La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo habría investigado al jurista costarricense especializado en Derecho Penal, Joseph Rivera, antes de prohibirle el ingreso a Nicaragua. Rivera funge como abogado de la familia de Junieysis Merlo Espinoza, víctima de femicidio, cuyo cuerpo fue encontrado en una fosa en Santa Ana, Costa Rica, el pasado 9 de abril, tras cerca de 10 días de haber desaparecido.
En declaraciones a LA PRENSA, Rivera aseguró que una alta funcionaria estadounidense destacada en Costa Rica le confirmó que tanto Ortega como Murillo «creen que soy un espía de la CIA (Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos)».
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El jurista explicó que mantiene vínculos profesionales con instituciones de Estados Unidos y ha participado en casos relacionados con derechos humanos, lo que —según dijo— habría alimentado la desconfianza de las autoridades del régimen nicaragüense. Remarcó que incluso fue objeto de análisis de inteligencia y vigilancia.
Aunque nunca ha publicado en contra del régimen orteguista, Rivera asegura que la represalia también se relaciona con un artículo que publicó sobre EE. UU. y Venezuela. «Por ahí por donde viene el problema y mi participación en Washington, que yo tengo mucha afinidad con EE. UU.», dijo.
Procesos vinculados al FBI en Costa Rica
Rivera también destacó su trayectoria en derechos humanos, incluyendo denuncias contra Costa Rica, Cuba y su participación en procesos vinculados a la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) en Costa Rica.
«Como yo tengo afinidad con Washington, porque he ido cuatro veces a presentar demandas contra el Estado (costarricense) por violaciones de derechos humanos y he estado también aquí con el FBI, tras el caso de una ciudadana estadounidense que mataron aquí en 2018», precisó sobre el porqué cree que le negaron el ingreso a Nicaragua.
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El penalista cuenta con formación contra el crimen organizado, contraterrorismo y subversión, lo que, a su juicio, puedo haber incrementado la paranoia del régimen. En 2024 cursó estudios de litigación oral en Temple University, en Filadelfia, Pensilvania, EE. UU.
Enseguida destacó que su trabajo en el caso del femicidio de Junieysis Merlo Espinoza responde a una motivación humanitaria. «No estoy cobrando nada. Es una ayuda gratuita. Yo amo a Nicaragua, a mí me crió una nicaragüense. Tengo mucha empatía con los hermanos nicaragüenses y he ayudado a personas de bajos recursos para que puedan salir adelante», dijo.
Sobre cómo se encargó de la representación legal de la familia de la joven nicaragüense, mencionó que a él lo contactaron por medio de las redes sociales y accedió sin espera.
Los motivos del viaje: reunirse con la familia y recabar firmas
El penalista tenía programado arribar a Nicaragua el sábado 25 de abril. Saliendo desde el Aeropuerto Juan Santamaría en Alajuela, Costa Rica, luego hacer una escala en Panamá y aterrizar en Nicaragua, pero «lamentablemente no pude».
El motivo de su viaje respondía únicamente, según describió, a reunirse con los familiares de Junieysis Merlo Espinoza y poder autenticar documentos legales para avanzar en los trámites necesarios para el proceso judicial en Costa Rica, en particular la custodia de las gemelas de 4 años.
«Iba a firmar un documento para el depósito judicial de las niñas, porque yo tenía que autenticarlo y tenía que pasarlo por el Ministerio de Relaciones Exteriores, apostillarlo y traerlo aquí a Costa Rica para que le entreguen las niñas a la hermana de Junieysis», explicó.
Las gemelas de 4 años están desde el 8 de abril bajo la custodia del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) en suelo costarricense. Rivera también iba a explicarle a la familia sobre el proceso judicial a seguir contra el principal sospechoso del crimen contra la joven nicaragüense, Gustavo Ramírez, expareja y padre de sus hijas gemelas, para que se le aplique todo el peso de la ley costarricense.
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«No me dejaron llegar a la casa de los padres para explicarles cómo iba a hacer el procedimiento para meter a este (Gustavo) sinvergüenza 100 años a la cárcel y que no salga por el femicidio tan cruel contra esa muchachita», expresó.
El penalista lamentó que la prohibición le impidiera asistir directamente a la familia, a la que incluso le llevaba provisiones de canasta básica. «Les llevaba provisiones, café, arroz, y otros alimentos, pero todo lo tuve que regalar aquí a una señora nicaragüense. Es muy indignante», apuntó.
Familia de Junieysis «no ha recibido ayuda»
Rivera cuestionó con dureza el supuesto apoyo brindado por la dictadura Ortega-Murillo a la familia de la víctima. Aseguró que, según los propios parientes, quienes les han brindando ayuda son los vecinos.
«El Estado está obligado a hacerlo (darle acompañamiento). Cuando yo hablé con los padres de Junieysis me dijeron que absolutamente no han recibido nada, son una familia que viven en condiciones muy humildes, de pobreza. Pero el Gobierno anda diciendo que les va ayudar, pero no hacen nada», denunció.
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Lo señalado contradice al intento de la dictadura de mostrar su respaldo a la familia, además de la solicitud del informe, ofreció su ayuda con la repatriación de las cenizas y desplegó a medios de su propaganda oficialista para cubrir el 11 de abril el traslado de los restos de la nicaragüense a su ciudad natal en el departamento de Madriz.
El jurista recalca que requiere con prontitud la firmas de los familiares de Junieysis Merlo Espinoza para continuar con el proceso legal y judicial en Costa Rica. Y aunque exige que públicamente el régimen explique los motivos de la negación de su ingreso a Nicaragua, reconoce que no lo harán. «Son muy soberbios y tampoco se van a disculpar», apuntó.
Aunque se revierta la prohibición «no iría a Nicaragua»
Aseguró que aunque el régimen revierta la prohibición de ingreso, él no iría a Nicaragua. «Si me dicen ponga un pie en Nicaragua, yo no iría, olvídese, me van a desaparecer, que voy a estar yendo a Nicaragua, no. Más bien voy a hablar con el Gobierno de EE. UU. para que haga algo», mencionó.
Rivera espera que los hermanos de la víctima puedan salir de Nicaragua y llegar a Costa Rica para continuar con el proceso, sin temor a represalias. «Yo esperaría que salgan de ese lugar, por lo menos los hermanos (…) que le toque el corazón a Rosario Murillo y Daniel Ortega, que digan que se equivocaron, pero que permitan que la familia continúe y termine con el trámite para que a este sujeto no lo suelten», indicó.
Concluyó mencionando que «el caso va bien encaminado y esperamos que se haga justicia. Pero lo ocurrido es una afrenta a la legislación penal costarricense. Perdimos la confianza totalmente».
