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Durante más de una década, el régimen Ortega-Murillo se sostuvo gracias a los recursos derivados del petróleo venezolano. A través de Petrocaribe —la iniciativa impulsada por Hugo Chávez para suministrar crudo a países del Caribe y Centroamérica bajo condiciones altamente concesionales—miles de millones de dólares fueron desviados del tesoro público de Nicaragua hacia estructuras opacas, fuera del presupuesto y sin supervisión. En Nicaragua, este esquema se articuló mediante Albanisa, una empresa mixta entre PDVSA y su contraparte local, Petronic.
El mecanismo era simple y eficaz: el Estado pagaba la mitad de cada envío de petróleo a PDVSA y la otra mitad a Albanisa, generando flujos de liquidez que se utilizaron discrecionalmente para financiar actividades políticas y expandir negocios vinculados a la dictadura gobernante. El modelo colapsó cuando Washington sancionó a Albanisa y su red financiera, incluyendo Caruna, Bancorp y operadores clave del régimen. Sin embargo, la dictadura Ortega-Murillo retuvo más de mil millones de dólares en préstamos fuera de libros a las alcaldías, bonos del tesoro nicaragüense y efectivo.
Con el fin del negocio petrolero, el régimen encontró en el oro un sustituto ideal. A diferencia del petróleo, el oro es inherentemente más difícil de rastrear, especialmente en un país donde la minería artesanal tiene un peso significativo. A partir de 2020, el Gobierno reorganizó el sector minero en una compleja red de empresas fachada, testaferros y asociaciones con ciudadanos chinos. Este entramado no solo genera ingresos, sino que también permite legitimar capitales acumulados durante los años de Petrocaribe, transformándolos en un activo más líquido y menos trazable.
En el centro de este sistema se encuentra Laureano Ortega Murillo, hijo de la pareja gobernante y principal operador del régimen. Respaldado por funcionarios leales y una red de intermediarios —incluidos actores chinos— ha convertido el sector aurífero en una maquinaria de extracción de rentas, sobornos y clientelismo.
Para proyectar una imagen de apertura, los medios controlados por el régimen han difundido encuentros de Laureano Ortega con ejecutivos de empresas mineras británicas y canadienses. Sin embargo, esta narrativa oculta una realidad coercitiva: varias de estas compañías accedieron a participar en dichos encuentros poco después de pagar cuantiosos ajustes fiscales al Gobierno, que en conjunto superaron los 80 millones de dólares. Más que un sistema tributario transparente, estos pagos reflejan una estrategia de presión selectiva sobre los principales actores del sector.
En paralelo, el régimen reformó regulaciones que, en la práctica, otorgan derechos preferenciales de compra de broza artesanal a un reducido grupo de empresas vinculadas a China. Compañías sin experiencia previa en minería pasaron a controlar una porción significativa del suministro de material sin procesar, lo que les permite fijar precios y capturar márgenes extraordinarios.
Al mismo tiempo, activos estratégicos han cambiado de manos bajo condiciones cuestionables. Un caso emblemático es la planta de procesamiento vinculada a inversionistas estadounidenses, BHMB, que terminó en manos de una empresa china beneficiada con concesiones que abarcan más de 200 mil hectáreas.
Este sistema configura lo que puede denominarse la “era dorada” del régimen: un esquema de reciclaje de capitales en el que el oro artesanal se adquiere con efectivo acumulado durante los años de Petrocaribe, se procesa localmente y se exporta a Estados Unidos a través de redes comerciales vinculadas a socios extranjeros. De esta forma, se utilizan los canales del Sistema Financiero internacional para legitimar recursos de dudosa procedencia. Los fondos generados financian la represión, sostienen la maquinaria política y consolidan el poder económico de la familia gobernante.
Estados Unidos es plenamente consciente de esta dinámica. En 2022 y 2024, el Departamento del Tesoro sancionó a varias entidades e individuos vinculados a esta red. Sin embargo, estas medidas no han logrado desmantelar el modelo. En coordinación con sus socios chinos, el régimen ha desarrollado mecanismos para eludir sanciones, asegurar divisas y mantener redes de lealtad política.
Las implicaciones para Estados Unidos son profundas. En el plano moral, cada onza de oro importada desde Nicaragua contribuye indirectamente a financiar un régimen acusado de graves violaciones a los derechos humanos. En el plano estratégico, China amplía su influencia en Centroamérica y asegura acceso no solo al oro, sino también a otros minerales críticos.
La fortaleza de este sistema radica en su capacidad de adaptación. Cuando los ingresos petroleros desaparecieron, el oro ocupó su lugar. Cuando una entidad fue sancionada, surgieron nuevas estructuras. Hoy, empresas protegidas por el régimen dominan el sector, operando en zonas grises entre sanciones, mercados globales y mecanismos limitados de trazabilidad.
Romper este ciclo requerirá más que sanciones selectivas. Washington deberá abordar toda la cadena de valor —desde las concesiones hasta la comercialización final— al tiempo que protege a las empresas legítimas afectadas por este entorno. También será necesario intensificar la presión diplomática para garantizar compensaciones por activos expropiados ilegalmente.
Más importante aún, los responsables de política deben reconocer la dimensión geopolítica del problema. La presencia china en el sector minero nicaragüense no es incidental; responde a una estrategia más amplia de expansión en América Latina. Para Managua, Beijing no es solo un socio comercial, sino una herramienta de poder.
En este contexto, el oro ha dejado de ser únicamente un recurso natural. Se ha convertido en el eje de un sistema que combina opacidad financiera, control político y proyección geopolítica. Cada onza que ingresa al mercado internacional contribuye a sostener un modelo que perpetúa la represión y debilita el orden democrático en la región.
