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Durante años, Harry Antonio Valle Palacio construyó una imagen de abogado exitoso, mediático y con aparente cercanía al círculo de poder en Nicaragua. Era una figura conocida en Matagalpa, frecuentaba programas de radio y televisión, concedía entrevistas con regularidad y cultivaba una imagen pública que, según él mismo reconoce, mostraba simpatía hacia el régimen de Daniel Ortega para poder desenvolverse dentro de un sistema judicial que ahora considera politizado.
Hoy, ocho meses después de abandonar Nicaragua por una ruta irregular, Valle Palacio asegura que el mismo régimen al que alguna vez elogió lo convirtió en objetivo de persecución y lo obligó a empezar de cero en el exilio a sus 34 años.
«Yo quería ser un abogado popular. Quería que me conocieran y que me buscaran más clientes», afirma Valle, quien durante años apareció en medios como La Primerísima, Canal 10, Telenorte, Notimatv y YES TV, incluso concedió entrevistas a LA PRENSA.
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Su objetivo era lograr reconocimiento profesional y posicionarse como uno de los abogados litigantes más conocidos del norte del país. Desde 2019 ejerció en Matagalpa, donde estableció su oficina jurídica y desarrolló una carrera marcada por casos de relevancia mediática.
Sin embargo, sostiene que esa exposición pública terminó convirtiéndose en un problema.
La denuncia que cambió su vida
El punto de quiebre llegó en 2025, cuando comenzó a enfrentar una investigación vinculada a la Ley Especial de Ciberdelitos, conocida por organizaciones de derechos humanos como la «Ley Mordaza».
Según relata, después de ofrecer entrevistas sobre algunos de los casos que defendía, entre ellos el de la cajera Arelis Palacios Martínez, acusada de robar a la empresa de remesas Air Park International, empezó a recibir información de que las autoridades preparaban una orden de captura en su contra. El fiscal Wilber Eduardo López Martínez interpuso una acusación en su contra ante el Juzgado de Distrito Penal de Audiencia de Matagalpa.
«Me avisaron que iban a girar una orden de captura. Ahí entendí que tenía que salir del país», recuerda. A mediados de noviembre de 2025 abandonó Nicaragua por un punto ciego fronterizo.
«Pasé una noche escondido mientras una persona me iba guiando. En mi maleta solo llevaba algo de ropa. Dejé todo atrás», relata.
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La huida significó abandonar su oficina, sus pertenencias y los estudios de una maestría en Criminalística que había iniciado recientemente en el Instituto de Estudios e Investigación Jurídica (INEJ).
«Era mi tercera maestría. Estaba comenzando cuando tuve que irme. Dejé mis proyectos, mi trabajo y mi vida en Nicaragua», dice.
Un abogado que buscó acercarse al poder
Valle no oculta que durante años proyectó una imagen favorable al oficialismo. Hizo referencia a una fotografía junto a uno de los hijos de Daniel Ortega la cual continúa generándole cuestionamientos en redes sociales y entre sectores de la oposición.
Sin embargo, rechaza haber mantenido una relación cercana con la familia dictatorial, pese a su abierta adulación a Daniel Ortega y Rosario Murillo. «La gente me reclama por una foto. Pero no soy amigo de ellos ni lo seré jamás», asegura ahora.
Explica que, en muchas ocasiones, mostraba simpatía política porque consideraba que esa era la única forma de obtener resultados para sus clientes en un sistema judicial controlado por el poder político.
«En Nicaragua, si un abogado está abiertamente en contra del Gobierno, difícilmente gana un caso. Eso lo sabe todo el mundo. Yo mostraba simpatía porque quería ayudar a mis clientes, pero nunca participé en actos de corrupción ni soborné a nadie», sostiene.
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Según su versión, esa estrategia le permitió conseguir beneficios procesales y órdenes de libertad para numerosas personas, aunque con el tiempo terminó siendo insuficiente para protegerse a sí mismo.
De figura pública a perseguido
Valle afirma también que nunca imaginó que terminaría enfrentando las mismas prácticas que durante años observó cómo afectaban a otros profesionales críticos del régimen. A partir de entonces, relata haber experimentado un creciente temor por su seguridad personal.
«Creo que el régimen interpretó mis declaraciones como un ataque y comenzó a verme como un opositor», asegura.
Entre los episodios que marcaron ese período menciona su breve participación en la defensa inicial de monseñor José Leonardo Urbina Rodríguez, quien era párroco de la iglesia del Perpetuo Socorro y vicario episcopal de Boaco, bajo acusaciones de supuesta violación de una menor. Fue procesado en medio de las tensiones entre la Iglesia y el Estado.
Según sostiene, decidió apartarse del caso antes del juicio porque consideró que asumir plenamente esa defensa representaba un riesgo para su libertad frente a la presión mediática. Aclara que a él no lo asignó el Poder Judicial, sino que los mismos hermanos del sacerdote lo buscaron para representarlo.
El costo del exilio
Ahora en el exilio, Valle describe una realidad radicalmente distinta a la que vivía como abogado litigante. Dice que pasó de tener ingresos estables y reconocimiento profesional a enfrentar dificultades económicas para cubrir gastos básicos como el alquiler de vivienda.
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«No tengo propiedades ni cuentas bancarias. Lo único que tenía era un vehículo financiado. Nunca fui un abogado que se enriqueciera por corrupción», sostiene.
Durante estos meses Valle ha trabajado como conductor y ha ofrecido asesorías jurídicas ocasionales para subsistir. «La gente ya no me consulta como antes. Empezar de cero es muy duro», reconoce.
También aprovechó el exilio para reinventarse. Publicó dos libros dirigidos a estudiantes de Derecho, realizó un curso de conferencista y coach de vida, y comenzó a explorar nuevas oportunidades profesionales.
La libertad como bandera
Actualmente, intenta llevar su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al sostener que es víctima de una persecución derivada de su ejercicio de la libertad de expresión. Para ello, solicitó medidas cautelares, una protección que la CIDH ha concedido en casos de presos políticos nicaragüenses.
Considera que la vigencia de la Ley de Ciberdelitos continúa representando una amenaza para periodistas, abogados y otros profesionales que dependen de la opinión pública y de los medios de comunicación para ejercer su trabajo.
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«Ojalá llegue el día en que los nicaragüenses podamos regresar sin miedo», afirma.
Mientras intenta reconstruir su vida fuera del país, el abogado que alguna vez buscó notoriedad y reconocimiento dentro del sistema sostiene que su visión ha cambiado. «La libertad del ser humano debe ser siempre el objetivo principal. No el dinero ni el poder», agrega.
