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Defensores del Colectivo de Derechos humanos Nicaragua Nunca Más denunciaron en Suiza la saña del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra ocho guardabosques mayangnas, en la reciente sesión del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
A los guardabosques los mantienen encarcelados desde hace años, son objeto de aislamiento, e incluso pasan encadenados «de pies y manos mucho tiempo», según un testimonio recabado por este diario, posterior a la sesión del Consejo, realizada en Ginebra, Suiza.
Desde el 2021, los guardabosques Argüello Celso Lino, Ignacio Celso Lino, Dionisio Robins Zacarías y Donald Andrés Bruno Arcángel permanecen en prisión acusados de participar en una masacre en la mina de Kiwakumbaih.
La Policía de la dictadura los señala de ser responsables, según recaba el portal web de Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT). Esto, a pesar de que las víctimas señalaron que un grupo de hombres no indígenas perpetró la masacre.
A estos cuatro detenidos se suman Tony Alberto, Rodrigo, Oliver y Evertz Antonio, todos de apellido Bruno, arrestados arbitrariamente el 13 de agosto de 2023, en la comunidad de Musawas, ubicada en el territorio mayangna Sauni As, dentro de la Reserva de Biosfera Bosawas.
Dos días después, la Policía nuevamente los exhibió como «integrantes de una supuesta banda criminal identificada como Bruno”.
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Sin embargo, el Departamento de Estado expresó en febrero que la detención se debe a represalias porque los indígenas denunciaron «valientemente» la venta y el arrendamiento ilegal de tierras.
Claman por la liberación de los guardabosques
El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más clamó por la liberación de los guardabosques, durante el 61.º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
El abogado Juan Carlos Arce denunció en Ginebra que los pueblos indígenas “enfrentan el despojo y la usurpación de sus territorios como política de Estado”. Las víctimas se ven entonces obligadas a huir por la persecución, dice como puede verse en la transmisión que hizo el Colectivo, a través de su cuenta en redes sociales.
Arce explicó en declaraciones posteriores a LA PRENSA que el colectivo confirmó “un ensañamiento” contra los pueblos indígenas y afrodescendientes, y particularmente hacia los guardabosques detenidos. Esto se expresa en el sometimiento a condiciones crueles, inhumanas y degradantes, así como el aislamiento y la sustracción de sus territorios.
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“Los guardabosques detenidos se encuentran presos desde hace dos años y sustraídos de sus comunidades y región, lo que dificulta las visitas familiares”, resalta y asimismo lamenta que no los excarcelan como a otros.
Según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, al menos son 46 personas que se encuentra en esa situación en la actualidad. Al menos 1,488 han sido reconocidos como tales desde 2018.
«Racismo contra presos políticos indígenas»
El ambientalista y presidente de Fundación del Río, Amaru Ruiz, lidera una campaña en pro de la liberación de los guardabosques y también participó en la sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Por su lado, él insiste en que hay racismo en la decisión de las autoridades.
“Seguimos pidiendo la liberación de los guardabosques mayangnas. Lamentablemente, en ninguna de las liberaciones han tomado en cuenta a personas indígenas y eso demuestra el racismo que hay en contra de los presos políticos indígenas, en este caso de los guardabosques”, agregó Ruiz a LA PRENSA.
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Señalan «formas de castigo y tortura»
Los mayanganas siguen sometidos a torturas y se encuentran en situación grave, a pesar de que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) ha otorgado medidas cautelares para algunos de ellos.
“Les han impuesto a cuatro de ellos a cadena perpetua y otros cuatro 25 años de cárcel. Han sido aislados y pasan encadenados de pies y manos mucho tiempo por formas de castigo y tortura. Tienen problemas crónicos de salud, uno de ellos de cataratas que si no se opera en tiempo puede quedar ciego”, denunció una defensora de derechos humanos que da seguimiento al tema de los guardabosques y que nos pide anonimato.
Además de estos ocho detenidos, el ambientalista Amaru Ruiz resaltó que el régimen tiene una lista de al menos 27 guardabosques con una orden de captura, y que algunos familiares de estos se han tenido que exiliar por temor a represalias.
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La demanda de liberación de los guardabosques y demás presos políticos en el 61.º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU se dio minutos después de que el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) presentó un “demoledor” informe en el que reveló la existencia de una red de represión transnacional en cinco países, operada y financiada por el régimen con fondos públicos.
Durante el período de sesiones, víctimas y defensores de varias organizaciones dialogaron sobre el impacto de las detenciones arbitrarias y las desapariciones forzadas. Telma Brenes, hija del coronel en retiro Carlos Brenes, detenido arbitrariamente junto a su esposa por el régimen; el expreso político Kevin Solís, compartió mesa con Alexandra Salazar, presidenta de la Unidad de Defensa Jurídica, y Arlen Centeno, defensora de los derechos humanos de las mujeres. Carlos Quezada, director ejecutivo de Raza e Igualdad, actuó como moderador y en esta conversación también participó Arce.
En el informe ahondaron también en la represión hacia las mujeres y la población LGTBQ+ y de cómo el régimen ha adoptado medidas para silenciarlos, desmantelar redes feministas y disuadir la participación de estos actores sociales en la política y otros sectores.
