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Las dictaduras en el mundo han recurrido históricamente a fuerzas paramilitares para asesinar e infundir terror en la población, neutralizar y eliminar a sus opositores, y actuar como una fuerza alternativa ante una eventual invasión extranjera. Estas prácticas han estado presentes en distintos regímenes autoritarios, y Latinoamérica no ha sido la excepción, especialmente en aquellos donde el discurso populista busca convencer a sus seguidores de que deben defender el régimen, la soberanía y la patria.
Desde el siglo pasado, dictaduras como la de Manuel Antonio Noriega en Panamá, Fidel Castro en Cuba, el sandinismo en Nicaragua durante los años 80, y los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro en Venezuela, así como el régimen de Daniel Ortega en la actualidad, han utilizado estos brazos armados para cometer crímenes de lesa humanidad y sostenerse en el poder.
Los Batallones de la Dignidad fueron la milicia paramilitar creada por el dictador Noriega en abril de 1989 en Panamá. Durante la invasión del 20 de diciembre de ese mismo año, estas fuerzas sostuvieron algunos combates con las tropas de Estados Unidos; sin embargo, no representaron un obstáculo significativo debido a su falta de táctica y estrategia militar frente a un ejército profesional y altamente entrenado.
Los temibles colectivos chavistas surgieron durante el gobierno de Hugo Chávez y continuaron bajo la administración de Nicolás Maduro. Estas fuerzas de choque han operado con impunidad y no han sido desmanteladas desde que el dictador Maduro fue apresado por tropas elites de Estados Unidos a inicios de enero.
En Cuba existen diversas estructuras paramilitares, todas con un objetivo común: actuar como fuerzas auxiliares en la defensa del régimen y en la represión de la población. Entre ellas se encuentran las Milicias de Tropas Territoriales (MTT), las Brigadas de Producción y Defensa (BPD), los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) y los Grupos de Respuesta Rápida, todos bajo la supervisión de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y con el objetivo de reducir actos de rebelión en la Isla.
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En Nicaragua, bajo el régimen sandinista de los años 80, se crearon las Milicias Populares Sandinistas y se impulsó un proceso de entrenamiento y armamento de campesinos y trabajadores del Estado a través de los sindicatos, bajo el argumento de enfrentar una posible invasión de Estados Unidos. Tras el fin de la guerra civil a inicios de los años 90, Daniel Ortega continuó ejerciendo influencia política gobernando “desde abajo”, presionando a los gobiernos democráticos mediante protestas violentas y asonadas, apoyado por grupos de choque afines.
Con su regreso al poder, además de estas fuerzas de choque, se consolidaron estructuras paramilitares con fines represivos. Durante la rebelión de 2018, estos grupos fueron señalados por su participación en asesinatos y acciones violentas contra la población. Tras la disminución de las protestas, estas fuerzas continuaron operando y, recientemente, fueron oficializadas como cuerpos voluntarios vinculados a la Policía Orteguista. Tanto en los años 80 como en la actualidad, estos grupos no se han enfrentado a ejércitos extranjeros, sino que han actuado principalmente en tareas de represión interna para sostener al régimen en el poder.
