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En medio del incremento de la asfixia fiscal que enfrentan las empresas de Nicaragua, las quejas que llegan al Tribunal Aduanero y Tributario Administrativo (TATA) son cada vez más escasas. El TATA es la última instancia administrativa que resuelve las disputas de los contribuyentes en materia fiscal y aduanera. En 2025 la cantidad de quejas que recibió se redujo a niveles de hace una década, cuando este tribunal iniciaba operaciones. Mientras tanto, el año pasado la recaudación de los impuestos que pagan las empresas por sus actividades económicas creció en 25 por ciento con respecto al 2024.
Esta reducción de las quejas que las empresas presentaron ante el TATA coincide con el aumento de la imposición de reparos millonarios a las empresas. Solamente entre los casos que más notoriedad pública tuvieron el año pasado, a las dos empresas mineras más importantes y a una recicladora, vinculada a la Compañía Cervecera, los reclamos por el cobro de impuestos que estas empresas no reconocieron rondaron los 170 millones de dólares.
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Según el Informe de Liquidación del Presupuesto General de la República, el año pasado el TATA emitió 718 resoluciones; es decir, casi la mitad en comparación con las 1,351 resoluciones emitidas en el 2024. Además, es la segunda cifra más baja desde 2013 cuando comenzó a prestar sus servicios. Ese año el TATA emitió 1,170 resoluciones, pero en 2015 bajó hasta 648, que es la cantidad más baja de resoluciones anuales emitidas en sus 13 años de trabajo. La segunda más baja es la del año pasado, con 718 resoluciones.
Ocultan monto total de los cobros
Se desconoce a cuánto ascendió el monto total de los cobros que el año pasado generaron estos recursos, con los que los contribuyentes intentaron resolver cobros que consideraron alterados. Ya desde el 2024, el Ministerio de Hacienda suspendió la publicación del monto de estos cobros.
Especialistas consideran que suspendieron la publicación del monto total que generaron estos cobros para intentar ocultar el acoso fiscal y aduanero que enfrentan las empresas. Situación que los reportes oficiales confirman, ya que en 2023, último año en que el Ministerio de Hacienda incluyó ese monto, las 1,679 resoluciones que emitió el TATA deliberaron el pago de 5,068 millones de córdobas (unos 138 millones de dólares al cambio oficial). El año pasado este monto fue superado con creces solamente con los tres casos más conocidos.
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Durante el 2025 los tres reparos fiscales que más atención pública recibieron involucraron en conjunto el pago de 168 millones de dólares en supuestos impuestos atrasados. A la minera canadiense Equinox Gold le cobraron alrededor de 40 millones de dólares; a la minera de origen colombiano Mineros-Hemco, 49 millones; y 79 millones de dólares a la Compañía Recicladora de Nicaragua, S.A. (CRN), filial del Grupo CCN, conglomerado propietario de la Compañía Cervecera de Nicaragua. Ellos agotaron la vía administrativa y el caso de la recicladora terminó en un embargo judicial.
El TATA agota la vía administrativa
Según el marco legal, el TATA es el ente autónomo y especializado que resuelve, en última instancia dentro de la vía administrativa, las disputas entre los contribuyentes y las instancias recaudadoras del Estado. Según su ley creadora, Ley 802 y su reglamento, su principal función es garantizar la correcta aplicación de las leyes y defender los derechos de los usuarios sin depender de las entidades recaudadoras.
Cuando las resoluciones del TATA no favorecen a los denunciantes, ellos pueden elevar la disputa a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), a través de un recurso de amparo o un recurso de lo Contencioso Administrativo.
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El informe de liquidación del Presupuesto General de la República detalla que el año pasado el TATA recibió 710 casos. Como parte del proceso de resolución de estas disputas, emitió 906 autos, de los cuales tramitó 875, declaró extemporáneos 16 y otros 15 los declaró improcedentes.
Empresas pagan más Impuesto sobre la Renta (IR)
Estos procesos los dirimió mediante 718 resoluciones, de las cuales 580 resolvieron disputas con la Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA) y 130 cobros que hizo la Dirección General de Ingresos (DGI). Al concluir el año quedaron en trámite de resolución 71 causas, 52 en materia aduanera y 19 en materia tributaria. Tradicionalmente, la mayor cantidad de disputas surgen de cobros aduaneros.
El informe de liquidación también detalla que el año pasado el Impuesto Sobre la Renta (IR) que pagan las empresas por sus actividades económicas generó 47,867 millones de córdobas (que al cambio oficial equivalen a unos 1,307 millones de dólares). En comparación con 2024, ese monto es superior en 9,847 millones de córdobas, que equivalen a un crecimiento del 25.9 por ciento.
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Según el documento, «el significativo crecimiento del IR por rentas de actividades económicas obedeció tanto a factores de actividad económica como a mejoras en la gestión tributaria». Añade que «de manera complementaria, el fortalecimiento de las acciones de fiscalización contribuyó a reducir brechas de evasión y a consolidar el crecimiento sostenido de la recaudación del IR por rentas de actividades económicas».
Crecimiento del IR coincide con la asfixia fiscal
También explica que «el dinamismo económico de 2025 se tradujo en un aumento de 15.6 por ciento en la recaudación proveniente de anticipos al pago mínimo definitivo», en el que destacó la contribución del sector comercial, minero, financiero y manufacturero.
Con respecto al IR por rentas de capital que también pagan las empresas, el informe dice que el año pasado generó 14,340.3 millones de córdobas (391 millones de dólares). Dicho monto es superior en 1,516.3 millones de córdobas en relación con el 2024 y representa un crecimiento del 18.5 por ciento. Mientras que por el pago del IR por ganancias y pérdidas de capital recaudaron 1,405.3 millones, monto superior en 62.9 millones en comparación con lo obtenido en 2024.
El dinamismo que registró la recaudación del IR que pagan las empresas coincide con las presiones fiscales que enfrentan las empresas desde 2018, tras la ruptura del modelo de diálogo-consenso entre el gran capital y el régimen Ortega Murillo. Asfixia fiscal que se profundiza cada año y que las empresas nacionales, por temor a enfrentar consecuencias más graves, prefieren no denunciar. Mientras que las extranjeras agotan la vía administrativa y judicial, pero terminan perdiendo los casos y se ven obligadas a pagar.
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Pese a la reducción del trabajo del Tribunal Aduanero y Tributario Administrativo (TATA), el Presupuesto General de la República le sigue asignando partidas similares a las de años anteriores. El año pasado le asignaron 35.2 millones de córdobas. De ese monto, destinó 34.4 millones a gasto corriente y 800,000 córdobas a gasto de capital.
