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Miembros de asociaciones canceladas por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, opositores y defensores de derechos humanos, rechazaron la reelección de Nicaragua en el comité de organizaciones no gubernamentales de las Naciones Unidas. La decisión se tomó, a pesar que el régimen ha cancelado de manera arbitraria más de 5,600 ONG desde 2018 para lograr el cierre del espacio cívico.
Las posiciones de cinco activistas, entrevistados por LA PRENSA, oscilan entre las críticas frontales a la ONU y también al régimen que puede intentar usarlo para «lavarse la cara», en medio del creciente contexto represivo que se viene desarrollando en el país desde hace ocho años.
Los Estados miembros del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (Ecosoc) votaron el miércoles 8 de abril para elegir a los 19 integrantes del Comité de ONG. Dos de los elegidos tienen graves antecedentes de represión como es el caso de Cuba y Nicaragua. En la práctica, la reelección le permitirá al régimen de Ortega permanecer hasta 2030, con lo que habrá permanecido siete años desde que entró por primera vez.
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Elección es “contradictoria”
Para el opositor Luciano García, quien dirigió en algún momento Hagamos Democracia, un organismo al que el régimen canceló su personería jurídica desde 2018, la acción de Ecosoc es “contradictoria” y la califica como “una barbaridad, grosería, falta de conciencia y falta de derechos humanos”. La razón es que Naciones Unidas incluye en este grupo a regímenes como el de Ortega y Murillo.
“Las contradicciones que tiene la ONU la tienen en un estado de desprestigio mundial impresionante, o sea, la crisis en el mundo es producto por las acciones de la ONU… premian a unos países que son terroristas, asesinos, represivos, dictatoriales porque están metidos en un espiral ideológico. Todos esos que están hoy apoyando a gobiernos como Irán, Gaza, Nicaragua, Cuba y Venezuela provienen de agendas de la izquierda que siempre han actuado durante años para llevarnos hasta este punto”, criticó García.
El opositor responsabilizó a organismos como la ONU, e incluso de la Organización de Estados Americanos (OEA), que incluye a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la “destrucción y la crisis mundial”, por dar cabida a “gobiernos que sean dictadores claramente represivos y que lesionen la voluntad popular”. Sin embargo, hay que decir que la Comisión investigó las graves violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen e igual la OEA ha emitido condenas a los abusos cometidos.
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Castillo señala incoherencia
Para la fundadora del cancelado Instituto de Liderazgo de Las Segovias (ILLS), Haydée Castillo, la reelección de Nicaragua en el Comité de ONG “es una total incoherencia y una falta de respeto al dolor del pueblo nicaragüense por parte de esa instancia de Naciones Unidas”, y aunque el régimen lo celebre para intentar lavarse la cara ante las acusaciones de violar los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, “no engañan a nadie, aún con toda la propaganda que se hagan”.
LAPRENSA/CORTESÍA/ARCHIVO
El Instituto de Liderazgo de Las Segovias fue cancelado el 13 de diciembre de 2018, tras 10 años de operar en el norte de Nicaragua. Se creó en 2008 para formar a técnicos en Agronomía y técnicos forestales con el objetivo de mejorar la educación y promover el desarrollo individual y colectivo. Su cancelación vino de parte de la Asamblea Nacional, antes de que esa potestad pasara a manos del Ministerio de Gobernación, ahora convertido en Ministerio del Interior (Mint).
Junto al ILLS, la aplanadora orteguista en la Asamblea Nacional canceló las personerías jurídicas del Centro de Investigación de la Comunicación (Cinco), Fundación Popol Na, Instituto para el Desarrollo y la Democracia (Ipade) y Fundación del Río. El diputado sandinista Filiberto Rodríguez las acusó de no tener juntas directivas, no presentar documentos contables y financiar actos y campañas para «desestabilizar» al país.
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Decisión genera preocupación
Tras los atropellos contra la sociedad civil, la reelección ahora de Nicaragua en el Comité de ONG, la situación es preocupante, según otros entrevistados. Amaru Ruiz, presidente de la Fundación del Río, dijo que esto se relaciona con que algunas organizaciones que quieran participar en la Asamblea General de Naciones Unidas “puedan ser vetadas por el Estado nicaragüense”.
Ruiz lamentó que “un Estado que ha violado el derecho a la libertad de asociación” forme parte de este comité y le preocupa que haya Estados que respalden esa reelección, pese a que organismos parte de la ONU —como el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN)— han denunciado en 13 informes las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua.
“Es lamentable que dentro de los espacios de Naciones Unidas se siga promoviendo la participación de Nicaragua, sobre todo cuando es un Estado que incumple sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos ante los órganos de Naciones Unidas… Hace falta mayor nivel de comunicación entre estas entidades”, hizo ver Ruiz.
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El abogado Salvador Marenco, del Colectivo Nicaragua Nunca Más, también lamentó la decisión del Ecosoc. Destaca que “Nicaragua no cuenta con los requisitos legítimos” para estar en un espacio de representación, en que se discuten políticas de derechos humanos, principalmente porque “tiene una investigación abierta con múltiples informes del GHREN”.
Los informes del GHREN documentan violaciones y abusos de los derechos humanos en general, y específicamente a campesinos; miembros de la Iglesia católica y otras denominaciones cristianas; pueblos indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe; educación, libertad académica y otros derechos fundamentales. También abusos contra estudiantes, docentes, directivos académicos y otro personal universitario. Represión transnacional. Además, señalan a 54 altos funcionarios del régimen como integrantes de una cadena de mando de la opresión en Nicaragua.
Comité utilizado para bloquear acceso a ONG
“Desde hace varios años, el Comité (de ONG) ha sido criticado porque muchos de los Estados que lo integran tienen un historial de represalias o de persecución contra las organizaciones de la sociedad civil en sus propios países. Utilizan el Comité como una herramienta para bloquear el acceso de organizaciones que son críticas a sus gobiernos o que trabajan temas de derechos humanos que les resultan incómodos”, coincidió el abogado Danny Ramírez-Ayérdiz, del Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos (Calidh).
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A Ramírez-Ayérdiz le parece “alarmante” que Nicaragua forme parte de este comité y lo ve como “una contradicción absoluta”. Recalca que es un Estado que persigue, confisca y criminaliza el derecho de asociación a nivel nacional. “Esto envía un mensaje de impunidad… se está dejando en manos de los perseguidores la llave de entrada para las víctimas y sus representantes ante la ONU”, subraya Ramírez-Ayérdiz.
Las críticas de los representantes de estos organismos, víctimas del régimen Ortega Murillo, coinciden con las críticas que ha hecho la administración Trump en Estados Unidos. Luciano García agregó que la ONU, OEA y CIDH “tienen que desaparecer” y “empezar de cero”, porque son “incapaces”, están llenas de “vicios” y personas “acomodadas” que mantienen vínculos con gobiernos dictatoriales por intereses de “poder político y económico”.
