Señores Ministros, señor Secretario General, Secretaria General Adjunta, distinguidos delegados,
Costa Rica llega a esta reunión con una convicción clara: frente a lo que está ocurriendo en Nicaragua, el hemisferio no puede limitarse a expresar preocupación.
Los hechos hablan por sí solos.
En julio, Daniel Ortega anunció que Nicaragua no volvería a celebrar elecciones. El primero de setiembre, la Asamblea Nacional aprobó en primera legislatura una nueva reforma constitucional que restringe la participación política de quienes el régimen considere “golpistas” o “traidores a la patria” y amplía de seis a siete años el mandato de los llamados copresidentes.
No estamos ante hechos aislados. Estamos ante un proceso sistemático de eliminación del pluralismo político, cierre del espacio cívico y concentración del poder.
Costa Rica condena firmemente esta deriva autoritaria.
Una Constitución no puede convertirse en un instrumento para decidir quién tiene derecho a participar en la vida política y quién no. El derecho a elegir y ser elegido, la alternancia en el poder y las elecciones libres, auténticas y plurales son elementos esenciales de la democracia representativa. Y debemos decirlo claramente: hoy esas condiciones no existen en Nicaragua.
Para Costa Rica esto no es un asunto lejano. Somos vecinos. Hemos acogido a decenas de miles de nicaragüenses que han buscado protección y oportunidades en nuestro territorio. Conocemos directamente las consecuencias humanas y migratorias de esta crisis. Conocemos también sus consecuencias para nuestra seguridad.
El Gobierno de la Presidente Laura Fernández ha venido advirtiendo sobre la gravedad de la minería ilegal en nuestra zona norte y su vinculación con el crimen organizado transnacional: Hoy reiteramos esa preocupación.
La extracción ilegal de oro, el transporte de insumos, su procesamiento, comercialización y los flujos financieros asociados conforman una cadena ilícita que causa graves daños ambientales y amenaza la seguridad de nuestras comunidades.
Precisamente por la importancia que este tema reviste, hemos solicitado que quede constancia, mediante una nota al pie en el documento que adopte esta Reunión, de nuestra especial preocupación por la minería ilegal, su vinculación con la delincuencia organizada transnacional y sus efectos sobre el medio ambiente.
Lo que ocurre en Nicaragua no termina en sus fronteras. Sus consecuencias alcanzan a sus vecinos y comprometen la seguridad y la estabilidad de nuestra región. Por esta razón, Costa Rica agradece a los Estados Unidos la iniciativa que condujo a la convocatoria de esta Reunión y apoya una respuesta firme y coordinada del hemisferio.
Esta Reunión debe significar algo. No podemos reunirnos, aprobar un texto y volver dentro de unos meses a constatar que la situación empeoró.
La OEA debe mantener una acción sostenida, con objetivos claros y mecanismos de seguimiento. Debemos utilizar plenamente las herramientas de la Carta de la OEA, la Carta Democrática Interamericana y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Nuestras exigencias deben ser igualmente claras: liberar a las personas detenidas por razones políticas; restituir plenamente los derechos civiles y políticos, incluida la nacionalidad; cumplir las medidas provisionales de la Corte Interamericana; y crear condiciones reales para elecciones libres, plurales y con observación internacional.
Nos preocupa especialmente la persistente persecución contra líderes religiosos y comunidades de fe. La detención, expulsión y hostigamiento de religiosos forman parte del cierre sistemático de los espacios de libertad en Nicaragua. La fe no puede ser tratada como una amenaza ni utilizada como motivo de persecución.
Costa Rica cree en el multilateralismo. Pero en un multilateralismo que produzca resultados.
Somos un país sin ejército, profundamente democrático y comprometido con el Derecho Internacional. Precisamente por eso, sabemos que cuando la Democracia es quebrantada sistemáticamente, mirar hacia otro lado no es prudencia. Es inacción.
El pueblo nicaragüense tiene derecho a vivir en libertad, a elegir entre distintas opciones políticas y a decidir democráticamente su futuro.
Costa Rica confía en que llegará el día en que Nicaragua recupere plenamente su Democracia y sus libertades. Ese futuro no puede ser decidido por unos pocos. Le pertenece al pueblo nicaragüense.
Hasta que ese derecho sea plenamente respetado, Costa Rica seguirá alzando su voz, con firmeza y sin ambigüedades, en defensa de la Democracia, los Derechos Humanos y la Libertad.
