Durante una reunión en la Casa Blanca con líderes de la Resistencia Nicaragüense antisandinista, en 1986, el presidente Ronald Reagan dijo una frase que se volvería emblemática: “Yo también soy contra”. Más que una expresión política, aquella afirmación reflejaba una época en que Estados Unidos (EE. UU.) respaldaba inequívocamente la causa de la libertad y la democracia en Nicaragua y el mundo; y apoyaba abiertamente a quienes luchaban contra las dictaduras marxistas como la encabezada por Daniel Ortega en los años ochenta.
Brooklyn Rivera también fue contra. Hoy está muerto. Fue secuestrado por la policía y paramilitares sandinistas, sometido a desaparición forzada durante casi tres años, privado de toda garantía procesal, detenido en condiciones inhumanas y, finalmente, falleció el fin de semana pasado bajo custodia estatal. Su muerte no es solamente una tragedia personal; es un recordatorio contundente de cuánto ha cambiado Nicaragua y, al mismo tiempo, de cuánto sigue igual.
El primero y más decisivo cambio tiene que ver con la respuesta internacional. Durante la década de los ochenta, la causa de la libertad y la democracia en Nicaragua ocupaba un lugar central en la política exterior estadounidense. Los hombres y mujeres que se oponían a la dictadura sandinista recibían efectivo respaldo político, diplomático y material del mundo libre.
Hoy, ese compromiso prácticamente ha desaparecido. El resultado es que personas como Brooklyn Rivera —quien en otro tiempo estuvo del mismo lado de la historia que Washington apoyaba abiertamente— hoy, si no terminan en prisión o en el cementerio, se suman a las decenas de miles en el exilio, con poco más que declaraciones de preocupación por parte de los gobiernos democráticos. La claridad moral que alguna vez caracterizó las acciones concretas internacionales en favor de las aspiraciones democráticas de Nicaragua ha sido reemplazada por cartas y comunicados de denuncias, algunas muy enérgicas, pero solo denuncias al fin.
El segundo gran cambio es el de Daniel Ortega. En los años ochenta se presentaba como un revolucionario marxista alineado con Cuba y el bloque soviético. Hoy, junto con su esposa, dirige una cleptocracia que, en la práctica, funciona bajo principios capitalistas y se sostiene sobre la inversión privada —mayoritariamente estadounidense—; de las remesas familiares —originadas por los emigrantes nicaragüenses que se han visto, o han sido, forzados a salir del país—; del financiamiento de instituciones financieras multilaterales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Centroamericano de Integración Económica; y de la captura de sectores económicos generadores de divisas, como el sector aurífero.
La ideología y el modelo económico han cambiado. Lo que no ha cambiado es la naturaleza de Ortega. Era un autoritario despiadado entonces. Es un dictador aún más despiadado ahora. De hecho, la situación se ha agravado después de la designación de su esposa, Rosario Murillo —primero como vicepresidenta y ahora como copresidenta—, cuyo ejercicio cínico, vengativo y cruel del poder ha transformado a Nicaragua en uno de los países más represivos del hemisferio occidental. Juntos han construido una dinastía familiar que ha eliminado a los medios independientes, destruido el espacio cívico, criminalizado la disidencia, expulsado a opositores, despojado a ciudadanos de su nacionalidad, confiscado propiedades privadas y llenado las cárceles de presos políticos.
El caso de Brooklyn Rivera ilustra la crueldad del régimen en su forma más cruda. La dictadura Ortega-Murillo no es responsable únicamente de su muerte, sino también de la prolongación de esa injusticia después de fallecido. Incluso hoy, su cadáver sigue preso. Cuando su familia pidió su cuerpo para enterrarlo junto a sus seres queridos en Sandy Bay, en la Costa Caribe de Nicaragua, fueron detenidos por la Policía. Su delito fue pedir el cuerpo de un familiar fallecido para darle digna sepultura en su tierra.
Acciones como estas revelan la verdadera naturaleza de la dictadura. Los regímenes autoritarios buscan controlar a los vivos. Los regímenes totalitarios, como el de Nicaragua, buscan controlar incluso a los muertos.
Es importante reconocer que Brooklyn Rivera no fue un héroe. Como muchos líderes políticos criollos, cometió errores. Inclusive apoyó el regreso de Ortega al poder y durante años permaneció dentro del círculo de oposición tolerada por inefectiva que el régimen considera políticamente útil. La dictadura se benefició de líderes regionales como él, cuya presencia ayudaba a proyectar una apariencia de inclusión y legitimidad.
Pero esa relación terminó por romperse. Rivera rechazó la brutal represión ejercida por el régimen contra los manifestantes pacíficos durante la rebelión cívica de 2018. Vio lo mismo que todo el mundo: ciudadanos desarmados enfrentados con balas, cientos de muertos, miles de presos políticos, denuncias de tortura y, según múltiples investigaciones internacionales independientes, el uso de francotiradores y de violencia coordinada por parte del Estado contra la población civil.
Pero Brooklyn Rivera fue un líder histórico del pueblo miskito, apreciado y respetado por gran parte de su comunidad. Dedicó décadas de su vida a representar los intereses y aspiraciones de los pueblos indígenas de Nicaragua. Merecía justicia, debido proceso y un trato humano.
En cambio, murió preso en custodia estatal. Y ahora incluso su familia está siendo castigada por intentar ejercer el derecho elemental de darle sepultura de acuerdo con sus tradicionales formas culturales. Su historia no es única. Es la historia de numerosos presos políticos que continúan languideciendo en los calabozos de la dinastía gobernante en Nicaragua.
Hace cuarenta años, Ronald Reagan declaró: “Yo también soy contra”. Hoy la pregunta no es si alguien apoyó a los contras, a los sandinistas o a cualquiera de los bandos que protagonizaron los conflictos del pasado. La pregunta es si el mundo democrático, además de denunciar las atrocidades de la dictadura Ortega-Murillo tiene la iniciativa de respaldar a quienes son encarcelados, perseguidos y silenciados por exigir las libertades más básicas, procesando bajo la jurisdicción universal a los criminales de la dictadura.
La muerte de Brooklyn Rivera tendrá que ser recordada no solamente como un crimen más cometido por la dictadura Ortega-Murillo, sino también como un testimonio de la falta de acción decisiva, hasta ahora, de quienes alguna vez prometieron que la lucha por la libertad y la democracia sí importaba.
