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El presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de EE. UU., el republicano Jim Risch, señaló que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo “debería avergonzarse y rendir cuentas por sus ataques a las personas de fe”.
En una publicación de su cuenta de X, el senador republicano por Idaho sostuvo que “los cristianos deberían tener la libertad de celebrar la Cuaresma sin interrupciones”, en referencia a las agresiones a la libertad religiosa que, de manera creciente, ha realizado el régimen nicaragüense.
Con esas palabras, Risch reaccionó a las prohibiciones de 406 procesiones del Viacrucis en el primer Viernes de Cuaresma, una información revelada por la abogada e investigadora Martha Patricia Molina, quien ha documentado la represión religiosa en el país y es autora de la serie de informes agrupados bajo el título de «Nicaragua: Una Iglesia perseguida«.
Imponen restricciones a los sacerdotes
Molina aseguró que la pareja dictatorial exigió a los sacerdotes, presionándolos con su aparato represor, que “todo tiene que ser adentro de los templos”.
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“Jesús en la Cruz se queda confinado a los muros de cada parroquia. La dictadura tiene miedo que los laicos e imágenes salgan a las calles a rezar y cumplir sus promesas”, agregó la investigadora en una publicación en Facebook el viernes 20 de febrero.
La abogada también denunció que agentes policiales visitan e intimidan a sacerdotes para que entreguen los programas de Semana Santa. “Habrá presencia policial en las actividades de Cuaresma y Triduo Pascual, mismas que han sido confinadas a los templos. Los policías vigilarán que nadie salga de los límites de las parroquias”, expresó.
Siete años de continua represión
Desde 2018, el régimen Ortega-Murillo ha emprendido una campaña de represión contra la libertad religiosa en Nicaragua, dirigida principalmente a la Iglesia católica. Estas agresiones han sido documentadas en informes del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni), que ha instado al régimen a cesar la persecución religiosa. Además de expresar su preocupación por violaciones a la libertad de religión o creencias.
Hasta la fecha, al menos 309 religiosos —entre sacerdotes y monjas— se encuentran en el exilio. Eso incluye a cuatro obispos, además de la expulsión del nuncio en 2022. Al menos 43 propiedades han sido confiscadas entre 2018 y 2026, un período en que se han reportado más de 28,200 agresiones a la Iglesia católica, según Molina. El dato incluye las prohibiciones de actividades religiosas.
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La grave situación de derechos humanos ha sido documentada por distintos organismos como Human Rights Watch (HRW), Christian Solidarity Worldwide de Reino Unido (especializada en la libertad de religión o creencias) y la Comisión de EE. UU. para la Libertad Religiosa Internacional (Uscirf).
Los cuestionamientos del senador ocurren el mismo día que el Departamento del Tesoro sancionó a cinco altos funcionarios por usar la inteligencia militar, el control de las telecomunicaciones y leyes antilavado para ejecutar una represión sistemática contra el pueblo nicaragüense, así como aplicar políticas de explotación laboral, confiscación de propiedades de instituciones religiosas y empresas estadounidenses, y creación de condiciones de competencia desleal.
