Señoras y Señores Ministros de Relaciones Exteriores,
Señor Secretario General,
Señoras y señores representantes:
Nos congrega hoy una situación que ya no admite eufemismos.
Lo que la comunidad internacional observa en Nicaragua no es una crisis espontánea ni coyuntural. Es una dictadura enquistada, el resultado de un prolongado proceso de destrucción de las instituciones democráticas, concentración del poder y abolición abyecta de los derechos y libertades fundamentales.
Durante años los órganos internacionales de protección de los Derechos Humanos han documentado una sucesión de violaciones que han cancelado, una tras otra, las libertades más fundamentales del pueblo nicaragüense.
Las víctimas merecen que hoy las recordemos, porque detrás de cada derecho violado existen personas, nombres, vidas que han sido afectadas para siempre.
El derecho a la vida.
Las protestas sociales de abril de 2018 marcaron uno de los episodios más dolorosos de la historia reciente de Nicaragua y de nuestro hemisferio.
355 personas vilmente asesinadas, la gran mayoría como consecuencia de disparos de armas de fuego contra la población civil en el contexto de acciones represivas. Entre ellos, la muerte de 27 niñas, niños y adolescentes.
El periodista Ángel Gahona murió de un disparo mientras transmitía en directo desde Bluefields. Álvaro Conrado, de apenas quince años, murió también durante aquellas jornadas de protesta.
No hablamos de simples estadísticas, hablamos de personas que salieron a las calles, buscando justicia y libertad, y que nunca regresaron a sus hogares.
El derecho a la integridad personal y la prohibición absoluta de la tortura.
El régimen apela a las torturas, aislamiento, amenazas y condiciones inhumanas de detención contra personas privadas de libertad por razones políticas.
Son actos despreciables. Golpes, palizas, violencia sexual, descargas eléctricas, quemaduras con ácido y cigarrillos, asfixia, arrancamiento de uñas; perpetrados por agentes del Estado, orientados a reprimir a personas, a ciudadanos de bien, por el simple pecado de ser opositoras del régimen, o por ser percibidos así.
Ninguna divergencia política, ninguna razón de Estado, ningún cálculo político y ninguna pretensión de preservar el poder pueden justificar la tortura de los seres humanos.
El derecho a la libertad personal y el derecho a no ser sometido a desaparición forzosa.
Desde 2018, se reportan más de 4,500 nicaragüenses que han sido detenidos arbitrariamente en el contexto de la represión: estudiantes, opositores, periodistas, defensores de derechos humanos, religiosos y religiosas, dirigentes sociales.
El caso de Brooklyn Rivera resulta particularmente estremecedor. Diputado de la Asamblea Nacional y líder indígena del pueblo Miskitu, desapareció en septiembre de 2023. Durante más de dos años, las autoridades ocultaron su paradero y se negaron a proporcionar información sobre su estado de salud. El 31 de mayo pasado, se conoció su muerte mientras permanecía secuestrado por el Estado.
Eddy Antonio Montes Praslin, Santos Sebastián Flores Castillo, Jorge Hugo Torres Jiménez, José Modesto Solís Aguilar, Humberto Ortega Saavedra, Mauricio Francisco Alonso Petri, Carlos Alberto Cárdenas Zepeda.
Todos, nicaragüenses privados de su libertad por motivos políticos que murieron en manos del Estado tras haber sufrido condiciones infrahumanas y, en varios casos, tortura.
El derecho a la nacionalidad y el derecho de toda persona a permanecer en su propio país.
El 9 de febrero de 2023, 222 personas fueron excarceladas, expulsadas de Nicaragua y privadas de su nacionalidad. Seis días después, otras 94 personas fueron despojadas, sin juicio previo, de su nacionalidad, de sus derechos políticos y de sus bienes.
Convertir la nacionalidad en un premio a la obediencia o en un castigo contra quien piensa diferente supone llevar la persecución política hasta negar a los nicaragüenses su vínculo jurídico con su propio estado.
La libertad de expresión, de asociación y de religión.
En estos años, el régimen ha clausurado medios de comunicación, cancelado organizaciones de la sociedad civil, confiscado bienes, cerrado universidades y perseguido a periodistas, defensores de derechos humanos y miembros de comunidades religiosas.
El 29 de junio de este año fue detenido monseñor Juan Abelardo Mata Guevara, obispo emérito de Estelí y beneficiario de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, junto con sacerdotes y un diácono. aún hoy, la comisión continúa exigiendo información verificable sobre su paradero y su estado de salud.
Una sociedad en la que un periodista teme informar, un ciudadano teme asociarse y un religioso teme ejercer libremente su ministerio es una sociedad en la que se desprecia a la humanidad.
Los derechos políticos.
La erosión de la garantía de los derechos políticos tampoco comenzó ayer. En 2016, hace 10 años, 28 diputados de oposición —16 titulares y 12 suplentes— fueron simplemente expulsados de la Asamblea Nacional.
En 2021, la represión alcanzó directamente a quienes aspiraban a disputar el poder por la vía electoral. Precandidatos presidenciales y dirigentes opositores fueron detenidos antes de las elecciones; entre ellos, Cristiana Chamorro, Félix Maradiaga, Arturo Cruz y Juan Sebastián Chamorro.
Y hoy asistimos a un nuevo y gravísimo escalón. El pasado mes de julio, el dictador Daniel Ortega anunció que en Nicaragua “no volverá a haber elecciones”.
Paralelamente, una nueva reforma constitucional propone ampliar nuevamente el mandato de esta nefasta “copresidencia” y elevar a rango constitucional restricciones que impedirían la participación política de personas calificadas por el régimen como “golpistas” o “traidoras a la patria”. Ellos califican a las personas de golpistas o traidoras a la patria, cuando ellos son los golpistas y los traidores a la patria.
¿Acaso podemos concebir un ataque más abierto e indignante a los preceptos básicos de la democracia y a la carta interamericana?
Señor presidente:
Esta trágica secuencia nos permite comprender la dimensión de lo ocurrido: primero se reprimió la protesta; después se encarceló al adversario; luego se cerró el espacio cívico; más tarde se expulsó y desnacionalizó al disidente; y hoy se pretende restringir incluso la posibilidad misma de competir y ser elegido.
Esa es la radiografía que hoy tenemos ante nosotros. y frente a ella, ya no basta con reiterar nuestra preocupación.
El Perú condena las graves violaciones de derechos humanos en Nicaragua y reafirma su inquebrantable compromiso con la defensa de la democracia, el estado de derecho, el pluralismo político y el derecho de los ciudadanos a elegir libremente a sus autoridades.
Y el Perú cree firmemente que, ante la gravedad extraordinaria de esta situación, esta organización no puede mantenerse al margen ante lo que constituye una aberración de la democracia y una amenaza a la seguridad hemisférica y al derecho de los pueblos a vivir en paz.
Debemos estar a la altura de las circunstancias y adoptar una respuesta política y diplomática contundente.
Consideramos necesaria la conformación de una misión especial de mediación para Nicaragua, que pueda promover un acercamiento de todos los actores políticos y que busque el restablecimiento de una institucionalidad democrática efectiva y respetuosa de los derechos humanos y las libertades.
No pretendemos decidir por Nicaragua. Pretendemos que los nicaragüenses vuelvan a poder decidir por sí mismos.
Que puedan hablar sin ser perseguidos. Reunirse sin ser encarcelados. Practicar su fe sin ser hostigados. Conservar su nacionalidad, no es mucho pedir: conservar su nacionalidad sin que esta dependa de su obediencia política. Y, sobre todo, elegir y ser elegidos en elecciones libres, auténticas, justas, transparentes.
Porque como consagramos en la Carta Interamericana Democrática: “Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla.”
El pueblo nicaragüense merece que nuestra región actúe con firmeza frente a los hechos, que llame a cada violación por su nombre y que esta organización esté a la altura de su responsabilidad histórica.
Muchas gracias, señor presidente.
