magistrados

En las próximas semanas en la medida en que avance el calendario electoral, impuesto por los magistrados de facto del CSE, el tema que dominará nuestro espectro político será la disyuntiva existente de ir o no a las elecciones municipales con los mismos magistrados corruptos y sin cambios sustantivos que garanticen el respeto por el voto depositado. Algunos políticos esgrimirán como pretexto para asistir la salvaguarda de la personería jurídica de sus respectivas instituciones, otros, los más descarados, dirán simplemente que es una obligación constitucional. Pero ambos en realidad saben que le hacen el juego al Gobierno, ya sea como zancudos o como simples mercenarios de la política. Ante ese escenario, el Partido Liberal Independiente (PLI) tiene la responsabilidad como partido líder de la oposición, de conducirse en estricto apego a lo que hasta ahora ha sido su actuar político en nuestra vida nacional. Para nadie es un secreto que el PLI no ha sido un partido puestívoro, es decir que no corre tras migajas del poder y más bien, de sus filas han salido los más connotados héroes nacionales de nuestra historia contemporánea. Esto a mi juicio nos obliga a sentar una posición apegada a nuestros principios y una vez definida, convocar a los aliados de las elecciones pasadas y junto con ellos y otras organizaciones afines consensuar los planes de acciones futuras. No hacerlo de esta manera sería un error y a la larga redundaría en fricciones innecesarias con algunos grupos políticos que pudiesen tener conceptos y proyectos diferentes.