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Durante décadas, el principio de autodeterminación de los pueblos ha ocupado un lugar central en el derecho internacional y en la diplomacia latinoamericana. Nació como un mecanismo para proteger la soberanía de las naciones frente a las injerencias externas y como una respuesta histórica al colonialismo y al intervencionismo. Sin embargo, en demasiadas ocasiones ese principio ha sido reducido a una conveniente excusa para evitar pronunciarse frente a las violaciones sistemáticas de los derechos humanos y al desmantelamiento de la democracia.
La apelación a la autodeterminación ha sido recurrente cuando las crisis involucran a gobiernos identificados con la izquierda latinoamericana. No obstante, sería un error atribuir esta práctica únicamente al progresismo. También gobiernos conservadores han recurrido a la no intervención cuando resulta políticamente conveniente preservar alianzas o evitar costos diplomáticos. Más que una doctrina jurídica, la autodeterminación ha terminado funcionando, en muchos casos, como un instrumento de cálculo político.
Pero ¿qué significa realmente la autodeterminación de los pueblos?
El sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos sostiene que la autodeterminación debe entenderse como la capacidad democrática de los pueblos para decidir su propio destino desde una perspectiva intercultural y descolonizadora. En esa definición existe un elemento fundamental: la posibilidad de elegir.
No se trata únicamente de depositar un voto cada cuatro o cinco años, como bien lo propone la democracia liberal. La autodeterminación supone que una sociedad pueda organizarse libremente, deliberar, construir alternativas políticas, ejercer derechos civiles y mantener instituciones capaces de limitar el poder. En otras palabras, que las mayorías puedan definir el rumbo de su país sin coerción y respetando el pluralismo político.
Nicaragua representa hoy uno de los ejemplos más evidentes de esa contradicción.
La izquierda latinoamericana nació enfrentando algunas de las dictaduras militares más brutales del siglo XX. Su identidad política se construyó alrededor de la defensa de las libertades públicas, la justicia social y la soberanía popular frente al autoritarismo. Resulta, por tanto, profundamente contradictorio que sectores de esa misma izquierda opten hoy por mirar hacia otro lado cuando el régimen de Daniel Ortega ha eliminado prácticamente todos los mecanismos mediante los cuales la ciudadanía puede ejercer su voluntad política.
La reciente afirmación del propio Ortega, al sostener que los procesos electorales ya no serán necesarios para definir el rumbo del país, no deja espacio para interpretaciones ambiguas. Si las elecciones dejan de ser necesarias, si los partidos son ilegalizados, si la oposición es encarcelada o expulsada del país y si toda forma de organización independiente es perseguida, ¿de qué autodeterminación estamos hablando?
No puede invocarse el derecho de un pueblo a decidir cuando ese mismo pueblo ha sido privado de la posibilidad de decidir.
El problema, sin embargo, no termina en Managua. También alcanza a quienes, desde otros gobiernos de la región, aplican criterios distintos según el país del que se trate.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por ejemplo, recientemente expresó cuestionamientos sobre el proceso electoral colombiano. Más allá de si esas observaciones son acertadas o no, resulta inevitable preguntarse por qué existe disposición para opinar sobre Colombia mientras se mantiene un prolongado silencio respecto a Nicaragua, donde abundan los informes de organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos que documentan el deterioro continuo de las libertades fundamentales, la persecución política y la represión estatal.
La pregunta no es por qué se habla de Colombia. La pregunta es por qué no se habla de Nicaragua.
Si la Cuarta Transformación reivindica una política exterior basada en la solidaridad entre los pueblos latinoamericanos, cabría esperar que esa solidaridad alcanzara también a quienes han sido privados de derechos fundamentales por un régimen autoritario.
Las inconsistencias tampoco distinguen colores ideológicos. Presidentes como Nayib Bukele o Nasry Asfura no dudaron en pronunciarse sobre la crisis venezolana y cuestionar al gobierno de Nicolás Maduro. Sin embargo, mantienen un prudente silencio frente a las decisiones del régimen nicaragüense, pese a compartir con él una región marcada por desafíos comunes en materia de democracia, migración y derechos humanos.
Centroamérica parece haberse acostumbrado a convivir con una dictadura convertida en una suerte de monarquía absoluta de facto, donde el poder ya ni siquiera pretende legitimarse mediante procedimientos democráticos.
La consecuencia de estos silencios selectivos es profundamente preocupante. Cuando la comunidad política latinoamericana normaliza que un gobierno elimine elecciones competitivas, clausure organizaciones civiles, expulse a sus ciudadanos, encarcele opositores y concentre todo el poder sin recibir una condena consistente, el principio de autodeterminación deja de proteger a los pueblos y comienza a proteger a quienes gobiernan contra ellos.
Defender la autodeterminación nunca debió significar blindar a los gobiernos frente al escrutinio internacional. Su verdadero propósito es proteger la capacidad de los pueblos para decidir libremente su destino.
El autor es estudiante de Economía. Secretario general de Convergencia.
