Tal como lo hemos informado en nuestras dos últimas ediciones, en el proyecto de resolución de la Contraloría General de la República sobre los “checazos” y otras irregularidades administrativas y financieras de la Dirección General de Ingresos (DGI), se propone establecer responsabilidades administrativas al señor Byron Jerez Solís (lo cual incluye una multa pecuniaria), y destituirlo de su cargo.
Pero las abundantes, incuestionables y contundentes evidencias que contiene ese proyecto de resolución que fue preparado por los auditores de la Contraloría, muchas de las cuales fueron aportadas por el exhaustivo y ejemplar trabajo profesional de investigación de LA PRENSA, también son suficientes para que la Procuraduría y el Poder Judicial inicien e impulsen el proceso penal correspondiente
En realidad, el mencionado proyecto de resolución de la Contraloría sobre la DGI (que el miércoles próximo será aprobado, modificado o rechazado por los 5 miembros del consejo de contralores), coincide con el dictamen de la Comisión Anti-Corrupción de la Asamblea Nacional, que también propone establecer responsabilidades administrativas al señor Jerez Solís, destituirlo de sus funciones gubernamentales y poner el caso en manos de la Procuraduría General de Justicia.
De manera que la Contraloría tiene a su disposición las evidencias y los elementos de juicio necesarios para dictar una resolución sobre el caso de la DGI, que la ciudadanía y la comunidad internacional esperan que sea congruente con la obligación moral, legal e institucional de los contralores, de proteger los bienes nacionales y promover que se juzgue y castigue a quienes abusen de ellos.
Inclusive es por el honor nacional que la Contraloría está obligada a obrar con justicia y apegada a derecho. Esta es su obligación en términos generales pero con mayor razón en el caso de la DGI, que por diversas razones se ha convertido en un asunto emblemático, en una prueba para que el Gobierno demuestre si tiene o no voluntad de combatir la corrupción como se ha comprometido a hacerlo ante la comunidad internacional, y para que los contralores demuestren si es verdad que son independientes o están subordinados a la voluntad política y partidista que los puso en esos cargos.
Los contralores, y particularmente el Presidente del Consejo Superior de la Contraloría, tienen que rechazar cualquier clase de presiones o halagos que se esté haciendo o se quiera hacer sobre ellos, para influir en la decisión que adoptarán el próximo miércoles. Al respecto cabe hacer notar la extraña coincidencia de que hubiera sido precisamente cuando está por dictarse la resolución de del ente fiscalizador sobre el caso de la DGI, que el Presidente Arnoldo Alemán nombrara viceministra de Estado a una hija del presidente de la Contraloría
Seguramente la hija del presidente de la Contraloría tiene méritos y capacidad para desempeñarse adecuadamente en el viceministerio de la Familia. Pero, ¿no es una extraña casualidad que su nombramiento se produjera precisamente una semana antes que la Contraloría dicte su resolución sobre el caso de la DGI? ¿Acaso es normal que una pariente tan cercana del principal fiscalizador de los dineros públicos que son administrados por el Gobierno, sea miembro prominente del mismo Gobierno? ¿No hay allí la posibilidad, por lo menos, de un conflicto ético? ¿Habrá alguna hija, hijo o cualquier otro pariente cercano del Contralor General de los Estados Unidos de Norteamérica, señor David M. Walker, que sea ministro o viceministro del Gobierno del Presidente Bill Clinton? O, para no ir tan lejos, ¿lo habrá en Costa Rica, Honduras o cualquier país centro y sudamericano?
De todas maneras, cualquiera que sea la resolución que adopte el miércoles próximo la Contraloría General de la República, sobre el caso de la DGI, no se puede poner en duda el enorme peso de las evidencias que contiene el proyecto de resolución preparado por los auditores y asesores legales del ente fiscalizador del Estado. En consecuencia sólo cabe esperar que los contralores actúen de conformidad con lo que indican esas evidencias, y de acuerdo con la inmensa responsabilidad institucional, legal y moral que los fiscales de la República tienen hacia el pueblo en su carácter de protectores de los bienes públicos y guardianes del honor de la nación.