El nicaragüense Alester de Jesús Sáenz Centeno será ordenado diácono el sábado 10 de octubre a las 11:00 de la mañana (hora de Roma) en la Basílica de San Juan de Letrán, informó la Diócesis de Roma. Sáenz es uno de los dos seminaristas y expresos políticos que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo desterró el 13 de enero de 2024 junto a otros 17 religiosos, entre ellos el obispo Rolando Álvarez (Matagalpa) e Isidoro Mora (Siuna).
Según la información divulgada por la Diócesis de Roma, Sáenz Centeno será ordenado diácono junto a otros once seminaristas. La solemne celebración eucarística será presidida por el cardenal vicario Baldo Reina. Después de la ordenación diaconal está a solo un paso de convertirse en sacerdote. Su caso evidencia la perseverancia de la fe del religioso, a pesar de la experiencia represiva vivida en Nicaragua.
Policías y civiles armados secuestraron a Sáenz Centeno el 20 de diciembre de 2023, cuando acompañaba al obispo de la Diócesis de Siuna, monseñor Isidoro Mora. En ese momento, Mora se dirigía a administrar el sacramento de la confirmación a 230 feligreses del municipio La Cruz de Río Grande en la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur (RACCS), según publicó Mosaico CSI, un medio independiente de referencia en el norte de Nicaragua.
En la Iglesia católica, según el catecismo, el servicio conocido como diaconado es el grado inferior de la jerarquía, inmediato a la participación sacerdotal (episcopado y presbiterado). Un diácono puede predicar la homilía con autorización, enseña la catequesis y la doctrina cristiana a la comunidad, asiste al obispo y al sacerdote en las celebraciones eucarísticas, coordina y realiza obras de asistencia social, entre otras funciones. A diferencia del sacerdote, no puede consagrar la Eucaristía, confesar ni administrar la unción de los enfermos.
Una vocación persistente, a pesar de la represión
Alester Sáenz es originario del municipio de Rosita, Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN). Formaba parte de la Diócesis de Siuna, una de las cuatro que actualmente se encuentran acéfalas, luego de que el régimen encarceló y expulsó a su obispo. El 13 de enero de 2024, la dictadura expulsó del país a Isidoro Mora, a cargo de la Diócesis de la que forma parte quien será ordenado como diácono.
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El ataque implacable de Ortega y Murillo
Ortega y Murillo convirtieron a la Iglesia católica en uno de los focos de los ataques tras la represión de 2018, cuando los religiosos respaldaron a las víctimas del Estado. Más de 300 religiosos han sido expulsados o impedidos de ingresar al país, entre ellos cuatro obispos de diez que integraban la Conferencia Episcopal de Nicaragua.
Según un informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), publicado el 22 de julio de 2024, los codictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo, así como funcionarios y autoridades de los poderes e instituciones del Estado a todos los niveles «participaron en un patrón de violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos en contra de los miembros de la Iglesia católica y otras confesiones cristianas» entre abril de 2018 y el 31 de marzo de 2024, período de análisis que abarca el documento.
Actualmente hay cuatro diócesis acéfalas tras la expulsión de Álvarez (Matagalpa y administra la Diócesis de Estelí), Mora (Siuna) y Carlos Herrera (Jinotega). Esto impide que se realicen las ordenaciones sacerdotales, explicó a LA PRENSA la abogada e investigadora Martha Patricia Molina, autora de la serie de informes Nicaragua: ¿una iglesia perseguida?, en la que documenta las violaciones a la libertad religiosa. Porque son los titulares de estos obispados los únicos autorizados para hacer los nombramientos.
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“Los seminaristas en esas cuatro diócesis no pueden ser ordenados diáconos y menos sacerdotes, debido a la prohibición (de celebrar ordenaciones sacerdotales y diaconales)”, explica Molina. El cuarto obispo en el exilio es monseñor Silvio Báez, auxiliar de la Arquidiócesis de Managua.
Molina: Persecución religiosa “cada vez es más fuerte”
De 2019 hasta la cuaresma 2026, el régimen ha prohibido más de 28, 000 procesiones religiosas, de acuerdo con Molina. El ataque contra la fe de los nicaragüenses se ha expresado también en la confiscación de 43 propiedades y en la vigilancia en las iglesias. Además, desde el 26 de julio de 2024 permanece detenido bajo «seminario por cárcel» el padre Frutos Valle, administrador de la diócesis de Estelí.
“Algunos (seminaristas) han optado por trasladar su servicio pastoral a una diócesis donde la dictadura sandinista sí permite las ordenaciones; también existen casos que salen al exilio para ser ordenados por sus pastores o en el peor de los casos quedan en un limbo”, expone Molina.
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Pese a que en los últimos días el régimen ha autorizado la realización de procesiones religiosas “supervisadas y coordinadas”, la abogada subraya que la persecución religiosa en Nicaragua “cada vez es más fuerte”, pero que no se visibiliza porque los religiosos tienen miedo de denunciar.
De acuerdo con los informes de Molina, tan solo la Diócesis de Siuna, de la que es parte el seminarista y futuro diácono Alester Sáenz, “realiza el trabajo pastoral con el 65 por ciento de su clero, el resto se encuentra en el exilio debido a la persecución política”.
