, que con gran costo político, decidió tomar el reto y tratar de salvar al Seguro Social. Hay que reconocer también la razón a los trabajadores y empresarios porque es una medicina amarga la que nos han recetado. Pero es un trago que hay que tomarse y buscar la mejor forma y manera de digerirlo.