Este 19 de noviembre se cumplen exactamente dos años desde que Nicaragua, bajo la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, denunció la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA), lo que significó su decisión de retirarse del organismo, que se concreta oficialmente este domingo 19.
A pesar del retiro del organismo hemisférico, el régimen está y seguirá obligado a cumplir con el respeto de todos los derechos humanos contenidos en las convenciones multilaterales de las partes firmantes.
La dictadura, a través del canciller orteguista Denis Moncada, presentó su renuncia a la OEA en respuesta a la resolución “La situación de Nicaragua” que aprobó la Asamblea General de la OEA, en la que declaró ilegítimas las elecciones generales de 2021 en Nicaragua. La carta fue enviada al secretario general de la OEA, Luis Almagro.
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“Me dirijo a usted para notificarle oficialmente nuestra indeclinable decisión de denunciar la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA), conforme a su artículo 143, que da inicio al retiro definitivo y renuncia de Nicaragua a esta organización”, indicaba el documento oficial presentado por Moncada.
El artículo 143 de la Carta de la OEA establece que una vez presentada la denuncia tendrán que pasar dos años para ser efectiva. “Transcurridos dos años, a partir de la fecha en que la Secretaría General reciba una notificación de denuncia, la presente Carta cesará en sus efectos respecto del Estado denunciante, y este quedará desligado de la Organización después de haber cumplido con las obligaciones emanadas de la presente Carta”.
Dictadura confiscó la sede de la OEA en Managua
Cinco meses después de la renuncia a la Carta de la OEA, en abril la dictadura confiscó el edificio que rentaba el organismo hemisférico para su sede en Managua. Fue Rosario Murillo, la cogobernante y vocera del régimen, quien informó el 26 de abril de 2022 que el edificio había sido declarado de “utilidad pública”.
“La Procuraduría General de la República informa que el bien inmueble que ocupaba la oficina de la deplorable OEA, despreciable OEA, ha sido objeto de declaratoria de utilidad pública y pasará al Estado de Nicaragua, quien a través de la unidad ejecutora, en este caso el Instituto de Cultura, va a desarrollar el museo de la infamia”, confirmó Murillo.
El régimen orteguista, al ocupar policialmente la sede de la OEA en Managua, violó el Acuerdo General entre la Secretaría General de la OEA y el Gobierno de la República de Nicaragua —firmado por el primer gobierno sandinista en 1989— sobre el funcionamiento de su oficina y el reconocimiento de sus privilegios e inmunidades, denunciaron en ese momento expertos en derecho y relaciones internacionales.
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En el capítulo IV titulado “Privilegios e inmunidades” se encuentra la cláusula novena que dicta que “la oficina, la Secretaría General y la Organización, así como sus bienes, sedes, archivos y embarques gozarán en el país de inmunidad contra procedimientos ejecutivos, administrativos, y no podrán ser objeto de allanamientos, registro, requisición, confiscación, expropiación, embargo o cualquier otra medida de ejecución, a excepción de los casos particulares en que esa inmunidad expresamente renunciada por el Director de la Oficina, debidamente autorizado para hacerlo por el Secretario General”.
El 24 de febrero de este año, la dictadura inauguró la llamada Casa de la Soberanía, en Managua, ubicada en el edificio que arrendaba la OEA.
Sesión por Nicaragua
El pasado 8 de noviembre, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó por consenso la resolución “Medidas resultantes de la denuncia de la Carta de la OEA por la República de Nicaragua”, en la que los Estados miembros afirman que este país “sigue obligado a respetar todos los derechos humanos”, aunque se salga de este organismo.
Tras presentar la resolución, el presidente del Consejo Permanente, Ronald Sanders, aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje al pueblo de Nicaragua, para decirle: “No les vamos a abandonar”.
“La resolución que hemos adoptado la mañana de hoy y las afirmaciones que se han hecho ante este Consejo Permanente, envían un mensaje bastante claro, de que a pesar de que Nicaragua ha denunciado la Carta de la OEA, los miembros de este organismo seguirán estando vigilando y seguirán monitoreando la situación de Nicaragua y a los derechos de los nicaragüenses. Ni Nicaragua ni el pueblo nicaragüense serán abandonados”, dijo Sanders, quien además es representante permanente de Antigua y Barbuda ante la OEA.
A pesar de esto, el retiro del organismo hemisférico no deja de ser un duro golpe para Nicaragua y la región y “un duro golpe a la lucha de la defensa de los derechos humanos y a la democracia, no solo en Nicaragua, en Centroamérica y el hemisferio”, calificó el exembajador de Nicaragua ante la OEA, Arturo McFields.