Thelma Brenes, hija del preso político Carlos Brenes, de 71 años —en condición de desaparición forzada, junto a su esposa Salvadora Martínez, de 68 años— espera que los cancilleres del hemisferio “pasen de las palabras de condena a la acción multilateral” en la sesión prevista para el dos de octubre en la Organización de Estados Americanos (OEA).
“(De la) reunión en la OEA espero un consenso hemisférico firme. ¿Si la OEA no puede unirse y actuar frente a una dictadura tan cruel y tan bien documentada por las más altas instancias internacionales como la de Ortega y Murillo, cabe preguntarse para qué existe la OEA?”, cuestionó la hija del coronel en retiro Brenes, fundador del Ejército de Nicaragua.
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Los casos del militar retirado y su esposa son dos de los 31 casos considerados por el Mecanismo de Seguimiento para el reconocimiento de personas presas políticas, en que han denunciado que el Estado no ofrece información sobre el paradero de las víctimas. Esto las dejaría en total indefensión. Nicaragua, de manera global, tiene 68 presos políticos.
Agentes policiales detuvieron en agosto de 2025 al coronel Brenes y su esposa Salvadora Martínez. Ambos se encontraban en una finca ubicada entre los municipios de Masatepe (Masaya) y Jinotepe (Carazo), en el contexto de una redada durante el 46 aniversario de la Revolución Sandinista.
Según reportes de organismos de derechos humanos, Brenes —crítico del orteguismo— y su esposa fueron condenados a 15 años de prisión bajo cargos de “traición a la patria”. Desde su detención, la angustia de sus familiares ha ido en aumento, porque desconocen su paradero y la situación de salud de los detenidos. Tampoco se han publicado hasta ahora las sentencias judiciales en las cuales los condenaron.
Deben permitir ingreso de la Cruz Roja
“La OEA debe emplazar al Estado para que permita el ingreso sin condiciones del Comité Internacional de la Cruz Roja, verifique el estado de salud de los presos y los libere”, sostiene la hija del afectado, quien valora la firmeza de los países que siguen abogando por la libertad de los presos políticos.
Sin embargo, Thelma dice que para que la presión haga efecto frente al régimen, “la comunidad internacional debe enfocarse en coordinar su esfuerzo y mantener una posición firme, evaluar sus relaciones diplomáticas y de comercio si no hay las mínimas intenciones de mejorar la situación”.
La reunión de los cancilleres fue aprobada el 19 de agosto por el Consejo Permanente de la OEA con los votos de 29 países, liderados por Estados Unidos. La decisión se toma luego que el dictador Daniel Ortega anunció la eliminación de las elecciones, lo que causó una ola de condena en la comunidad internacional.
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Durante este mes, previo a la reunión de cancilleres, la situación de abuso sistemático de los derechos humanos en Nicaragua ha estado presente en distintos foros internacionales. El Grupo de Expertos en derechos Humanos de Naciones Unidas (GHREN, por sus siglas en inglés) presentó un informe bajo el título de «Anatomía de la crueldad», donde documentó que 161 personas han sido víctimas de «desaparición forzada» desde 2018. Brenes y su esposa son dos de las víctimas.
Además, el GHREN reportó que ocho personas han muerto bajo custodia del Estado, entre ellas el general en retiro Humberto Ortega Saavedra, hermano del dictador.
Desmantelamiento casi total de la democracia
El 16 de septiembre, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Volker Türk, denunció el desmantelamiento casi total de la democracia en Nicaragua.
Türk mencionó las desapariciones forzadas y el aumento de las muertes en custodia del Estado. Subrayó el caso del líder indígena Brooklyn Rivera. Murió el 30 de mayo a los 73 años de edad, después de 32 meses encarcelado en condición de «desaparición forzada».
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«El informe traza la captura casi total de las instituciones estatales por parte del partido gobernante y el abuso sistemático del poder que ha debilitado los contrapesos institucionales, dejando a la mayoría de los nicaragüenses sin recursos frente a las violaciones de derechos humanos», afirmó Türk.
Además de Brenes, otras víctimas del orteguismo han demandado severidad a la OEA. Precisamente, Tininiska Rivera, hija del líder indígena, demandó que se adopten los mecanismos diplomáticos más severos con el objetivo de evitar la impunidad.
A finales de mayo, cuando cuatro familiares, una extrabajadora y un amigo acudieron a Managua a reclamar el cuerpo de Brooklyn, fueron capturados y «desaparecidos» por la dictadura. «Desde que murió seguimos viviendo la injusticia de la muerte de mi padre, el secuestro de su cuerpo y la desaparición de mis familiares», afirmó Tininiska.
