El pasado jueves 16 de abril, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra personas y entidades vinculadas al sector aurífero nicaragüense. Según el propio Tesoro, estas medidas responden al uso del sector por parte de la dictadura Ortega-Murillo como una fuente clave de financiamiento de la represión y del enriquecimiento de la familia gobernante, a través de prácticas corruptas, así como a la reciente expropiación de BHMB, una empresa de capital estadounidense.
Estos factores han colocado a la dictadura bajo un creciente escrutinio internacional, al percibirse el sector del oro como un instrumento para sostener un sistema de poder al margen de la legalidad y la transparencia.
Nada de esto debería sorprender. Altos funcionarios vinculados al gobierno estadounidense habían advertido con antelación a la dictadura sobre la posibilidad de estas sanciones. En varias ocasiones, el embajador Richard Grenell transmitió de manera explícita que Washington no pasaría por alto la expropiación ilegal de empresas estadounidenses y que, de no corregirse esa situación, habría consecuencias.
Pese a las advertencias, la dictadura Ortega-Murillo hizo muy poco por resolver el problema de la expropiación ilegal y la toma de la planta procesadora de BHMB. No hubo señales de rectificación, ni intentos creíbles de compensación, ni gestos que indicaran una disposición para evitar una mayor presión sobre el sector.
Esto podría ser apenas el comienzo. Si no hay una corrección de lo señalado por el Tesoro de Estados Unidos es altamente probable que se continúe ampliando el alcance de las sanciones. El precedente ya existe: en otros contextos, cuando un sector económico es utilizado como instrumento de financiamiento de regímenes autoritarios o se ve contaminado por prácticas ilícitas, la respuesta ha sido escalar hacia medidas más amplias. En el caso de Nicaragua, no sería descartable que el sector aurífero en su conjunto enfrente sanciones sectoriales más severas, con implicaciones directas para exportaciones, financiamiento y acceso a mercados.
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Pero las consecuencias no se limitan al ámbito de las sanciones. Existe otro riesgo, menos visible pero potencialmente de mayor impacto. La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), tras una larga investigación, determinó que Nicaragua incurrió en una serie de violaciones comerciales bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, incluyendo la confiscación de empresas estadounidenses. Esa determinación abrió la puerta a la imposición de aranceles como medida correctiva.
Hasta ahora, esos aranceles han seguido un esquema gradual y limitado. Pero esa gradualidad no está garantizada. Si el régimen continúa enriqueciéndose ilícitamente, financiando la represión con divisas originadas en el sector aurífero y expropiando empresas de capital estadounidense que operan en el sector para entregarlas a actores chinos, Washington podría optar por eliminar ese enfoque progresivo, aumentar los porcentajes arancelarios e incluso extenderlos a todos los bienes, no solo a aquellos que no se originan en el marco del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (Cafta-DR, por sus siglas en inglés). El impacto económico de una decisión así sería profundo y generalizado.
Frente a este panorama, cabe preguntarse: ¿por qué el régimen no actúa para evitar una escalada que claramente perjudica al país? La respuesta, aunque incómoda, es evidente. Para la dictadura, la prioridad no es la estabilidad económica ni el bienestar de los nicaragüenses. Es la conservación del poder a cualquier costo.
Los dictadores han establecido en el sector aurífero un entramado de empresas, operadas por sus allegados, mediante el cual han construido mecanismos de acumulación de riqueza. En ese contexto, el costo de las sanciones —incluso si alcanza a aliados cercanos o a operadores clave— es para ellos tan solo daño colateral aceptable.
Tampoco parece preocuparles que esas mismas personas que les han sido leales enfrenten en el futuro procesos judiciales fuera del país. Ni que las sanciones terminen afectando indirectamente a trabajadores, exportadores y sectores productivos que nada tienen que ver con sus decisiones políticas.
Pero esa lógica tiene límites. La acumulación de sanciones y el creciente escrutinio internacional forman parte de una dinámica que, tarde o temprano, terminará pasando la factura. Y cuando eso ocurra, el costo lo pagarán sus allegados más leales, porque los dictadores y su familia están dispuestos a sacrificarlos con tal de mantener el poder y continuar llenando sus bolsillos.
