El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) emitió un nuevo memorándum en el que ordena al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) examinar el cumplimiento de los compromisos económicos asumidos por residentes permanentes que patrocinaron a familiares o a otros migrantes, incluidos beneficiarios del programa del parole humanitario, y que ahora soliciten la ciudadanía estadounidense.
El documento titulado «Determinación de buena conducta moral: Incumplimiento de las obligaciones de manutención de dependientes, beneficios públicos y patrocinio mediante declaración jurada o declaración de apoyo financiero» fue circulado el 4 de noviembre.
El DHS orienta que la evaluación se haga en los casos en los que el solicitante haya incumplido deliberadamente la obligación de mantener económicamente a sus dependientes, haya obtenido ilegalmente beneficios públicos o ayudado a sus dependientes a conseguirlos de manera ilegal.
También si haya incumplido las obligaciones establecidas en una Declaración Jurada de Patrocinio Económico (formulario I-864 o I-864EZ), un Contrato entre el patrocinador y un miembro del hogar (formulario I-864A), una Declaración de Apoyo Financiero (formulario I-134) o una Declaración de Apoyo Financiero presentada en línea (formulario I-134A).
Asimismo, en el caso que haya recibido beneficios públicos sujetos a comprobación de ingresos por razones que, según los estándares de la comunidad, puedan interpretarse como un intento deliberado de evitar la autosuficiencia económica.
DHS busca demostrar «buena conducta»
El documento indica que la persona que solicita la naturalización debe demostrar que «posee buena conducta moral durante el período legalmente establecido para evaluar su solicitud» y enseguida afirma que «el incumplimiento deliberado de la obligación de mantener económicamente a sus dependientes impide que se le reconozca buena conducta moral».
Los funcionarios de USCIS «deberán analizar cada caso de manera individual y considerar todos los factores pertinentes».
La Ley de Inmigración de Estados Unidos establece determinadas conductas que impiden automáticamente demostrar buena conducta moral; no obstante, dice el memorándum, «también contempla una cláusula general que permite a USCIS evaluar otros comportamientos, aunque no estén expresamente incluidos en esas categorías».
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Sobre el incumplimiento de las obligaciones de patrocinio económico, basado en las nuevas directrices, el memorándum indica que «cuando una persona firma los formularios I-134 o I-134A se compromete a proporcionar apoyo económico al inmigrante durante su permanencia temporal en Estados Unidos».
El formulario I-134A fue el que miles de patrocinadores del parole humanitario debieron de presentar como parte de los requisitos durante la vigencia del parole humanitario entre enero de 2023 y 2025. Fue un programa implementado bajo el mandato de Joe Biden dirigido para que ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela pudieran llegar a EE. UU. mediante un permiso de permanencia temporal.
«Si el patrocinador incumple estas obligaciones, especialmente cuando el inmigrante patrocinado recibe beneficios públicos sujetos a comprobación de ingresos durante el período de vigencia del compromiso, USCIS puede considerar ese comportamiento como un factor negativo al evaluar su buena conducta moral», se lee.
Mayor escrutinio y posibles obstáculos para los solicitantes
A lectura de Ronmell López, activista y experto en leyes migratorias, el memorándum «endurece la evaluación del buen carácter moral para la naturalización, especialmente en casos de incumplimiento de manutención familiar, obligaciones de patrocinio y uso indebido de beneficios públicos».
A su criterio, lo «delicado» es que «contempla la evasión intencional de la autosuficiencia, incluso cuando los beneficios se obtuvieron legalmente».
López insiste en que lo que establece el memorándum sea nuevo, dado a que varios de los criterios ya existían, sin embargo, destaca que lo nuevo es «el alcance de su aplicación, incorporando un mayor escrutinio y posibles obstáculos para quienes desean convertirse en ciudadanos estadounidenses».
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Agrega que «recibir asistencia pública legalmente no constituye, por sí solo, motivo de descalificación».
En cuanto a lo relacionado a los patrocinadores del parole humanitario, López señala que «si el residente permanente patrocinó a un nicaragüense y este recibió ayuda pública, eso no le perjudica automáticamente. Uscis podría evaluar si el patrocinador incumplió deliberadamente su compromiso económico al momento de solicitar la ciudadanía». A su vez, reconoce que «cada caso es diferente».
El DHS no menciona cuándo se comenzará a implementar el memorándum, pero sí dice que «USCIS elaborará e implementará nuevas disposiciones en su Manual de Políticas y directrices para que los funcionarios puedan evaluar la buena conducta moral de los solicitantes de ciudadanía bajo estos criterios».
Sobre el alcance del memorándum, señala que «está destinado exclusivamente a orientar al personal de USCIS en el desempeño de sus funciones oficiales. No crea derechos o beneficios legales exigibles por parte de individuos u otras personas en procesos de deportación, litigios contra Estados Unidos u otros procedimientos».