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La Comisión de los Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional (USCIRF, por sus siglas en inglés) recomendó al Gobierno de Estados Unidos imponer más sanciones al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo por cometer “violaciones sistemáticas, continuas y graves” a la libertad religiosa.
Según un reciente informe de la USCIRF, en el que destacan las violaciones a la libertad religiosa durante el 2025, Nicaragua debe ser reclasificado como “país de especial preocupación”, y recomiendan “imponer sanciones financieras selectivas” contra funcionarios nicaragüenses responsables de exiliar o violar de cualquier otra forma los derechos humanos de los creyentes religiosos.
También recomiendan a la Administración Trump financiar programas de asistencia exterior que apoyen a la sociedad civil nicaragüense para documentar las violaciones de la libertad religiosa y utilizar dicha documentación para promover la rendición de cuentas.
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En tanto, instan al Congreso a reintroducir y aprobar una legislación para promover la libertad religiosa en Nicaragua, como la Ley de Restauración de la Soberanía y los Derechos Humanos en Nicaragua.
Condiciones de libertad religiosa en deterioro
Estas recomendaciones de la USCIRF se derivan de su informe de cierre de 2025, en el que destacan que las condiciones de libertad religiosa en Nicaragua durante ese año “continuaron deteriorándose” y que el dictador Daniel Ortega y la “autoproclamada” codictadora Rosario Murillo “mantuvieron su represión total contra la libertad de religión o de creencias”.
Entre estas presiones destacan: arrestos, encarcelamiento y exilio de líderes y fieles religiosos, cancelaciones arbitrarias de organizaciones religiosas y el fortalecimiento de su poder para acosar e intimidar a los fieles.
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Durante la Semana Santa de 2025, el régimen intensificó la vigilancia y restricciones a las actividades en las iglesias, para lo que desplegó 14,000 policías en todo el país con el objetivo de “impedir las procesiones”, según el documento. Además, prohibió el ingreso de Biblias a Nicaragua y la persecución contra los grupos religiosos continuó todo el año.
En el informe destacan la “prohibición de más de 16,500 procesiones y actividades religiosas desde 2018, así como más de 1,000 actos de represión contra la Iglesia católica”. Entre estos últimos menciona la confiscación de bienes, cierres arbitrarios y amenazas públicas.
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De acuerdo con la USCIRF, los ataques registrados en 2025 fueron menores que en años anteriores; no obstante, resaltan que no se trata de “una verdadera tregua” de parte de la dictadura, sino del “temor generalizado” de las víctimas a denunciar y a la falta de cobertura mediática independiente.
Detenciones arbitrarias y presos fallecidos en custodia
El documento también destaca las detenciones del pastor Rudy Palacios Vargas, su hermana, dos de sus cuñados y un amigo de la familia, ocurridas el 17 de julio de 2025 en Jinotepe, departamento de Carazo; posteriormente fueron “liberados” junto con otros presos políticos en enero de este 2026, y puestos bajo arresto domiciliario, obligados a presentarse constantemente a las delegaciones policiales, según han denunciado organismos de derechos humanos.
También mencionan el arresto del pastor Mauricio Alonso Petri, su esposa e hijo; así como del abogado Carlos Cárdenas Zepeda, asesor legal de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN). Todos fueron detenidos el 18 de julio.
Alonso Petri y Cárdenas Zepeda fallecieron bajo custodia del régimen el 25 y 29 de agosto, respectivamente. Sus cuerpos fueron entregados a los familiares con orden de ser enterrados inmediatamente bajo custodia policial y sin proporcionar información sobre las causas de muerte, impidiendo así la celebración de los funerales.
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Ambos casos fueron condenados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que urgió al régimen “garantizar la vida e integridad de las personas privadas de libertad, así como a liberar a todas las personas presas por motivos políticos y poner fin a la represión en el país”.
“Nicaragua también adoptó cambios constitucionales de gran alcance en 2025, centralizando aún más el poder bajo los ‘copresidentes’ Ortega y Murillo y reforzando la capacidad del Estado para reprimir la libertad religiosa mediante la desnacionalización forzosa y la restricción de la influencia religiosa ‘extranjera’”, añade el informe de la USCIRF.
