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Las máximas autoridades de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA) demandaron, por separado, una investigación de la muerte del líder indígena Brooklyn Rivera, quien era prisionero del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
El secretario general de la ONU, António Guterres, pidió que se hiciera una indagación «rápida, imparcial y transparente». «El secretario general reitera la necesidad de respetar los derechos humanos en Nicaragua, incluyendo el derecho a un juicio justo y a un trato y una detención dignos, y pide que se lleve a cabo una investigación rápida, imparcial y transparente sobre las circunstancias que rodearon la muerte de Rivera», dijo el portavoz Stéphane Dujarric, según declaraciones divulgadas por la agencia EFE.
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), de la ONU, condenó también de manera enérgica la muerte del líder indígena Brooklyn Rivera, a sus 73 años. Su fallecimiento ocurrió mientras se encontraba bajo custodia estatal desde septiembre de 2023. En un comunicado publicado este 1 de junio, exigieron «rendición de cuentas».
El GHREN se mostró profundamente preocupado por informes adicionales que señalan que las autoridades del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo limitaron la participación de la familia en el velorio y en el entierro, y detuvieron a varios familiares que intentaron presentarles sus respetos. Rivera es el octavo preso político que muere bajo custodia de la dictadura.
El primer caso fue el de Eddy Montes. Lo asesinaron el 16 de mayo de 2019 en el Sistema Penitenciario Jorge Navarro de Tipitapa. Cinco días después del crimen, el entonces vicecanciller Valdrack Jaentschke prometió incluso una investigación ante la Organización de Estados Americanos para dar con los responsables. Nunca se supo nada al respecto.
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Simon: «Estado no puede eludir obligaciones»
Jan-Michael Simon, presidente del Grupo de Expertos, recordó que, conforme al derecho internacional, Nicaragua debe llevar a cabo una investigación independiente sobre la muerte en custodia de Brooklyn Rivera, garantizar una autopsia transparente, devolver sus restos mortales a su familia sin retraso, y garantizar la rendición de cuentas por su desaparición forzada y otras violaciones de derechos humanos relacionadas.
«Estas obligaciones lo son en virtud del derecho internacional de derechos humanos y no pueden eludirse”, declaró Simon.
La responsabilidad de la dictadura
Reed Brody, otro de los expertos del GHREN, rechazó la versión en que el régimen atribuyó la muerte de Rivera a la covid-19. «Brooklyn Rivera no falleció por enfermedad. Falleció como resultado de su desaparición forzada de más de dos años, sin contacto con su familia, sin servicios médicos independientes y sin ninguna rendición de cuentas”, afirmó.
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Simon hizo énfasis en que “el hecho de no llevar a cabo una investigación independiente y de no devolver los restos refuerza la fuerte presunción de responsabilidad estatal por la muerte de Brooklyn Rivera e invierten la carga de la prueba contra Nicaragua».
Ariela Peralta, otra de las expertas de la ONU, agregó que la desaparición forzada configura un crimen internacional. Según los expertos, se desconoce el paradero de otras nuevas personas que fueron detenidos arbitrariamente por el régimen nicaragüense.
«Cuando una persona desaparecida fallece, las acciones que llevaron a este desenlace pueden constituir múltiples crímenes contra la humanidad, como el asesinato, la tortura y la persecución, además de la propia desaparición forzada”, sostuvo Peralta.
Secretario general de la OEA demanda transparencia
El pronunciamiento se sumó a la demanda del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Albert R. Ramdin, de que se realice una investigación inmediata, independiente y transparente.
Ramdin se declaró «profundamente preocupado» y afirmó que Rivera fue sometido a desaparición forzada desde septiembre de 2023 y, al momento de su muerte, se encontraba protegido por medidas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).
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«Deben garantizarse los derechos a la vida, la integridad personal y el debido proceso. Mis condolencias a su familia y al pueblo miskito. Seguimos exigiendo la liberación incondicional de todos los presos políticos injustamente detenidos por el régimen nicaragüense», dijo Ramdin en su cuenta de X.
Payá: «Mis oraciones con familiares y pueblo miskito»
La comisionada Rosa María Payá, miembro de la CIDH, declaró que se encontraba consternada también por la muerte en custodia del líder indígena y agregó que sus oraciones están con el pueblo miskito y los familiares del fallecido.
El 29 de mayo, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado había recordado que Rivera se encontraba encarcelado injustamente desde hacía tres años y demandó nuevamente su liberación incondicional.
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«La dictadura publicó un comunicado en los medios controlados por el gobierno solo ahora que está gravemente enfermo, en un intento por ocultar su papel central en el trato cruel y condiciones actuales de Rivera», dijo el Departamento de Estado en ese momento.
A través de su cuenta de X, la Internacional Socialista demandó también una investigación, así como la entrega inmediata de los restos del líder indígena a sus familiares para que puedan darle una sepultura digna.
