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Se conmemora en este mes de abril el octavo aniversario de la insurrección nacional cívica contra la dictadura, que comenzó el 19 de este mismo mes en el año de 2018 y se prolongó durante varias semanas. Hasta que fue ahogada en sangre por la represión de las fuerzas policiales y paramilitares del régimen, con el saldo de más de 350 personas asesinadas.
Aquel hecho histórico comenzó el 18 de abril de 2018, con la protesta pública de personas de la tercera edad apoyadas por estudiantes y activistas de la sociedad civil, contra una reforma del sistema de pensiones de la seguridad social lesiva a los intereses de los pensionados. La dictadura reprimió despiadadamente a quienes protestaban y la gente reaccionó con una gran insurrección popular no armada ni convocada por nadie, en la que solo enarboló la bandera nacional azul y blanco demandando el fin de la dictadura, libertad, justicia y democracia.
Aparentemente, el estallido social y político de abril de 2018 fue un fenómeno inesperado. Sin embargo, la reacción popular era en realidad la consecuencia inevitable de una acumulación de agravios humanos, sociales y políticos, causados por la dictadura de Daniel Ortega a partir de que recuperó el poder en enero de 2007 y comenzó a restaurar la dictadura.
Durante más de una década, solo pequeños grupos políticos y de la sociedad civil se atrevían a protestar públicamente contra el régimen autoritario. Pero había en la sociedad una situación potencialmente explosiva que la misma dictadura hizo estallar con su brutal represión contra las personas que protestaban pacíficamente.
Para la dictadura, la insurrección nacional de abril de 2018 fue un intento de golpe de Estado organizado por la oposición política, asociada con organismos gremiales de la empresa privada y la Iglesia católica. Con esa narrativa falaz el régimen trató de justificar la sangrienta represión que desató contra la gente desarmada y la deriva totalitaria que liquidó definitivamente las precarias garantías ciudadanas y libertades públicas que quedaban en el país.
Pero a nadie pudieron engañar los dictadores, salvo a sus beneficiarios y partidarios. Los organismos internacionales de derechos humanos que investigaron a fondo los hechos determinaron con pruebas contundentes que el régimen había cometido no solo violaciones masivas de los derechos de los nicaragüenses, sino también crímenes de lesa humanidad que deben de ser juzgados y condenados por la justicia internacional.
Ocho años después es necesario decir que como hecho histórico abril de 2018 es irrepetible. Es teórica y prácticamente imposible que vuelva a ocurrir un fenómeno político y social como el de aquellos días, semanas y meses trepidantes. Pero como parte de un proceso histórico que representa la necesidad de la mayoría de los nicaragüenses de vivir en libertad, democracia y justicia, no cabe duda de que, con otras modalidades, tal vez las más insospechadas, un nuevo abril volverá a ocurrir tarde o temprano.
En 2026 abril ha llegado para recordar y honrar a todas las personas que hace ocho años fueron asesinadas por la dictadura. Para reafirmar que la sangrienta represión no hizo desaparecer las demandas sociales y políticas de 2018, las cuales están presentes, palpitantes y pendientes de ser convertidas en realidad.
Y ha llegado abril para decirle a la pareja de dictadores, quienes ahora se jactan de la paz de los cementerios que impusieron a sangre y fuego, que esta situación no es para siempre, que más temprano que tarde y de manera definitiva, Nicaragua será una república libre y democrática.
