El martes de esta semana se informó oficialmente que el hospital de la Policía Nacional, que tiene el nombre de Roberto Huembes, ha pasado a formar parte de la cadena de hospitales del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), denominada Sermesa (Servicios Médicos Especializados S.A.).
Cabe mencionar que Roberto Huembes era un guerrillero urbano sandinista que murió el 7 de noviembre de 1976, en Managua, abatido por soldados de la Guardia Nacional (GN) somocista. Al día siguiente murió Carlos Fonseca Amador, el fundador del FSLN, también combatiendo contra la GN pero en las montañas de Matagalpa.
El INSS dio a conocer mediante un comunicado que la decisión de absorber en Sermesa el hospital policial se tomó “luego de culminar distintos procesos de verificación y validación” sobre los servicios de dicho centro hospitalario.
El comunicado no explicó nada más. Sin embargo, LA PRENSA informó que según noticias no verificadas —porque en el ambiente de dictadura es muy difícil verificar informaciones sobre el sector público—, previo a que se decidiera la absorción del Hospital Roberto Huembes por Sermesa, su director y otros altos cargos fueron encarcelados después de que “una auditoría revelara casos de corrupción entre los dirigentes del centro médico policial”.
La información es plausible, a pesar de la imposibilidad de verificarla, porque de sobra se conoce que la corrupción es una de las principales características del régimen autoritario de Ortega y Murillo.
Precisamente para ocultar la corrupción gubernamental la dictadura abolió la Ley de Acceso a la Información Pública, cuyo propósito era garantizar —al menos de manera jurídica—, el derecho de los nicaragüenses a solicitar y recibir información de interés público que se encuentra en poder de las entidades del Estado, instituciones autónomas, municipalidades, sociedades mixtas o entidades privadas que administran recursos públicos. Y en general la dictadura eliminó todo el sistema de rendición de cuentas de los poderes del Estado y demás instituciones públicas.
Es que la falta de información y la censura de prensa son herramientas fundamentales de control social de la dictadura. Por eso ha centralizado los medios de comunicación de radio y televisión, prohibió la libre información, confiscó medios, y encarceló y mandó al exilio a los periodistas independientes, todo para ocultar la información gubernamental, salvo la que los codictadores crean conveniente divulgar.
Por supuesto que en el caso del Hospital Roberto Huembes también ha habido y hay, con toda seguridad, problemas operativos y de mala atención a los policías y sus familias. Pues, además de la corrupción, la ineficiencia, el burocratismo y el menosprecio a las personas son característicos de todo régimen dictatorial. Y el de Nicaragua no puede ser la excepción.
Si la Policía tiene derecho o no a contar con su propio hospital, financiado con los aportes de seguridad social de sus miembros y por otros medios, es otro tema de discusión. Se conoce que en varios países de América Latina hay sistemas de salud policial o militar creados mediante leyes orgánicas o regímenes especiales de seguridad social. Y todos afrontan o han afrontado problemas de falta de eficiencia administrativa y en los servicios de salud.
En Nicaragua, cuando por fin vuelvan la libertad y la democracia que merece el pueblo nicaragüense, las autoridades que sean elegidas libremente por los ciudadanos tendrán que ocuparse de ese asunto. Y decidir lo que será necesario hacer para que haya un mejor servicio a las personas, no solo a los policías y los militares. Y en general para que funcione un sistema de salud pública de calidad.
