La apatridia es un fenómeno político nuevo en Nicaragua. Solo hasta ahora, con la dictadura sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo hay apátridas nicaragüenses.
Un apátrida, en su definición más simple, es aquella persona que carece de nacionalidad. Y en un sentido amplio, “la apatridia es la condición jurídica en la que se encuentra una persona que no posee la nacionalidad de ningún Estado, lo que significa que ningún país la reconoce como ciudadana bajo el amparo de sus leyes”.
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y otros organismos internacionales que defienden los derechos de las personas, por lo menos 453 nicaragüenses han sido despojados oficialmente de su nacionalidad mediante resoluciones judiciales y decretos gubernamentales de la dictadura de Nicaragua.
Además, otros miles de nicaragüenses se encuentran en situación de apatridia de hecho, porque estando en el extranjero les fueron negadas sus solicitudes de renovación de pasaportes y cédulas, o porque habiendo viajado a otros países no se les ha permitido regresar a su país.
La dictadura de Ortega y Murillo comenzó a imponer la apatridia en febrero de 2023, cuando mediante un acuerdo con Estados Unidos (EE. UU.) excarceló y desterró a 222 presos políticos, y luego los privó de su nacionalidad. A partir de entonces la dictadura hizo una política de Estado la conversión en apátridas a los nicaragüenses que califica como “traidores a la patria”, porque son opositores, disidentes o simplemente inconformes con la situación del país.
Antes de la actual dictadura de Ortega y Murillo, ningún otro régimen político, por muy autoritario que fuese, condenaba a la apatridia a ningún ciudadano nicaragüense.
La dictadura somocista (1936-1979), que fue la peor en la historia de Nicaragua antes de la actual de Daniel Ortega y Rosario Murillo, desterraba o confinaba a algunos de sus opositores, pero temporalmente y dentro del territorio nacional. La Isla del Maíz en el Caribe y la de Ometepe en el Lago de Nicaragua, así como San Carlos, en el departamento de Río San Juan, en la frontera sur, eran los sitios preferidos por el régimen somocista para castigar con el aislamiento a algunos de sus opositores más incomodos.
Un caso histórico relevante en la época somocista es el del doctor Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, quien fue desterrado en 1957 a San Carlos y lo acompañó su esposa, doña Violeta Barrios de Chamorro. Pero al poco tiempo se fugaron hacia Costa Rica, donde el doctor Chamorro Cardenal se dedicó a organizar la invasión armada antisomocista de Olama y Mollejones, ocurrida en 1959.
Cabe mencionar que, aunque parezca insólito, Nicaragua es parte de la Convención para Reducir los Casos de Apatridia que fue aprobada en 1961. Este instrumento de derecho internacional, que compromete a los Estados a no dejar a ninguna persona sin patria, fue ratificado por el gobierno de Daniel Ortega en el año 2013. Pero en vez de respetarlo y cumplirlo ha hecho lo contrario sin ninguna vergüenza ni escrúpulo.
También es importante señalar, que despojar a una persona de su nacionalidad y convertirla en apátrida —mediante la privación arbitraria de su nacionalidad— no está tipificado en el derecho internacional, de forma automática o explícita, como un crimen de lesa humanidad.
Sin embargo, según la misma ley internacional, sí constituye un crimen de lesa humanidad cuando es “parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil bajo la forma de persecución por motivos políticos, raciales, religiosos u otros motivos inadmisibles”. Como es precisamente el caso de Nicaragua.
No obstante, no es nada fácil que los criminales de lesa humanidad puedan ser juzgados y condenados por la justicia internacional, a pesar de comprobarse con abundantes pruebas que han cometido tan grave delito contra sus propios connacionales.