¿Por qué perdió Orbán?

La victoria de Péter Magyar y el triunfo del partido Tisza, al igual que la victoria de la Coalición Cívica polaca sobre el partido iliberal Ley y Justicia (PiS) en 2023, representa no solo un cambio radical en un sistema aparentemente consolidado, sino también una señal de que tales regímenes pueden ser más frágiles de lo que aparentan. La lección no es simplemente que los regímenes iliberales pueden perder, sino que la misma lógica que los sustenta puede conducir a su caída.

Los líderes antiliberales han justificado durante mucho tiempo su concentración de poder invocando el éxito de los Estados desarrollistas del este de Asia. Argumentaban que, al debilitar las restricciones institucionales, los gobiernos podrían actuar con decisión, coordinar la inversión y generar crecimiento económico.

Pero esta analogía siempre fue engañosa. Los regímenes de Park Chung-hee en Corea del Sur o Lee Kuan Yew en Singapur fueron eficaces no porque enfrentaran menos restricciones, sino porque se enfrentaron a una mayor presión. La inseguridad geopolítica y el riesgo constante de disturbios internos los obligaron a lograr avances generalizados o arriesgarse al colapso. La menor rendición de cuentas no generó complacencia; generó disciplina.

En términos más generales, la capacidad efectiva del Estado depende de las limitaciones que disciplinan a quienes ostentan el poder. Estas pueden adoptar diversas formas. En las democracias liberales, los controles y equilibrios constitucionales imponen dicha disciplina. En las autocracias desarrollistas, la vulnerabilidad externa e interna la proporciona.

Los regímenes iliberales contemporáneos operan en condiciones muy diferentes. En ausencia de presiones comparables a las que enfrentaron Park y Lee, el debilitamiento de la rendición de cuentas no genera capacidad de desarrollo. En cambio, crea oportunidades para la búsqueda de rentas. El poder se convierte en un recurso para mantener coaliciones políticas en lugar de para brindar bienes públicos. Una supuesta estrategia para fortalecer la capacidad del Estado se transforma en un sistema de distribución selectiva.

Con el tiempo, esta lógica erosiona los fundamentos económicos del gobierno iliberal. Cuando la lealtad política se convierte en el criterio principal para la asignación de recursos, la eficiencia y la innovación se resienten. La contratación pública beneficia a los allegados, en lugar de a las empresas más productivas. Los empresarios nacionales se enfrentan a la corrupción, la incertidumbre y oportunidades limitadas de expansión. Al mismo tiempo, las estrategias de crecimiento basadas en la inversión extranjera directa generan empleo, pero a menudo no logran mejoras ni aumentos de productividad sostenidos.

Eso fue lo que le sucedió a Hungría bajo el mandato de Orbán. A medida que el desempeño económico se debilitaba, también lo hacía la capacidad del régimen para mantener su coalición de apoyo. El menor crecimiento redujo la base impositiva y disminuyó los recursos disponibles para la redistribución. La inversión en educación, salud y movilidad social se estancó. Los húngaros experimentaron cada vez más lo que se había presentado como un sistema de estabilidad, pero en realidad era un sistema de cierre. Amplios sectores de la fuerza laboral enfrentaron perspectivas cada vez más precarias, salarios estancados y oportunidades limitadas de ascenso.

Al inicio del largo mandato de Orbán, estas dinámicas internas quedaron parcialmente ocultas por las transferencias financieras de la Unión Europea. Sin embargo, el acceso a estos recursos se condicionó cada vez más a la transparencia gubernamental y la independencia judicial, precisamente las formas de rendición de cuentas a las que Orbán se resistía. El resultado fue una limitación autoimpuesta: al rechazar la supervisión externa, el régimen limitó su propio acceso a la financiación.

Ante el endurecimiento de estas restricciones, no sorprende que Orbán recurriera a socios aún más antiliberales, como Rusia y China, intercambiando autonomía regulatoria por nuevas formas de dependencia geopolítica. Un proyecto que comenzó en nombre de la soberanía corría el riesgo de terminar en vulnerabilidad.

En términos más generales, Orbán ha demostrado que incluso los sistemas altamente controlados pueden quedar políticamente expuestos. Los mismos mecanismos que sustentaron el gobierno iliberal podrían, con el tiempo, convertirse en fuentes de fragilidad.

El modelo húngaro se basaba en una frágil coalición de empresas multinacionales, élites nacionales con conexiones políticas y votantes que prometían estabilidad y mejora económica. Pero a medida que el crecimiento se ralentizaba, las tensiones dentro de esta coalición se intensificaron. Las empresas nacionales encontraron menos oportunidades, mientras que los votantes se enfrentaban a un deterioro del nivel de vida y a un futuro incierto.

La derrota de Orbán se hizo posible cuando el descontento se unió a la organización: cuando un rival creíble unió a votantes fragmentados y transformó la frustración en participación. Allí donde las fuerzas de oposición tradicionales eran débiles o estaban desacreditadas, esto requería un liderazgo capaz de transformar las quejas sociales en un movimiento político amplio que movilizara a personas de todas las clases sociales y divisiones institucionales.

Eso es lo que lograron Magyar y su partido Tisza. Durante años, Hungría sirvió como prueba de que el retroceso democrático podía institucionalizarse y mantenerse dentro del marco de la competencia electoral formal. La contundente victoria de Magyar demuestra algo igualmente importante: que tales sistemas no son irreversibles.

Pero la derrota de Orbán, al igual que la del partido polaco PiS hace tres años, no supone el fin del iliberalismo. Las condiciones estructurales que impulsaron su ascenso —la inseguridad económica, la fragmentación social y la desconfianza política— persisten en muchas democracias. Sin embargo, la caída de Orbán sí pone en entredicho la sensación de inevitabilidad que rodeaba el alejamiento global de la democracia liberal.

Ahora comienza la tarea más difícil: desmantelar las arraigadas redes clientelistas, restaurar la autonomía institucional y reconstruir la capacidad estatal sin reproducir los errores que propiciaron el iliberalismo en primer lugar. Hungría también deberá redefinir cómo se persiguen los intereses nacionales dentro de la Unión Europea, fortaleciendo las bases de apoyo internas y, al mismo tiempo, construyendo alianzas transnacionales capaces de impulsar formas de integración más profundas y resilientes.

Derrotar el iliberalismo en las urnas fue difícil. Lograr una forma resiliente de democracia liberal tras esta crisis, una que sea capaz de garantizar tanto la rendición de cuentas como la inclusión, podría resultar aún más difícil. Pero una cosa es segura: las democracias, tanto amigas como enemigas, estarán observando atentamente.

El autor es catedrático de Ciencias Políticas de la Universidad Centroeuropea, fue rector interino y presidente de la CEU entre 1996 y 1997.

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