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El abogado matagalpino Harry Valle amenazó en 2022 con demandar bajo la Ley Especial de Ciberdelitos a los medios de comunicación que señalaron su abierta adulación a los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo, mientras ejercía como abogado de oficio de monseñor José Leonardo Urbina, acusado por la dictadura de supuestos abusos sexuales. Pero poco después de tres años, terminó acusado por la misma ley.
En los últimos días, Valle ha incrementado la publicación de fotos en sus redes sociales, portando la bandera sandinista. «Nunca he estado con los somocistas», declaró. Su caso evidencia que ninguna persona puede emitir la más mínima crítica al sistema judicial, incluso aquellos que juran lealtad al régimen. El 12 de noviembre de este año, el fiscal Wilber Eduardo López Martínez interpuso una acusación ante el Juzgado de Distrito Penal de Audiencia de Matagalpa contra Harry Valle, luego de que cuestionó al juez que lo declaró en abandono de la defensa en el caso de una cajera, acusada de robar a la empresa de remesas Air Park International.
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Aunque en los primeros días aseguró en sus redes sociales que el sistema judicial estaba instrumentalizado, ahora afirma que se trata de una arremetida personal del fiscal López en su contra, la que atribuye a “envidia”.
«Este es un ataque personal de dicho funcionario, de quien omito el nombre, pero que pido a nuestras autoridades investiguen, siempre he respeto a la institución del poder judicial y nuestro buen gobierno dirigido por el comandante Daniel Ortega y la Cra. Rosario Murillo», expresó en un comunicado.
Valle reiteró así su lealtad a Ortega y Murillo a través de publicaciones en redes sociales, combinadas con mensajes de contenido religioso. «Espero en Dios todo se aclare», dijo.
Abogado penalista
Harry Antonio Valle Palacio nació el 16 de noviembre de 1991, según documentos públicos. De acuerdo con sus redes sociales, se identifica como abogado con maestría en Derecho Penal y Procesal Penal, con sede en Matagalpa. La maestría la cursó en el Instituto de Estudio e Investigación Jurídica (INEJ), del que se graduó el 9 de marzo de 2018.
En 2017 también ejerció como docente de Introducción al Derecho en la Universidad de Occidente, según se deduce de trabajos elaborados por estudiantes y publicados en Scribd.
Además, Valle posee otros diplomas, como una especialización en Neuroderecho Penal y otro en Procedimientos Penales Abreviados, derivados de un curso realizado entre el 14 de julio y el 5 de octubre de 2025 en el INEJ.
El caso de monseñor Urbina
Desde 2022 Valle apareció en la esfera pública a raíz del caso de monseñor Urbina, aunque también ha figurado como abogado defensor en otros casos mediáticos. El 13 de julio de 2022, la Policía detuvo a monseñor José Leonardo Urbina Rodríguez, párroco de la iglesia del Perpetuo Socorro y vicario episcopal de Boaco, bajo acusaciones de supuesta violación de una menor.
El defensor inicial de Urbina era Frank Gutiérrez, pero después de denunciar irregularidades en el proceso judicial —según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)— la dictadura tomó represalias al negarle la entrada a Nicaragua tras un viaje a Miami. En ese contexto, apareció Harry Valle como su reemplazo.
Según Valle, uno de los familiares del sacerdote solicitó que se le designara como defensor en el juicio, pese a que la CIDH denunció que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazaba las solicitudes de los familiares del religioso.
No obstante, Valle aprovechó la defensa del sacerdote —un caso de alto interés para la dictadura en su ofensiva contra la Iglesia católica— para elogiar a Ortega y Murillo durante la audiencia inicial.
Defendió su militancia
Tras las críticas por sus elogios a la pareja dictatorial, Valle amenazó a los medios de comunicación, incluyendo a LA PRENSA, con la Ley Especial de Ciberdelitos, aprobada por el régimen en 2020. Aunque formalmente la normativa se plantea como un instrumento para “prevenir delitos informáticos” y de castigo de supuestas «noticias falsas», en la práctica se ha utilizado como herramienta de control político, censura y persecución contra periodistas, opositores, defensores de derechos humanos y ciudadanos críticos.
En sus amenazas de aquel entonces, Valle defendió abiertamente su militancia sandinista y acusó a los medios independientes de “discriminación” por su filiación política.
“Lo que hicieron fue un acto de discriminación hacia una persona porque todo nicaragüense tiene derecho al trabajo independientemente de su ideología política y a mí estos medios me discriminaron por comulgar, por ser militante del FSLN”, dijo Valle en un video publicado en su cuenta de Facebook el 26 de julio de 2022.
Renunció a la defensa del sacerdote el 21 de julio, lo cual, según especialistas, constituye un “fraude procesal”, ya que solo simuló una defensa técnica.
Otros casos en que ha participado
Arelys Palacios, cajera de la empresa de remesas Air Park International, fue juzgada por un robo de aproximadamente 23,000 dólares. Valle asumió su defensa. Durante el proceso, el juez Bernardo Morales lo declaró en abandono de la defensa, le retiró el nombramiento y asignó un nuevo abogado a la acusada.
Valle objetó la decisión ante medios oficialistas, alegando que se violó el derecho de la acusada a elegir abogado. Esa denuncia provocó la acusación por ciberdelitos que ahora enfrenta. Su clienta permaneció más de un año detenida y el juicio se postergó repetidamente por ausencia de testigos, retrasos que él responsabilizaba al sistema judicial.
En noviembre de 2025 se registró un asalto a un taxi en Matagalpa. Valle apareció nuevamente en medios oficialistas defendiendo a la dueña del vehículo, identificada como “Nidia”. En una entrevista aseguró que ella no tenía vínculo con los delincuentes y exigió la devolución del automóvil. La intervención llamó la atención porque ocurrió un día antes de que él mismo fuera acusado de ciberdelitos.
Su caso evidencia falta de garantías
Para el abogado Yader Valdivia, del Colectivo Nicaragua Nunca Más, la situación de Valle demuestra que el régimen no tolera ninguna crítica a su sistema judicial y que las herramientas creadas para perseguir a opositores ahora alcanzan a personas dentro del propio círculo sandinista.
«La Ley de Ciberdelitos ha sido cuestionada y calificada como arbitraria desde su creación hasta su aprobación. Solo se ha utilizado para castigar a personas consideradas opositoras. No es una ley para mejorar la persecución de delitos cibernéticos, sino una herramienta para castigar a opositores. Ahora la están usando contra este abogado, quien incluso señala que es por motivos personales», consideró Valdivia.
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Mientras el caso avanza, a Harry Valle solo le queda esperar que Ortega y Murillo intervengan a su favor.
