Ramón H. Potosme
El diputado de la Bancada Democrática Nicaragüense (BDN), Eduardo Montealegre Rivas, pidió una reunión política con el gobierno del inconstitucional presidente Daniel Ortega, para resolver la ilegalidad del Consejo Supremo Electoral.
El legislador reiteró que hasta la fecha lo único que han tenido son pláticas informales a nivel de la Asamblea Nacional.
Consideró que si bien el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) puede designar por sí solo a los más de 60 funcionarios que ocuparán cargos vencidos, no podrá hacerlo con personajes notables ni con credibilidad.
Para Montealegre, líder del Partido Liberal Independiente (PLI), la segunda fuerza política del país, es necesario elegir hombres y mujeres que no respondan a intereses partidarios y que garanticen, aunque fuesen propuestos por el FSLN, que van a contar los votos emitidos por los ciudadanos.
En el caso de las propuestas del PLI, asegura que buscarán a ciudadanos honorables que respeten la voluntad popular.
Indica además que los sandinistas estarían dispuestos a elegirlos en agosto sin el respaldo opositor invitando a personas notables a integrar el CSE. Ante estas afirmaciones, Montealegre dijo que la Alianza PLI está lista a sentarse a discutir para elegir ciudadanos probos.
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“Dudo que encuentren un notable que va a querer ser elegido por el FSLN y sentarse al lado de los actuales, uno o dos magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE), si es así no es notable. Por lo tanto, lo que digo es que tenemos que sentarnos y escoger a los mejores hombres y mujeres”, reiteró Montealegre.
Pese a esto, el jefe de la Bancada Sandinista, Edwin Castro, también ha reiterado que están anuentes a la negociación y que la escogencia de funcionarios se dará en “cuanto haya consenso”. Pero ese discurso lo ha mantenido en los últimos seis meses sin concretar ningún resultado.
Ambos bandos se han acusado de no querer negociar y el miércoles “fuentes sandinistas” dijeron al boletín electrónico Informe Pastrán que ellos podrían elegir “a personas notables” sin necesidad de contar con los votos de la Alianza PLI porque supuestamente los opositores “hacen demasiadas exigencias”.
Extraoficialmente se conoce que la Alianza considera necesario como mínimo que tres de los siete nuevos magistrados sean personas independientes y que uno más sea electo de consenso entre ambas fuerzas. Este planteamiento permitiría al orteguismo ocupar tres de los siete cargos.
NO SOLO CAMBIAR MAGISTRADOS
Montealegre espera que en una eventual negociación con el FSLN se hagan también transformaciones en las estructuras del CSE. Cambios a niveles técnicos para que ese poder del Estado responda a la Ley y a la voluntad ciudadana, no a una consigna política.
El legislador no especificó si ello implica cambiar a todos los actuales magistrados de facto que usurpan el poder electoral. Montealegre evitó afirmar si hay veto o no al actual titular del CSE, Roberto Rivas o del resto. Se limitó a decir que el caso del exmagistrado Julio Osuna evidencia la necesidad de hacer cambios.
“Con todo lo que ha pasado en el Consejo Supremo Electoral, en particular con lo de (exmagistrado suplente Julio) Osuna y la olla podrida que se ha destapado, necesitamos cambios fundamentales, no es asunto de vetos sino de votos, de escuchar a la ciudadanía”, consideró Montealegre.
El diputado opositor cuestionó la entrega de cédulas nicaragüenses a miembros de la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). “Aquí nadie se traga que Julio Osuna es un caso aislado, si no, ¿quién aprobó cédulas para narcos, quién aprobó cédulas para las FARC?” señaló Montealegre.
El legislador se refiere al colombiano Fernando Meléndez Paudd, quien supuestamente es miembro del cártel de Cali con cédula nica. O el caso de Alberto Bermúdez, alias “El Cojo”, también miembro de las FARC, caso revelado por LA PRENSA en octubre del 2008.
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