Desde principios de la década de 1980 hasta el inicio de la pandemia de covid-19 en 2020, la economía mundial disfrutó de condiciones excepcionalmente favorables. La Guerra Fría terminó, los presupuestos de defensa se redujeron y cientos de millones de trabajadores se incorporaron al mercado global. La energía y los metales eran en su mayoría baratos, y las cadenas de suministro se extendían a través de las fronteras, partiendo de la premisa de que las mercancías siempre circularían libremente. La inflación mostraba una tendencia a la baja, debido en parte a los bancos centrales y en parte a la sólida ola de paz, globalización y abundante oferta en la que se encontraban inmersos.
La situación ha cambiado. Las próximas décadas estarán marcadas por una contienda geopolítica por el suministro de energía, metales industriales, tierras raras, minerales críticos y chips semiconductores. El agua y los alimentos podrían sumarse a la lista. La competencia será feroz y, en ocasiones, violenta.
Para pagar sus deudas y mantener a poblaciones que envejecen, las economías avanzadas necesitan crecimiento, y los principales motores —desde la IA hasta la electrificación y el rearme— dependen en gran medida de los materiales. El consumo eléctrico de los centros de datos se duplicará con creces para 2030. Los países en desarrollo, densamente poblados, necesitan acero, cobre y energía para construir infraestructuras. Pero la oferta responde con lentitud: el desarrollo de una nueva mina lleva más de una década, y el procesamiento se concentra en unos pocos países. Cuando la demanda es urgente, la energía es tan importante como el precio para determinar los resultados.
Un mundo con oferta limitada es propenso a la estanflación, que, a diferencia de la demanda débil, carece de una solución directa mediante la política monetaria. Las tasas de interés más altas no producen ni un barril de petróleo ni una tonelada de cobre. Reducen la demanda, pero también elevan el costo de la inversión, necesaria para expandir la oferta. La política fiscal, si se enfoca en la producción y la productividad con objetivos y plazos claros, puede ser más efectiva. El riesgo radica en que los gobiernos ofrezcan subsidios y transferencias generalizadas que aumenten la demanda sin mejorar la oferta.
Este cambio tiene una dimensión política. Durante cuatro décadas, los banqueros centrales, cuyos miembros no fueron elegidos democráticamente, establecieron los límites, y se esperaba que los gobiernos los respetaran. Sin embargo, los funcionarios electos desean controlar, con razón, las herramientas políticas que rigen la seguridad energética, la capacidad industrial y los costos de la deuda. Esto, a diferencia del pasado, podría significar que la política monetaria pase a un segundo plano frente a la política fiscal para garantizar el suministro necesario de materias primas y recursos esenciales.
Las economías emergentes podrían concluir que un dólar más débil aliviará la presión sobre sus monedas y atraerá capital. Sin embargo, mucho depende de las condiciones locales. Las economías ricas en recursos se beneficiarán de mejores términos de intercambio, aunque sus monedas podrían fortalecerse, un problema que probablemente intentarán solucionar con medidas de represión financiera. Las economías populosas y de rápido crecimiento, sin suficientes reservas de energía o minerales, se verán obligadas a competir con las economías ricas por estos recursos. Un dólar más débil ayuda marginalmente, pero no abarata el petróleo ni el cobre.
Para muchos países, la política energética se ha convertido en una política macroeconómica, ya que cada unidad de energía que logran evitar importar reduce el riesgo de estanflación. Esto subraya la necesidad de eficiencia, generación nacional a partir de todas las fuentes posibles, proveedores diversos y reservas estratégicas.
Estos gobiernos deberían brindar apoyo directo a los hogares más pobres, en lugar de depender de subsidios generalizados a los combustibles, y deberían enfocar su política fiscal en mejorar y acelerar el suministro de energía, agua, logística, minerales (mediante procesamiento y reciclaje) y mano de obra calificada. Los responsables políticos deben hacerlo comprometiéndose con un ancla creíble de deuda pública —el dominio fiscal no tiene por qué significar despilfarro fiscal— y ofreciendo a los ahorradores instrumentos protegidos contra la inflación que financien la inversión nacional. La regulación también debe estar al servicio de la oferta. La rapidez con la que un país puede aprobar una mina, una línea eléctrica o una fábrica es ahora una ventaja competitiva.
Ante todo, estas economías deberían redoblar sus esfuerzos en otros recursos reales que podrían escasear en el futuro. Los alimentos son un ejemplo. Los países con un sector agrícola sólido pueden aumentar la producción por trabajador, preservar la salud del agua y del suelo, invertir en el procesamiento agroindustrial y convertirse en proveedores confiables. Esto requiere mucha menos inversión de capital que perseguir la vanguardia tecnológica.
El capital humano es otro factor clave. Las sociedades que envejecen necesitarán trabajadores para empleos que las máquinas no pueden desempeñar fácilmente, como el cuidado de ancianos, la enfermería, la orientación psicológica y la hostelería. Los países que capacitan a jóvenes según estándares reconocidos pueden negociar la movilidad de esta población cualificada como socios, en lugar de como solicitantes.
En el ámbito nacional, la manufactura y los servicios intensivos en mano de obra siguen siendo la vía más segura para la creación de empleo a gran escala. Si bien invertir en manufactura avanzada es necesario para fortalecer la resiliencia, el objetivo no debe ser la autosuficiencia a cualquier precio. Un enfoque más adecuado consiste en reconocer la necesidad de insumos importados y mitigar los riesgos de la dependencia mediante la diversificación de proveedores y el mantenimiento de reservas estratégicas.
La era de la abundancia ahora parece más una anomalía que una nueva realidad. El fin de este período privilegiado está limitando las opciones de las economías emergentes y obligándolas a actuar con rapidez. Los gobiernos que comprendan lo que está en juego desde el principio y comiencen a coordinar ahora sus políticas energéticas, fiscales, monetarias, comerciales y de capacitación tendrán mejores resultados que aquellos que esperen el regreso de la abundancia. Esta no volverá.
El autor es el principal asesor económico del Gobierno de la India.
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